Noticias tomadas de distintas fuentes.
1.º FRANCIA: DESDE LOS AÑOS 50, SE SABÍA QUE EL “PADRE PIERRE” ERA «UN GRAN ENFERMO».
Los historiadores Axelle Brodiez-Dolino y Bruno Dumons examinaron los archivos de la Iglesia para su nuevo libro «J’ai un très grand secret à vous dire». L’abbé Pierre au creux des archives («Tengo un grandísimo secreto que deciros»: El Padre Pierre en el fondo de los archivos). En una entrevista con La Croix (17 de Octubre), Brodiez-Dolino discutió sus hallazgos.
Afirma que Grouès era bipolar, aunque subraya que esto no explica su mala conducta sexual. Su infancia estuvo marcada por tocamientos de alumnos mayores, la atracción hacia otros chicos durante la adolescencia, y un escándalo familiar que involucró la condena de su tía paterna Marie-Louise Victorine por asesinar a su segundo esposo Ishmael Jacob Providence Weissmann/Georges Bessarabo.
En 1955, llegaron a Roma informes de tocamientos sexuales a mujeres durante una visita a Estados Unidos organizada por el filósofo y exembajador francés ante la Santa Sede Jacques Maritain. El Vaticano investigó al “Padre Pierre” por mala conducta sexual, simpatías por el comunismo y también por irregularidades financieras (el dinero recaudado en 1954 lo confió a un estafador notorio), pero impuso solo sanciones leves en 1957.
Brodiez-Dolino concluye de los archivos de la Iglesia que los menores fueron tocados sexualmente e incluso violados en el otoño de 1957. Posteriormente, Grouès fue hospitalizado involuntariamente en Suiza.
Los funcionarios de la Iglesia escribieron que una enfermedad psiquiátrica agravada por la “perversión sexual”.
El 27 de Junio de 1958, el cardenal Maurice Feltin († 1975) de París escribió el ministro de Antiguos Combatientes francés Edmond Michelet, expresando su reparo a la promoción del “Padre Pierre” al grado de Oficial de la Legión de Honor.
Lo llamó «un gran enfermo» que estaba siendo tratado en una clínica psiquiátrica suiza y aconsejó el silencio sobre él.
En 1964, el obispo auxiliar y más tarde cardenal Pierre Marie Joseph Veuillot Monnoir de París escribió en un resumen que algunas jóvenes quedaron «marcadas de por vida».
La Iglesia vigiló al “Padre Pierre” y restringió sus movimientos hasta 1964 (se pensó incluso enviarlo de misión al Sáhara marroquí o a una casa en Normandía), relajando gradualmente sus controles a partir de entonces al cambiar los responsables y mejorar, al parecer, su tratamiento.
En 1972, desapareció de los registros de la Iglesia. Cuando regresó a la prominencia en la década de 1980, los líderes de la Iglesia ya no tenían influencia sobre él: el “Padre Pierre” encarnaba a Emaús.
Para 2026, 33 mujeres habían hecho acusaciones de agresión sexual o acoso contra él.
2.º LITUANIA: DOS PRESBÍTEROS (UNO DE ELLOS LAICIZADO) DE LA ARCHIDIÓCESIS DE VILNA, A JUICIO POR DELITOS CONTRA MENORES.
El Vaticano anunció ayer 21 de Octubre que
redujo al estado laical al presbítero lituano Tadas Švedavičius (izquierda), de 56 años y acusado de abuso de menores.
Švedavičius (“instalado” presbítero el 29 de Junio de 2001 para la archidiócesis de Vilna) había sido suspendido canónicamente luego que
la Fiscalía General lituana presentó 34 cargos, incluidos abuso sexual de menores, posesión de pornografía infantil e inducción al consumo de alcohol. Los delitos se extendieron de 2002 a 2025, con 11 víctimas de entre 12 y 18 años al momento de los hechos
Por otra parte, Ryšardas Peciūnas, de 51 años e “instalado” en 1999, está siendo juzgado en un caso separado por posesión de pornografía infantil, implicando a dos menores.
Peciūnas
declaró a los medios el pasado 15 de Octubre que los videos y fotos encontrados por las autoridades le fueron enviados por una familia que conoce, con la que mantiene contacto desde hace décadas, y que, en su opinión, este contenido no es pornográfico. El clérigo también admitió que se encontraron archivos temporales del navegador (caché) en un ordenador que era propiedad de Barbara Leščevska,
también acusada dentro de este proceso.
