I. La injusticia de las leyes de laicidad
1. Las leyes de laicidad son injustas, ante todo, porque son contrarias a los derechos formales de Dios. Proceden del ateísmo y conducen a él en el ámbito individual, familiar, social, político, nacional e internacional. Presupone el desprecio total de Nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio. Tienden a sustituir al verdadero Dios por meros ídolos (libertad, solidaridad, humanidad, ciencia, etc.); a descristianizar todas las vidas y todas las instituciones. Quienes inauguraron su reinado, quienes lo han fortalecido, extendido e impuesto, no han tenido otro propósito. Por ello, son obra de impiedad, expresión de la más culpable de las injusticias, así como la religión católica es expresión de la justicia suprema.
2. Además, son injustas porque atentan contra nuestros intereses temporales y espirituales. Analicémoslas: no hay una sola que no nos afecte de inmediato en nuestros bienes terrenales y sobrenaturales.
- Las leyes de educación privan a los padres de la libertad que les corresponde y los obligan a pagar dos impuestos: uno para la instrucción oficial y otro para la instrucción cristiana; al mismo tiempo, engañan la inteligencia de los niños, pervierten su voluntad y distorsionan su conciencia.
- La ley de separación nos despoja de los bienes que nos eran necesarios y pone mil obstáculos en el camino de nuestro ministerio sacerdotal, sin mencionar que implica la ruptura oficial, pública y escandalosa de la sociedad con la Iglesia, con la religión y con Dios.
- La ley de divorcio separa a los cónyuges, da lugar a procedimientos legales sensacionalistas que humillan y degradan a las familias, divide y entristece al niño, vuelve los matrimonios parcial o totalmente estériles y, además, autoriza jurídicamente el adulterio.
- La secularización de los hospitales priva a los enfermos de ese cuidado devoto y desinteresado que solo la religión inspira, de los consuelos sobrenaturales que aliviarían sus sufrimientos, y los expone a morir sin los sacramentos.
Estas consideraciones podrían desarrollarse indefinidamente, ampliándose a ellas y demostrando que el laicismo , en todos los ámbitos, es fatal para el bien público y privado.
De esto se deduce que las leyes de laicidad no son leyes. Solo tienen el nombre de ley, un nombre usurpado; no son sino corrupciones de la ley, actos de violencia más que leyes, como dice Santo Tomás: «Son actos de violencia más que leyes» (Suma Teológica, parte II-Iæ, cuestión 96, art. 4.º). Aun si nos perjudicaran únicamente en el plano temporal, en sí mismas no nos obligarían en conciencia: «Tales leyes (es decir, leyes contrarias al bien humano) no son vinculantes ante el tribunal de la conciencia» (ibíd.).
Pero puesto que las leyes del laicismo atacan los derechos de Dios; puesto que atentan contra nuestros intereses espirituales; puesto que, habiendo arruinado los principios esenciales sobre los que se asienta la sociedad, son enemigas de la verdadera religión que nos manda reconocer y adorar, en todo ámbito, a Dios y a su Cristo, a adherirnos a sus enseñanzas, a someternos a sus mandamientos y a salvar nuestras almas a toda costa, no nos está permitido obedecerlas; tenemos el derecho y el deber de combatirlas y de exigir su abolición por todos los medios honestos: «Las leyes pueden ser injustas por ser contrarias al bien divino, como las leyes tiránicas que inducen a la idolatría o a cualquier otra cosa que vaya en contra de la ley divina; y tales leyes no están permitidas de ninguna manera, porque, como se dice en Hechos 5, “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”» (Ibid.).
II. Medidas que deben adoptarse para combatir las leyes de laicidad
Hay dos enfoques.
