Inspirado por Voltaire, Émile Combes
corta el nudo gordiano entre el Papado y Francia mientras un monje yace
borracho (Caricatura anticlerical, c. 1905).
La
relación entre la Iglesia y el Estado francés estaban regidas por el
Concordato de 1801 (que mantuvo su vigencia a pesar de los cambios de
formas de gobierno), pero con la III República, se manifestó la
inconformidad de los gobiernos izquierdistas, que habían asumido una
postura anticlerical desde las Leyes de 1875. Si bien
León XIII había impulsado un ralliement durante su pontificado,
el gobierno del primer ministro Émile Justin Louis Combes Bannes aplicó
la Ley de Asociaciones del 1 de Julio de 1901 promulgada por su
antecesor Pierre Marie René Ernest Waldeck-Rousseau, con la cual se
exigía a las congregaciones religiosas una petición de autorización (en
venganza por el apoyo, en particular por los Agustinos de la Asunción,
de la degradación del capitán judío Alfred Dreyfus Libmann-Weill, que
fue acusado de traición). En ese contexto, se rechazaron las solicitudes
de todas las congregaciones religiosas menos cinco (la Sociedad de
Misioneros de África “Padres Blancos”, la Sociedad de Misiones Africanas
de Lyon, los Hermanos de San Juan de Dios, los Trapenses del Císter y
los Cistercienses de Lérins, ninguna de ellos dedicados a la enseñanza; a
las órdenes contemplativas se les toleró), causando el cierre de 10.000
colegios religiosos.
Para
agravar el panorama, las relaciones estaban en su peor momento: el Papa
San Pío X había promulgado una bula sobre nombramientos episcopales
(que tuvo que cambiar su redacción por la protesta del gobierno francés,
toda vez que le recortaban el derecho de postulación que tenía por el
Concordato), y el presidente Émile Loubet Nicolet viajó a Roma y visitó
al rey de Italia Víctor Manuel III de Saboya mas no al Papa (por lo cual
la Santa Sede emitió varias notas de protesta). El 17 de Mayo de 1904,
los obispos Albert-Léon-Marie Le Nordez y Pierre-Joseph Geay fueron
destituidos de sus sedes de Dijón y Laval y se les requirió comparecer
en Roma por graves irregularidades (Le Nordez y Geay eran republicanos y
gobernaban despóticamente sobre el clero; además, Geay fue señalado de
tener un amorío con la excéntrica priora carmelita Suzanne Koch-Foccart
Masson, y Le Nordez fue acusado de organizar un cisma, desviar el dinero
de una colecta para erigir la estatua del obispo Bossuet y ser masón),
pero estos se acogieron a la protección de Combes, que les prohibió
salir de sus diócesis y exigió la revocatoria de la medida. Las
relaciones fueron declaradas rotas en Mayo de ese año, cuando el
gobierno francés suspendió el Concordato, el Papa retiró al nuncio y el
gobierno incautó el archivo de la Nunciatura. Este incidente fue el
florero de Llorente para la aprobación de la Ley de Separación el 6 de
Diciembre de 1905 (con 341 votos de 589 en la Cámara de Diputados, y 181
votos de 300 en el Senado), que será promulgada tres días después y
entraría en vigor el 1 de Enero del año siguiente.
La
Ley de Separación (que entre los miembros de su comisión preparatoria
tuvo a Ferdinand Buisson de Ribeaucourt, que era protestante liberal y
francmasón) suprimió toda financiación y reconocimiento públicos de la
Iglesia; consideraba a la religión apenas en su dimensión privada y no
en la social; y declaraba la incautación de los bienes eclesiásticos por
parte del Estado, mientras los edificios de culto eran transferidos
gratuitamente a “asociaciones de culto” elegidas por los fieles sin
aprobación de la Iglesia. Dicha norma fue aplaudida por los judíos y los
protestantes, como también por los católicos modernistas (entre ellos
el canónigo Louis Marie Olivier Duchesne Gourlay, que fue puesto en el
Índice de Libros Prohibidos en 1912; Montini lo rehabilitó en 1973),
pero rechazada vehementemente, entre otros por el partido rallié Acción
Liberal Popular y el movimiento monárquico orleanista Acción Francesa.
Curiosamente, la ley no se aplicó (y actualmente no se aplica) ni en los
territorios de Ultramar (donde se aplican los decretos del 16 de Enero y
el 6 de Diciembre de 1939 promulgados por el presidente Albert Lebrun y
el Ministro de Colonias Louis Georges Rothschild Mandel) ni en la
Alsacia-Mosela (donde sigue vigente el Concordato).