Ambos presbíteros habían trabajado en las parroquias de San Juan Bautista de Paluknys y el Sagrado Corazón de Jesús de Rūdiškės (ambas en el distrito de Trakai, provincia y archidiócesis de Vilna).
3.º ESPAÑA: EX VICARIO DE LA DIÓCESIS DE ZAMORA, BAJO PROCESO ANTE LA ROTA ACUSADO POR SU OBISPÓN DE MALVERSACIÓN EN LA CÁRITAS.
El presbítero Antonio Jesús Martín de Lera, ex vicario general de la Diócesis de Zamora (España), enfrenta un juicio penal canónico por mala conducta financiera y abuso de autoridad eclesiástica.
El obispo Fernando Valera Aparicio ordenó una investigación preliminar después de enterarse de posibles irregularidades.
Un tribunal judicial se constituyó formalmente el 29 de enero de 2026, ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid.
Según los informes de los medios españoles, los investigadores descubrieron pérdidas financieras sustanciales e inexplicadas vinculadas a la gestión de los activos de la Cáritas diocesana (cuyo director fue, y delegado episcopal ante la Cáritas de Castilla y León). Las cantidades involucradas no han sido reveladas.
Los procedimientos siguen
una prolongada disputa entre el obispón y su ex adjunto, quien previamente fue removido del liderazgo diocesano y de las responsabilidades parroquiales en Nuestra Señora de Lourdes en Zamora, y de las parroquias de Moralina, Villadepera y Villardiegua en Sayago. Incluso, Valera le dijo que debía abandonar el territorio de la diócesis.
Martín de Lera
recurrió la decisión ante el Dicasterio para el Clero, en el Vaticano, y acusó a Valera de abuso de poder y de retaliación luego de renunciar como vicario general en Mayo de 2025 (apenas diez meses después de posesión) al expresar su desacuerdo con algunas decisiones del obispón.
La diócesis subraya que no se ha llegado a un veredicto y que Martín de Lera sigue teniendo derecho a la presunción de inocencia.
4.º COLOMBIA: CIERRAN CASO PENAL CONTRA EL JESUITA FRANCISCO DE ROUX POR ENCUBRIMIENTO DE PRESBÍTERO ABUSADOR.
A solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá decretó la preclusión del proceso al concluir que «no se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional» por parte del presbítero, quien como provincial «activó los mecanismos institucionales que se encuentran previstos en el derecho canónico y que derivaron en esa imposición de sanciones eclesiásticas, pero no se puede llegar a presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal».
En ese sentido, el juez Víctor Alexander Joya también señaló que la preclusión de la investigación no quiere decir que los casos de abuso sexual no ocurrieron, sino que, en lo que respecta puntualmente al caso De Roux, no se evidencia un encubrimiento.
El proceso se inició después que, en Noviembre de 2024, Luis Fernando Llano Narváez denunció que De Roux, en cuanto superior provincial de la Compañía en Colombia, había tenido conocimiento desde diez años atrás que Chavarriaga había abusado sexualmente de él y de sus siete hermanas en los años 70, cuando dirigía el Colegio de San Bartolomé - La Merced.
De Roux inició la investigación canónica respectiva, y decretó el cese del ministerio público para Chavarriaga y su envío a servir en la enfermería de una residencia de jesuitas ancianos en Bogotá. Chavarriaga falleció de cáncer en Diciembre de 2015, habiendo recibido antes homenaje de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana por su labor como decano, sin oposición alguna de su parte.
Llano Narváez denunció a De Roux y a sus colegas Luis Javier Sarralde Delgado y el alemán Hans Zollner por no informar del caso a la Fiscalía en su momento. Pero como argumentó el fiscal del caso Samir Jiménez, esta obligación no estaba definida en el derecho canónico de la época (apenas en 2019 se introdujo el deber de informar los casos de abuso ante la justicia seglar), y según concepto de los abogados consultados por el religioso, los hechos ya habían prescrito.
En la vista judicial, realizada a puerta cerrada y virtual, estuvieron presentes Sofía Helena, Luz Mónica, Martha Lucía y Ana Llano, así como el abogado del denunciante, Diego Vásquez.