El primero consistiría en no enfrentarse directamente a los legisladores seculares, sino en intentar apaciguarlos y obtener de ellos que, tras aplicar sus leyes con moderación, las dejen caer en desuso. Es posible que, con ciertos hombres en el poder y menos hostiles, este método tenga alguna posibilidad de éxito. Existen casos históricos donde ha funcionado. Además, tendría la ventaja de no exasperar a los adversarios ni provocar medidas aún más formidables por estar motivadas por un sentimiento más irritado. Sin embargo, este enfoque presenta varias desventajas graves:
- Esto deja las leyes vigentes. Suponiendo que uno o varios ministerios las utilicen con benevolencia, o dejen de usarlas contra los católicos, corresponderá a un nuevo gobierno rescatarlas del olvido y restaurar su vigor y eficacia. Este peligro no es imaginario, pues en nuestra época el poder pasa continuamente de un partido relativamente tolerante a uno extremista. Basta con que el primero se haya mostrado algo conciliador para que el segundo, por reacción, no muestre la menor consideración hacia nosotros. Durante años hemos presenciado este vaivén de persecución religiosa que, en el fondo, siempre ha ido a peor. Acostumbra a las mentes, incluso a las de los católicos sinceros, a considerar las leyes del laicismo como justas, como compatibles con la religión; favorece a aquellos hombres que, oscilando perpetuamente entre el laicismo y el catolicismo, están dispuestos a hacer cualquier concesión con tal de ganar votos tanto de la derecha como de la izquierda, de acceder a un ministerio, y que, intentando solo atenuar algunos efectos del laicismo, dejan intacto su principio y, en la práctica, sacrifican casi por completo el catolicismo en su aras de él. Se dirá que una actitud conciliadora nos ha granjeado ciertos favores. ¡Pequeñas ventajas si se considera la inmensa corriente de error que invade las almas y las lleva a la apostasía! ¡Pequeñas ventajas que nos encadenan y nos impiden reaccionar contra nuestros adversarios!
- Las leyes más perjudiciales siguen vigentes, independientemente de las intenciones de los sucesivos ministerios. Durante los períodos de aparente calma en los que depositamos demasiada confianza, las escuelas ateas funcionaban sin interrupción; se preparaban expedientes contra las Órdenes Religiosas y la apropiación de bienes eclesiásticos se lleva a cabo de forma sigilosa y segura.
- Esta política alienta a nuestros adversarios, quienes, contando con nuestra resignación y pasividad, cometen cada día nuevas afrentas contra la Iglesia. En resumen, las leyes de laicidad se han multiplicado hasta el punto de reducir cada día más el reconocimiento del dominio divino sobre nosotros y el alcance de nuestros derechos y libertades. Estas reflexiones impactarán profundamente a cualquiera que recuerde la serie de leyes de las que somos víctimas, a cualquiera que invoque el testimonio de la historia del último medio siglo.
Por ello, la mayoría de los católicos verdaderamente comprometidos con su fe piden que se adopte una actitud más combativa y enérgica. Piden que, en todo terreno y en todas las regiones del país, se declare abierta y unánimemente la guerra contra el laicismo y sus principios, hasta la abolición de las leyes inicuas que de él emanan; y que, para lograrlo, se empleen todas las armas legítimas.
III. Medios a emplear
Estos medios se pueden reducir a tres:
- Actuar en función de la opinión
- Medidas contra los legisladores
- Medidas contra el gobierno.
1. Medidas basadas en la opinión
La acción basada en la opinión se ejercerá mediante la propagación de la verdad; mediante la denuncia de los prejuicios que desvían al pueblo al cegarlo; y mediante manifestaciones externas.
a. La propaganda será fructífera si es perseverante; si, todos de acuerdo, los católicos de todas partes hacen sonar la misma nota de reprobación contra las injusticias de la legislación, es decir, la neutralidad (mendaz además e imposible) y la laicidad de la educación, el sistema escolar unificado (école unique), el divorcio, el despojo del clero, el ostracismo de las Congregaciones, el ateísmo del Estado y de las instituciones domésticas, sociales, caritativas y políticas; si las cartas episcopales, los boletines diocesanos, los boletines parroquiales, las revistas, la prensa, los carteles, las conferencias y los catecismos transmiten el mismo mensaje.
