EL VATICANO, CONDENADO A PAGARLE A MINCIONE

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales con sede en Londres ha condenado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede a pagar alrededor de 3,5 millones de libras esterlinas (unos 4,1 millones de euros/9 millones de dólares estadounidenses) al financiero italo-británico Raffaele Mincione y a su fondo de inversión WRM, en concepto de reembolso parcial de los gastos legales tras ser injustamente acusados de deshonestidad, fraude y conspiración por altos funcionarios vaticanos, informa Il Messaggero.

    

«El fallo supone una contundente victoria judicial de Mincione y WRM, que tras años de contencioso ven reconocida su inocencia en las acusaciones más graves. La corte ordena además un pago inmediato de 1,5 millones de libras [2 millones de dólares], a abonar este mismo mes, con futuras cantidades adicionales», declararon los abogados de Mincione.

    

El caso (donde fue citado a declarar el arzobispón venezolano Édgar Franklin Peña Parra), que ya se ha convertido en un hito histórico por implicar la conducción del Vaticano como imputado ante un tribunal extranjero, gira en torno a la adquisición en 2018 del edificio de la antigua sede de los grandes almacenes Harrod’s en el 60 de la Avenida Sloane del suburbio londinense de Chelsea por parte de la Secretaría de Estado por la astronómica suma de 275 millones de libras esterlinas (350 millones de euros/500 millones de dólares estadounidenses). La operación, inicialmente pensada como una inversión estratégica, terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos financieros recientes del Vaticano.

   

En paralelo, Mincione fue procesado en el Vaticano, donde «fue absuelto de las acusaciones de fraude —incluida su supuesta responsabilidad en la salida de la inversión de la Santa Sede en 2018—, aunque fue condenado por apropiación indebida debido a una oscura norma de derecho canónico sobre la gestión de bienes eclesiásticos vinculada a las inversiones de Credit Suisse y Banca della Svizzera Italiana en el fondo WRM, donde actuaban como gestores patrimoniales del Vaticano. Mincione ha apelado dicha condena», declararon los abogados.

Tras conocerse la sentencia en Londres, Mincione declaró a ADN Kronos:

«Estoy orgulloso de que estos hechos hayan sido finalmente examinados por un sistema judicial verdaderamente independiente, que me ha exonerado de las acusaciones de deshonestidad, fraude y conspiración.

  

Agradezco al juez inglés por haber reconocido nuestras costas legales, demostrando quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores de este triste caso.

  

Por primera vez, también me complace compartir la opinión del Promotor de Justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano [= Fiscal], Alessandro Diddi, quien en el pasado expresó gran satisfacción por el resultado de este procedimiento en Inglaterra.

El juicio del Vaticano fue originalmente un intento de desviar la atención de su propia incompetencia, pero rápidamente se convirtió en una cacería de brujas organizada por un fiscal que mintió en muchas ocasiones diferentes durante el juicio y secuestró la justicia.

   

Sigo siendo católico, y creo que la Iglesia debe y puede ser mejor que esto».

El caso no solo expone los graves fallos en la gestión económica de la Santa Sede (el mismo Tribunal se sorprendió de la molicie vaticana, aun con años de conocerlo a Mincione y trabajar con él), sino que plantea preguntas incómodas sobre la transparencia, la competencia y las prioridades de los altos funcionarios vaticanos. Mientras el Vaticano se ve obligado a pagar millones por decisiones financieras controvertidas, muchos fieles se preguntan si los recursos de la Iglesia (entre ellas las socaliñas llamadas Óbolo de San Pedro y Colecta de los Santos Lugares) están verdaderamente al servicio de su misión espiritual o atrapados en la telaraña de intrigas y opacidad que siguen saliendo a la luz.

  

Ítem, esto pone bajo escrutinio las posibilidades del cardenal Pietro Parolin Miotti de ser elegido en el cónclave adveniente, bajo cuya gestión como Secretario de Estado exigió al Instituto para las Obras de Religión (Banco Vaticano) un préstamo de 150 millones de dólares a su dicasterio para pagar la hipoteca del mencionado edificio de Londres. Pero como los directivos del IOR se negaron, fueron blanco de pinchamientos telefónicos y cámaras espía por investigadores vinculados con la inteligencia italiana por orden de la Secretaría de Estado, hasta que llamaron la atención de los fiscales vaticanos, iniciándose el proceso judicial.