LA CORTE PROSTITUCIONAL COLOMBIANA SECUNDANDO EL NEGOCIO DEL ABORTO

Noticia tomada de EL NODO. Es del año pasado, pero a la vista de la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal colombiano y que, de aprobarse la ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo en la Corte Prostitucional (no Constitucional), habrá aborto libre en Colombia, se trae a comento.

  

EL MACABRO NEGOCIO INTERNACIONAL DE FETOS DETRÁS DEL FALLO DE LA CORTE DE COLOMBIA QUE APRUEBA EL USO DE ABORTOS BAJO LÍNEAS DE INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION, SOROS, PROFAMILIA Y “ORIÉNTAME”

La influencia del proceso adicionalmente hace parte de una poderosa campaña financiera de George Soros, a través de la Open Society foundation, que solo en un informe del año 2017 certificaría el giro a Planned Parenthood por valor de $1.5 Millones de dólares, lo que equivale a unos $4.800 millones de pesos.

  

  

Política Colombia

Viernes, Junio 28, 2019 - 10:41

  

La Corte Constitucional de Colombia, siguiendo los lineamiento de activismo internacional liderados por la IPPF (International Planned Parenthood Federation), financiada por George Soros a través de la Open Society Foundation, Profamilia y “Oriéntame”, acaba hace pocas horas de aprobar la mercantilización de fetos humanos en Colombia, la mayoría de ellos obtenidos mediante la práctica del aborto con “fines científicos”, en una sentencia que ha causado indignación en toda la región.

  

En concreto, la decisión de la Corte Constitucional levanta en el territorio nacional la prohibición para utilizar fetos humanos con fines comerciales, originalmente donados para “fines científicos”, cuando en Colombia las principales cínicas abortistas no tienen relación con centros de investigación, y pueden proceder en el tiempo a realizar multimillonarias transacciones con partes humanas, como en un escándalo que sacudió a los Estados Unidos en el 2015.

   

Según el concepto de la Corte:

«se incurrió en un retroceso en la disponibilidad de componentes anatómicos para efectuar investigación científica que podría suponer avances en materia de vacunas, medicamentos, tratamiento para virus, entre otros».

A lo que agregó:

«Los órganos o tejidos embrionarios o fetales que sean trasplantados a personas que lo necesiten como procedimiento terapéutico se ha extendido de forma constante y ha mejorado las expectativas de vida o de salud de sus beneficiarios. Tales avances han despertado cierta posibilidad de cura de enfermedades como el Alzheimer, Huntington o Corea de Huntington y Parkinson».

   

«En Colombia la escasez de órganos o tejidos para usos terapéuticos –no solo trasplante– hace que un buen número de personas que los necesitan para sobrevivir o para mejorar su calidad de vida, permanezcan más allá del tiempo clínicamente idóneo en lista de espera e, incluso, lleguen a morir».

La realidad, sin embargo es otra. En concreto, la decisión de la Corte está motivada por una campaña internacional pro abortista, financiada desde el extranjero, que bajo el argumento de la “donación” le permitiría a filiales de la IPPF en Colombia, utilizar fetos humanos con fines comerciales bajo el argumento “científico” de la donación del bebé abortado.

La situación en Colombia es evidente dada la influencia de las únicas clínicas pro abortistas en el país, todas ellas motivadas por intereses privados de las dos principales organizaciones que promueven el aborto en Colombia, “Profamilia” y “Orientame”, cuyo número de abortos y reutilización con fines comerciales se ve facilitada con la decisión de la Corte, dando vía libre a un multimillonario negocio que en el año 2015 estremeció a los Estados Unidos.

  

LAS PERSONAS DETRÁS DEL MULTIMILLONARIO NEGOCIO INTERNACIONAL DE FETOS Y LA DECISIÓN DE LA CORTE DE COLOMBIA QUE APRUEBA EL USO DE ABORTOS BAJO LÍNEAS DE IPPF, DE SOROS, PROFAMILIA Y “ORIÉNTAME”

Detrás de la decisión de la Corte Constitucional, en un país de absolutamente ningún aporte científico de alto nivel, cuya contribución a la academia internacional es menos del 1%, la realidad de la decisión es otra, en concreto, jalonar el multimillonario negocio internacional de uso y reutilización de fetos con fines comerciales, bajo lineamientos internacionales de la International Planned Parenthood Federation, en una transacción que solo a Profamilia le dejo más de 5.000 millones de pesos en el año 2017, y que ahora puede alcanzar sumas astronómicas.