Tras haber demostrado que los individuos, las familias y las naciones deben a Dios y a Nuestro Señor un culto oficial, interior y exterior; una sumisión de la inteligencia, de la voluntad y de la actividad, será necesario exponer las ventajas temporales que la religión católica aporta en todos los ámbitos, y los innumerables males que las leyes del laicismo provocan en este sentido. Por ejemplo, los enemigos del flagelo de la despoblación son la fe en otra vida y en un Juez Supremo, la educación y la moral cristianas, la doctrina evangélica del matrimonio y de su indisolubilidad; la incredulidad, la escuela secular y el divorcio son sus cómplices. Ninguna ley es tan favorable a la educación de las mentes y los corazones jóvenes como la ley cristiana, mientras que la ciencia y la moral han sufrido gravemente al romper con la Iglesia.
La aplicación de las leyes de laicidad le ha costado a Francia miles de millones de francos que podrían haberse ahorrado, que podrían haber servido para socorrer a los desfavorecidos, aumentar la riqueza y las reservas del país y asegurarle un creciente prestigio en el extranjero. A pesar de estos gastos ruinosos, los enfermos, los huérfanos, los pobres y los ancianos han sido aún peor atendidos. ¿Qué ha sido, bajo el régimen del laicismo, de la imparcialidad de los tribunales, de la libertad de los individuos, de las familias, de los funcionarios, de los magistrados, de los maestros, de los empleados públicos, de los moribundos; de la participación de los mejores ciudadanos en los cargos públicos, de la justicia conmutativa o distributiva, de las relaciones entre clases, de la unidad, de la paz interna, de la conciencia profesional, etc.? León XIII volvió a menudo a estas consideraciones que conmueven a la multitud.
b. También sería necesario desbaratar los prejuicios que desvían a la gente, cegándola. He aquí algunos de ellos:
- La ley, justa o injusta, es la ley; uno está obligado a obedecerla. Las leyes de laicidad son intocables (mientras que otras pueden cambiarse, y los Parlamentos dedican su vida a modificarlas).
- Atacar las leyes seculares es atacar la República (como si la legislación y la Constitución no fueran entidades distintas; como si los republicanos menos sospechosos no atacaran las mismas leyes que ellos mismos han votado, e incluso la Constitución de la que son autores). Lo cierto es que los católicos siempre deben combatir el laicismo, sea cual sea el régimen —monárquico o republicano— que lo haya instaurado.
- La religión y la política deben separarse (cuando en realidad no deben separarse; deben distinguirse y reconciliarse).
- La religión es un asunto privado (pero también un asunto doméstico y público. La sociedad, al igual que el individuo, le debe adoración y culto al verdadero Dios).
- La religión no tiene nada que ver con la política (si bien la religión deja a cada persona la libertad de ser republicana, monárquica o imperialista, porque estas diversas formas de gobierno son compatibles con ella, no le deja la libertad de ser socialista, comunista o anarquista, pues estas tres sectas son condenadas por la razón y por la Iglesia. Salvo circunstancias particulares, los católicos están obligados a servir lealmente a los gobiernos de facto mientras estos trabajen por el bien temporal y espiritual de sus súbditos, mas no les está permitido apoyar medidas injustas o impías adoptadas por los gobiernos; están obligados a recordar que la política, al ser parte de la moral, está sujeta, como la moral, a la razón, a la religión y a Dios).
De manera análoga, deben refutarse los demás prejuicios difundidos entre la población.
