MISIONEROS EN FILIPINAS ACUSADOS DE FINANCIAR ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Elementos tomados de ASIA NEWS, AGENCIA DE NOTICIAS DE LAS FILIPINAS, THE PHILIPINE STAR, RAPPLER y otras fuentes.

   

El Departamento de Justicia de Filipinas acusó a 16 personas, entre ellas varias religiosas vinculadas a los Misioneros Rurales de Filipinas, de enviar fondos al Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP-NPA). Los acusados son Mary Louise Dumas, Maridel Solomon Fano, Hanelyn Caibigan Céspedes, Emilio Gabales, María Fátima Nápoles Somogod, Evelyn Lumapas Naguio, Jhona Ignilan Stokes, Melissa Amado Comiso, Aldeem Abroguena Yánez, Aileen Manipol Villarosa, Czarina Gold Selim Musni, Angelie Magdua, Sor Augustina Juntilla, Sor Maryjane Caspillo, Sor Emma Teresita Cupin y Sor Susan Dejolde.

  

En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que Musni, Fano, Dumas y Villarosa son miembros del CPP-NPA y fueron beneficiarios de varios cheques emitidos bajo el nombre de Misioneros Rurales de Filipinas y Misioneros Rurales de Filipinas-Región Mindanao Norte (RMP-NMR). Céspedes y Magdua, actuando como cajeros y por orden de Gabales, repartían los fondos provenientes de donaciones exteriores; Céspedes proporcionaba el 60 por ciento a Fano mediante la emisión de cheques; y a su vez, Fano enviaba fondos a Yáñez, quien es oficial del CPP-NPA. Abundó el Departamento de Justicia que Cupin, Dejolde, Comiso, Caspillo y Juntilla son miembros del consejo de administración de RMP y tienen supervisión y control general sobre las operaciones del grupo.

   

Las acusaciones, basadas en las declaraciones de dos ex miembros de la organización terrorista (uno de ellos, funcionario de finanzas de varios frentes del CCP-NPA), fueron presentadas ayer ante el tribunal regional de la ciudad de Iligan por el abogado del Departamento de Justicia Mico Clavano, sobre la base de una investigación realizada por la Comisión contra el lavado de dinero. El presunto delito, no sujeto a fianza, fue registrado bajo la sección 8 epígrafe II de la Ley de Prevención y Supresión del Financiamiento del Terrorismo (Ley 10.168 del 20 de Junio de 2010), que penaliza con cadena perpetua o 40 años de prisión, y multa entre 500.000 y un 1’000.000 de pesos filipinos (8.800 y 17.600 dólares estadounidenses) a cualquiera que ponga a disposición de personas o grupos designados como terroristas por el gobierno, «bienes o fondos, servicios financieros u otros servicios relacionados».

  

La prensa local solicitó al Departamento de Justicia una copia de la resolución, aduciendo la gravedad de los cargos, pero Clavano arguyó que el documento era de carácter privado y solo concernía a las partes involucradas en el proceso.

   

Los Misioneros Rurales de Filipinas (RMP) fueron calificados como organización financiadora del terrorismo en diciembre de 2020 por el Consejo Antiterrorista, pero ya a comienzos de ese año sus cuentas bancarias en el Banco de las Islas Filipinas habían sido bloqueadas por la Comisión contra el lavado de dinero bajo sospecha de financiar la insurgencia comunista. En junio de este año el el entonces asesor de Seguridad Nacional, Hermógenes Esperón Jr., ordenó a la Oficina Nacional de Telecomunicaciones cerrar su sitio web. En los próximos días podría emitirse una orden de arresto contra los acusados, quienes podrían pasar hasta 24 días en arresto preventivo.

   

Los Misioneros Rurales son un grupo de laicos y religiosos de varias congregaciones que trabajan en Mindanao –la isla del sur del archipiélago filipino– en defensa del medio ambiente y de los pueblos aborígenes. Ayer, cuando se presentaron las acusaciones en su contra, acababan de celebrar el 53.º aniversario de su presencia en el país. Ellos han negado cualquier vínculo con grupos terrorristas. «Los proyectos del RMP-NMR pasaron por rigurosos procesos de selección, seguimiento y auditoría por parte de sus respectivos donantes, como la Unión Europea, las Naciones Unidas y muchos otros. Procesar a estas personas simplemente sobre la base de declaraciones no examinadas o aún por aclarar, sin pruebas documentales u objetivas sólidas, es actuar sobre los rumores», dijo la Unión de Abogados del Pueblo en Mindanao.

   

Los misioneros rurales comparten la vida con los campesinos y pescadores de una de las regiones más pobres de Filipinas. En las últimas décadas, el “land grabbing” (acaparamiento de tierras) para la exportación de madera o para la agricultura en gran escala ha ido de la mano con la erosión de los derechos de las tribus indígenas locales. Los Misioneros Rurales documentaron violaciones de los derechos humanos contra ellos, como ocurrió con el asesinato de 47 personas.

   

En 2011 también asesinaron en Arakán al presbítero italiano Fausto “Pops” Tentorio, un misionero del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras que había ayudado a los indígenas manobo a organizarse en cooperativas agrícolas y pedía a Manila que reconociera el derecho de los indígenas locales a su tierra. Tentorio fue señalado en su momento de tener cercanía con el CPP-NPA. Apenas el 2 de diciembre fue arrestado el presunto asesino, identificado como Ricardo Boryo Dorado, alias “Nene Dorado”, de 66 años. Dorado había sido jefe de la aldea Dallag, en Arakán. Otros cuatro sospechosos del asesinato todavía están libres.

   

Los misioneros rurales nacieron el 15 de agosto 1969, pocos meses después de la formación del Nuevo Ejército del Pueblo (29 de marzo de 1969), una organización armada de tradición maoísta que desde hace medio siglo lleva adelante una guerra de guerrillas contra el Estado filipino con el objetivo de establecer su propio gobierno. De 350 miembros en 1971 pasó a tener más de 20.000 a fines de la década de 1980. En algunas provincias rurales el CPP-NPA (incluido en la lista de organizaciones terroristas por Filipinas, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia) ha logrado establecer administraciones locales que operan independientemente de Manila, por ejemplo, recaudando impuestos sobre la renta para financiarse. En 1995 el CPP-NPA emitió un comunicado aprobando las relaciones homosexuales (ilegales en Filipinas) y, en 2005, se concretó el primer “matrimonio” gay entre dos de sus guerrilleros. De acuerdo a un cable filtrado por WikiLeaks, entre 1985 y 1990 el grupo recibió 7.000 millones de dólares en apoyo logístico y financiero del ex dictador libio Muammar Gaddafi; y ha recibido entrenamiento y apoyo logístico de los naxalitas (Partido Comunista-maoísta de la India) En diciembre de 2019, el expresidente filipino Rodrigo Duterte anunció el fin de las conversaciones de paz con los grupos comunistas, después de haberlos encuadrado como terroristas en 2017. En el año 2020, se opusieron a la Ley Antiterrorismo (Ley 11.479 del 3 de Julio de 2020), cuya mayor parte fue declarada constitucional en Diciembre de 2021 por el Tribunal Supremo de Filipinas.