   

En los hallazgos encontrados en Abril del año pasado, se reveló cómo la presión sobre la Corte Constitucional provino de 2 figuras que aparentemente no tenían ningún interés, que apoyando sendas demandas presionaron la decisión de la Corte, de nombres, Luisa Mariela Sanabria y Daniela García Aguirre.

   

De hecho, en la tarde de ayer, horas después de la decisión de la Corte, la propia activista Daniel García Aguirre, concedió la siguientes declaraciones a Caracol Radio, que posteriormente fueron transmitidas en un artículo titulado “Las razones de la Corte: permitir la donación de fetos y no retroceder”.

En sus propias palabras, la activista afirmaba lo siguiente: “Acá el logro es que en Colombia se va a poder seguir haciendo lo que se ha hecho durante muchísimos años, lo que se hace muchísimos años en investigación en universidades y es usar tejidos y órganos de fetos para investigación científica y generar avances en pro de la salud y la vida” (...) Y es que explica que han sido utilizados este tipo de tejidos en, “temas de salud como el mal de Huntington, el Párkinson, es la oportunidad para hacer estudios de efectividad de vacunas, efectividad de medicamentos en mujeres embarazadas, fortalecer el apoyo al desarrollo humano a partir de investigación de problemas médicos durante el embarazo o los defectos al nacimiento, por ejemplo, como fue el caso del Zika”.

La realidad sin embargo, es que la propia interlocutora de la demanda ante la Corte, Daniela García Aguirre, fue precisamente denunciada desde el 2018 por su conflicto de intereses como funcionaria de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, una sección del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, el cual, a su vez es consultor técnico de Profamilia.

La investigación original puede verse en el siguiente enlace (http://www.votocatolico.co/2018/04/denuncian-vinculos-entre-universidad-de.html) en una investigación llevada a cabo donde se relacionan los intereses detras de las demandantes, y los millonarios negocios de Profamilia y otras entidades colombianas con el uso de fetos abortados. En concreto, la investigación original sobre el caso fue hecha pública a comienzos del año 2018 por el investigador colombiano Samuel Angel, donde denunció los intereses que ocultaban las principales demandantes ante la Corte Constitucional para que esta fallara a favor del levantamiento de la prohibición. En sus propias palabras:

«Las dos demandantes, Luisa Mariela Sanabria y Daniela García Aguirre, pertenecen a la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, una sección del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, el cual, a su vez es consultor técnico de Profamilia, la filial abortista en Colombia de la International Planned Parenthood Federation, la mayor multinacional de abortos en el mundo. Profamilia en 2017 realizó más de 10.500 abortos, de los cuales 348 fueron en el segundo y tercer trimestre, la fase en que Planned Parenthood ha señalado en que es posible cosechar existosamente los órganos. Planned Parenthood estuvo envuelto en un escándalo en 2015 tras la filtración de al menos diez videos encubiertos en los que se evidenciaba, con lujo de detalles, que la organización abortista estaba “cosechando” los órganos y tejidos de bebés abortados, para venderlos a empresas de investigación, con algunas universidades sirviendo de intermediarios. Planned Parenthood está siendo actualmente investigada por el Congreso de los Estados Unidos a causa de este escándalo, y precisamente, en la investigación, el comité de la Cámara de Representantes a cargo de la misma, elaboró un informe en el que desmiente que haya beneficios científicos de la práctica de cosechar órganos y tejidos en fase de desarrollo fetal. Sin embargo, las entidades dedicadas las negocio han conseguido ingresos por más de 4.5 millones de dólares, cada una».

De esta forma, bajo el argumento de la investigación científica, las principales instituciones que hacen uso y producen fetos abortados en Colombia, tejieron un puente con la Universidad de los Andes para presionar a la Corte Constitucional, lo que motivó luego de un lobby de largo plazo la decisión del tribunal para fortalecer el uso de fetos por instituciones como “Profamilia” y “Oriéntame”, todas ellas filiales de la International Planned Parenhood Federation.