Vinculada a esta acción de influencia en la opinión pública mediante la propaganda, se encuentra la cuestión de los publicistas y conferenciantes. Es muy deseable que estos se formen y preparen con rigor; que no se conformen con fórmulas universales (generália non movent, las generalidades no mueven) ni con frases vagas y vacías, sino que demuestren precisión, competencia, contundencia y claridad; y que, en particular, estudien los tratados sobre la fe, la Iglesia y el Estado.
c. Acción basada en la opinión pública mediante manifestaciones externas. — En este asunto, la prudencia nos aconseja seguir sus preceptos, evitar la imprudencia y tomar todas las precauciones necesarias. Pero es indudable que las manifestaciones externas, bien preparadas, impresionarán a la multitud, dándole una idea —que desconoce— de nuestro número, nuestra unidad, nuestro poder y la firme determinación con la que reclamaremos nuestros derechos hasta la victoria. «La opinión pública», dijo recientemente uno de nuestros cardenales, «apoya a quienes luchan con valentía». Ella abandona a quienes se abandonan a sí mismos.
2. Medidas contra los legisladores
Esta acción puede dar lugar a resultados positivos.
a. Mediante peticiones enviadas a los diputados y senadores de cada distrito. Sería conveniente que estas peticiones provinieran de todo tipo de grupos: grupos de padres de familia, de excombatientes, de jóvenes católicos, de trabajadores ferroviarios, de viudas de guerra; de ligas de mujeres católicas, de las personalidades más destacadas de la banca, la industria, el comercio, etc. Estas peticiones se dirigirían a todos los parlamentarios, sin excepción, y si un ministro pertenecía al distrito, se procuraría enviarle estas protestas y demandas.
b. Ciertas personalidades influyentes quisieran ir más allá y exhortar a todos los católicos a no votar por candidatos que no sean, ni en teoría ni en la práctica, adversarios del laicismo ni de las instituciones neutrales. En opinión de estos hombres serios, la teoría del mal menor, llevada al extremo, nos ha traído derrotas y desgracias cada vez más irreparables, que podríamos haber evitado, al menos en parte, con una actitud más firme.
3. Medidas contra el Gobierno
Lo que conmueve a la opinión pública y a las cámaras legislativas llega, precisamente por eso, al gobierno, pero también es necesario abordarlo directamente. Socialistas, comunistas, funcionarios, obreros y comerciantes nos dan el ejemplo. Cuando una ley o un decreto les disgusta o les perjudica, no consideran suficientes las interpelaciones de sus representantes en la Cámara o el Senado: se dirigen directamente al poder. Acuden en masa a las puertas de los ayuntamientos, las prefecturas y los ministerios; envían protestas, delegaciones y ultimátos a los detentadores del poder; multiplican sus gestiones, e incluso sus huelgas; asedian y hostigan al gobierno, que casi siempre termina cediendo a sus demandas. ¿Por qué, en la medida en que nos lo permiten nuestra moral, nuestra dignidad y nuestro amor por la paz —fundados en la justicia y la caridad—, no deberíamos imitarlos para borrar de nuestro código las leyes que, según las contundentes palabras de uno de nuestros obispos, nos están llevando “del laicismo al paganismo”?
Sin duda, la tarea es inmensa y difícil, pero la virtud de la fortaleza consiste en afrontar obstáculos y desafiar el peligro. Además, contamos con tropas cuyo número y valentía igualan al menos al de otros grupos, pues multitud de cristianos —contando solo a los fervientes y activos— anhelan unirse a la batalla. Nuestros cuadros —parroquias, diócesis, provincias eclesiásticas— están preparados. Lo que ha faltado hasta ahora entre los católicos es unidad, concentración, armonía y organización de esfuerzos. ¿Acaso no tendrán la suficiente abnegación para formar un cuerpo compacto que trabaje en conjunto bajo la dirección de sus superiores jerárquicos? Se dirá que esta actitud nos expone a despiadadas contraofensivas de nuestros adversarios. Esto no es seguro; y, en cualquier caso, ¿a qué calamidades no nos expone la actitud opuesta? ¿Qué futuro nos espera si, satisfechos con una leve y artificial relajación de la tensión, nos dormimos? Quizás nunca en cincuenta años la hora haya parecido tan propicia; Dejar pasar la oportunidad sin aprovecharla sería una traición a la Providencia.
París, 10 de Marzo de 1925.