A consecuencia de la Ley de Separación, el gobierno comenzó a hacer
inventarios de la propiedad eclesiástica so pretexto de “impedir el robo
de antigüedades”, lo que causó revueltas en París, Lille y algunos
distritos rurales, donde los católicos enfurecidos levantaron barricadas
y salieron a defender las iglesias con garrotes y horcas (en los
Pirineos, los vascos sacaron sus osos).
Por tal razón, San Pío X condenó la nueva ley con la encíclica “Veheménter nos” el 11 de Febrero de 1906 [ASS 39 (1906), 3-16; Acta Pii X 3, 24-39]
donde, tras analizar la ley, concluye que la tesis de la separación es
falsa y dañosa en cuanto injuria a Dios, niega el orden sobrenatural y
el orden de la vida humana establecidos por Él; la ley viola el derecho
que Dios otorgó a la Iglesia, y exhorta a los obispos y fieles a
resistir el ataque. Además, anuncia más medidas, que se expresarán en
las encíclicas “Gravíssimo offícii múnere” del 10 de Agosto y “Une fois
encore” (en latín “Íterum”) del 6 de Enero del año siguiente; y en 1908,
la Penitenciaría Apostólica declaró que los políticos que aprobaron la
Ley de Separación incurrieron en excomunión.
CARTA
ENCÍCLICA “Veheménter nos” DE NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO, POR LA
DIVINA PROVIDENCIA PAPA X, SOBRE LA LEY DE SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL
ESTADO
A
Nuestros Dilectos Hijos François Marie Richard, Cardenal Arzobispo de
París; Victor Lucien Lecot, Cardenal Arzobispo de Burdeos; Pierre Hector
Couillie, Cardenal Arzobispo de Lyón; Joseph Guillaume Laboure,
Cardenal Arzobispo de Rennes; y a todos Nuestros Venerables Hermanos,
los Arzobispos y Obispos, y todo el Clero y el pueblo de Francia.
Venerables Hermanos, Dilectos Hijos, Salud y Bendición Apostólica.
I. LA LEY FRANCESA DE SEPARACIÓN [1]
Apenas es necesario decir la honda preocupación y la dolorosa angustia
que vuestra situación nos causa con la promulgación de una ley que, al
mismo tiempo que rompe violentamente las seculares relaciones del Estado
francés con la Sede Apostólica, coloca a la Iglesia de Francia en una
situación indigna y lamentable. Hecho gravísimo y que todos los buenos
deben lamentar, por los daños que ha de traer tanto a la vida civil como
a la vida religiosa. Sin embargo, no puede parecer inesperado a todo
observador que haya seguido atentamente en estos últimos tiempos la
conducta tan contraria a la Iglesia de los gobernantes de la República
francesa. Para vosotro veneables hermanos, no constituye ciertamente ni
una novedad ni una sorpresa, pues habéis sido testigos de los numerosos
ataques dirigidos a las instituciones cristianas por las autoridades
públicas. Habéis presenciado la violación legislativa de la santidad y
de la indisolubilidad del matrimonio cristiano; la secularización de los
hospitales y de las escuelas; la separación de los clérigos de sus
estudios y de la disciplina eclesiástica para someterlos al servicio
militar; la dispersión y el despojo de las órdenes y Congregaciones
religiosas y la reducción consiguiente de sus individuos a los extremos
de una total indigencia. Conocéis también otras disposiciones legales:
la abolición de aquella antigua costumbre de orar públicamente en la
apertura de los Tribunales y en el comienzo de las sesiones
parlamentarias; la supresión de las tradicionales señales de duelo en el
día de Viernes Santo a bordo de los buques de guerra; la eliminación de
todo cuanto prestaba al juramento judicial un carácter religioso, y la
prohibición de todo lo que tuviese un significado religioso en los
Tribunales, en las escuelas, en el ejército; en una palabra, en todas
las instituciones públicas dependientes de la autoridad política. Estas
medidas y otras parecidas, que poco a poco iban separando de hecho a la
Iglesia del Estado, no eran sino jalones colocados intencionadamente en
un camino que había de conducir a la más completa separación legal. Así
lo han reconocido y confesado sus autores en diversas ocasiones. La Sede
Apostólica ha hecho cuanto ha estado de su parte para evitar una
calamidad tan grande. Porque, por una parte, no ha cesado de advertir y
de exponer a los Gobiernos de Francia la seria y repetida consideración
del cúmulo de males que habría de producir su política de separación;
por otra parte, ha multiplicado las pruebas ilustres de su singular amor
e indulgencia por la nación francesa. La Santa Sede confiaba
justificadamente que, en virtud del vínculo jurídico contraído y de la
gratitud debida, los gobernantes de Francia detuvieran la iniciada
pendiente de su política y renunciaran, finalmente, a sus proyectos. Sin
embargo, todas las atenciones, buenos oficios y esfuerzos realizados
tanto por nuestro predecesor como por Nos han resultado completamente
inútiles. Porque la violencia de los enemigos de la religión ha
terminado por la fuerza la ejecución de los propósitos que de antiguo
pretendían realizar contra los derechos de vuestra católica nación y
contra los derechos de todos los hombres sensatos. En esta hora tan
grave para la Iglesia, de acuerdo con la conciencia de nuestro deber,
levantamos nuestra voz apostólica y abrimos nuestra alma a vosotros,
venerables hermanos y queridos hijos; a todos os hemos amado siempre con
particular afecto, pero ahora os amamos con mayor ternura que antes.