EL ATERRADOR ESCÁNDALO QUE ESTREMECIÓ A LOS ESTADOS UNIDOS Y QUE AHORA LLEGA A COLOMBIA CON LA DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La decisión de la Corte Constitucional, bajo el falso argumento de la “investigación científica en Colombia”, abre automáticamente las puertas a un aterrador escándalo internacional que tuvo su origen en los Estados Unidos en el año 2015, en una controversia donde se registró a directivas de la organización IPPF realizando multimillonarios negocios con los tejidos y los órganos de los fetos abortados.

La noticia fue originalmente publicada por investigadores que lograron filmar conversaciones de las directivas de la principal Clinica abortista norteamericana, asignando precios, manipulación como mercancía y usos a tejidos vivos de los fetos abortados, así como a procesos de tráfico de organnos con los embriones de los bebes producidos durante un año de servicio de abortos a las mujeres de los Estados Unidos.

La investigación original, llevada a cabo por una organización a favor de la familia puede encontrarse en el siguiente enlace (http://www.centerformedicalprogress.org/cmp/investigative-footage/). En esta, con lujo de detalles, puede tenerse acceso en idioma ingles a todas las grabaciones que se llevaron a cabo con los ejecutivos de “Planned Parenthood”, que también financia a instituciones colombianas como “Profamilia” y “Oriéntame”, realizando transacciones millonarias con bebes desmembrados, tejido vivo de fetos, organos de embriones y otros componentes humanos (se recomienda discreción por el crudo contenido de los dialogos). En cada uno de los videos, se puede recorrer los temas económicos de interés para las clínicas abortistas, así como los esfuerzos de las clinicas para sacar el máximo provecho monetario de los bebes. Cada uno de los videos lleva como referencia al español los siguiente títulos:   

• Director médico de Planned Parenthood enseña: Salidas a la ley federal de nacimiento parcial en la casilla de verificación de “Desmembramiento” en Aborto.
• El Ejecutivo con Lamborghini de Planned Parenthood vuelve a regatear por los precios de las partes de bebés (abortados).
• Abortista de Planned Parenthood aconseja (en video): “Preste atención a quién está en la habitación” para tratar con bebés nacidos vivos.
• Planned Parenthood del Condado de Orange cambia los abortos para cosechar fetos intactos para las ventas de “productos fetales” de la compañía local.
• La Federación Nacional de Aborto de Planned Parenthood sugiere un “Programa de Compras en Grupo” para Partes Fetales, Pagos “Un Ganar-Ganar” para las Clínicas.
• Planned Parenthood Houston admite trucos contables para ocultar las ventas de partes de bebés, facturas que cobran miles de dólares.
• Aprendiz de abortos  de Planned Parenthood en Texas, enseñoa como hacer abortos parciales en el nacimiento para “esforzarse por” obtener cerebros de bebés intactos.
• Los principales ejecutivos de Planned Parenthood acuerdan la venta de repuestos para bebés: “Un intercambio válido”, algunas clínicas “Generan una cantidad justa de ingresos al hacer esto”.
• Vendedores de partes fetales de Planned Parenthood paga a clínicas de “recursos avanzados de biociencia” para obtener fetos intactos que “solo se cayeron”.
• El comprador de partes de bebés de Planned Parenthood StemExpress quiere “otros 50 hígados por semana”, con beneficios financieros para las clínicas de aborto.

La situación original está ademas motivada por el monto pagado para el pretexto “científico” por cada parte de feto humano comercializado en el mercado. En concreto, en el caso norteamericano, las clínicas abortistas lideradas por “Planned Parenthood” cobran entre $50 y $70 dólares por cada órganon de bebe donado por las madres en los procesos de aborto. De esta forma, las clínicas de abortos en los Estados Unidos obtenían ganancia por el procedimiento del aborto, así como por la utilización de los cadáveres de los bebes y los embriones que eran utilizados comercialmente bajo el pretexto de la “investigación científica”, luego de ser donados.

En concreto, este mismo argumento fué el utilizado por el activismo que logró torcer la resistencia de la Corte Constitucional en Colombia, con el agravante del incremento de las campañas pro aborto, y la nula e inexistente investigación “científica” en biogenética en Colombia, la ausencia absoluta de laboratorios de alta investigación, la absoluta anarquia y falta de información frente a los procedimientos llevados a cabo por clínicas abortidas como Profamilia y Orientame, y la influencia activa de la IPPF en Colombia, y en toda la región latinoamericana.

GEORGE SOROS Y EL “NEGOCIO” DE PLANNED PARENTHOOD QUE ACTIVA OFICIALMENTE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DE PROFAMILIA, ORIENTAME Y OTROS DE SUS SATÉLITES FINANCIEROS EN EL PAÍS
La decisión de la Corte de Colombia, finalmente, activa automáticamente un multimillnario negocio liderado por las filiales en Colombia de Planned Parenthood, organización apoyada financieramente por la Ford Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, y directamente por George Soros a través de la Open Society Foundation. De hecho, las filiales en Colombia de Planned Parenthood, han recibido por años ingresos internacionales y realizado convenios con la organización en los Estados Unidos.

Solo en el caso de los Estados Unidos, Planned Parenthood ha demostrado tener reportes financieros por mas de 123 millones de dólares anuales, lo que equivale a más de $393 mil millones de pesos con los que financian clínicas y organizaciones a favor del aborto en Latinoamérica.

De hecho, esta información financiera puede encontrarse directamente en los enlaces de la página de la organización internacional (https://www.plannedparenthood.org/es/sobre-nosotros/datos-y-cifras/reporte-anual), donde se relaciona el abultado monto de sus transacciones, y los intereses financieros detras del macabro mercado del aborto y el comercio de partes y tejidos de bebes en el mundo.

En el caso de Colombia, International Planned Parenthood Federation está representada principalmente por Profamilia, lo que está oficialmente documentado en la página de la IPPF en español, donde se constantan sus intereses internacionales con al menos 66 clínicas abortistas en el país. En este sentido, los procesos de activismo internacional de la IPPF en la región, fortalecen un negocio que comenzó originalmente en la década de los 80, pero que con el paso del tiempo comenzó a adquirir una cualidad política, pasando de las clínicas pro abortidas a las ONG pro aborto, y al fortalecimiento de otras fuentes de conflicto social de ideología de izquierda en la región.

De hecho, solo en el año 2018, los procesos de adoctrinamiento a favor del aborto en Argentina le hicieron girar a Planed Parenthood la cifra de $5 millones de dólares, lo que con el paso de los meses generó otro escándalo en ese país, cuando los grupos de activistas comenzaron a reclutar niñas menores de edad, e incluso de 13 ó 14 años, en los colegios, para realizar los distintos mítines a favor de los abortos en ciudades como Buenos Aires.

La influencia del proceso adicionalmente hace parte de una poderosa campaña financiera de George Soros, a través de la Open Society foundation, que solo en un informe del año 2017 certificaría el giro a Planned Parenthood por valor de $1.5 Millones de dólares solo en litigio estratégico de PP en los estrados norteamericanos, lo que equivale a unos $4.800 millones de pesos para profundizar sus negocios con las “donaciones” realizadas en los procesos de aborto en Estados Unidos y Latinoamérica.

Esta información, fué adicionalmente confirmada por el diario El Minuto, en Chile, donde se reportó parte de los intereses de la Open Society en el negocio del aborto desarrollado por la Multinacional IPPF y sus filiales en la región. El giro confirmado, adicionalmente, fué usado para acciones de litigio estratégico de Planned Parenthood, luego del escándalo del tráfico de organos surgido  en el año 2015 en Estados Unidos.

Conforme a la publicación original (https://elminuto.cl/las-fugas-de-open-society-foundation-propiedad-de-george-soros/):
«La subvención de 1.5 millones de dólares fue enviada a:

• Legal – Defensa de juicios mediante la financiación de los abogados de O’Melvenly y Meyers para defender una importante investigación del Congreso
• Cabildeo del Congreso – Organización de partidarios y financiación para evitar la pérdida de financiación
• Comunicaciones – Financiación de ataques MEDIA.
• Seguridad: rampa de seguridad para evitar la publicación de ciberataques y otros videos».

La financiación se aprobó de inmediato y se envió para proteger a PP de cualquier reacción violenta o cualquier otra revelación que pueda dañar la reputación de la organización con un propósito ya malo.

Con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia, por ello, el proceso de adoctrinamiento internacional de Planned Parenthood abre su camino en el país para iniciar por primera vez en la historia el multimillonario negocio internacional de fetos detrás de la decisión del tribunal, lo que de facto generaría un mercado legal de partes humanas con la anuencia del principal organismo de administración de justicia en el estado latinoamericano.