II. LA TEORÍA DE LA SEPARACIÓN ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO
Es falsa y engañosa
Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia es una tesis
absolutamente falsa y sumamente nociva. Porque, en primer lugar, al
apoyarse en el princípio fundamental de que el Estado no debe cuidar
para nada de la religión, infiere una gran injuria a Dios, que es el
único fundador y conservador tanto del hombre como de las sociedades
humanas, ya que en materia de culto a Dios es necesario no solamente el
culto privado, sino también el culto público. En segundo lugar, la tesis
de que hablamos constituye una verdadera negación del orden
sobrenatural, porque limita la acción del Estado a la prosperidad
pública de esta vida mortal, que es, en efecto, la causa próxima de toda
sociedad política, y se despreocupa completamente de la razón última
del ciudadano, que es la eterna bienaventuranza propuesta al hombre para
cuando haya terminado la brevedad de esta vida, como si fuera cosa
ajena por completo al Estado. Tesis completamente falsa, porque, así
como el orden de la vida presente está todo él ordenado a la consecución
de aquel sumo y absoluto bien, así también es verdad evidente que el
Estado no sólo no debe ser obstáculo para esta consecución, sino que,
además, debe necesariamente favorecerla todo lo posible. En tercer
lugar, esta tesis niega el orden de la vida humana sabiamente
establecido por Dios, orden que exige una verdadera concordia entre las
dos sociedades, la religiosa y la civil. Porque ambas sociedades, aunque
cada una dentro de su esfera, ejercen su autoridad sobre las mismas
personas, y de aquí proviene necesariamente la frecuente existencia de
cuestiones entre ellas, cuyo conocimiento y resolución pertenece a la
competencia de la Iglesia y del Estado. Ahora bien, si el Estado no vive
de acuerdo con la Iglesia, fácilmente surgirán de las materias
referidas motivos de discusiones muy dañosas para entre ambas
potestades, y que perturbarán el juicio objetivo de la verdad, con grave
daño y ansiedad de las almas. Finalmente, esta tesis inflige un daño
gravísimo al propio Estado, porque éste no puede prosperar ni lograr
estabilidad prolongada si desprecia la religión, que es la regla y la
maestra suprema del hombre para conservar sagradamente los derechos y
las obligaciones.
Ha sido condenada por los Romanos Pontífices
Por
esto los Romanos Pontífices no han dejado jamás, según lo exigían las
circunstancias y los tiempos, de rechazar y condenar las doctrinas que
defendían la separación de la Iglesia y el Estado. Particularmente
nuestro ilustre predecesor León XIII expuso repetida y brillantemente
cuan grande debe ser, según los principios de la doctrina católica, la
armónica relación entre las dos sociedades; entre éstas, dice, «es
necesario que exista una ordenada relación unitiva, comparable, no sin
razón, a la que se da en el hombre entre el alma y el cuerpo» [2]. Y
añade además después: «Los Estados no pueden obrar, sin incurrir en
pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa
extraña o inútil. Error grande y de muy graves consecuencias es excluir a
la Iglesia, obra del mismo Dios, de la vida social, de la legislación,
de la educación de la juventud y de la familia» [3].
III. EL CASO PARTICULAR DE FRANCIA
Ahora bien, si obra contra todo derecho divino y humano cualquier
Estado cristiano que separa y aparta de sí a la Iglesia, ¡cuánto más
lamentable es que haya procedido de esta manera Francia, que es la que
menos debía obrar así! ¡Francia, que en el transcurso de muchos siglos
ha sido siempre objeto de una grande y señalada predilección por parte
de esta Sede Apostólica! ¡Francia, cuya prosperidad, cuya gloria y cuyo
nombre han estado siempre unidos a la religión y a la civilización
cristianas! Con harta razón pudo decir el mismo pontífice León XIII:
«Recuerde Francia que su unión providencial con la Sede Apostólica es
demasiado estrecha y demasiado antigua para que pueda en alguna ocasión
romperla. De esta unión, en efecto, procede su verdadera grandeza y su
gloria más pura... Destruir esta unión tradicional seria lo mismo que
arrebatar a la nación francesa una parte de su fuerza moral y de la alta
influencia que ejerce en el mundo» [4].
Resolución unilateral del Concordato
A lo cual se añade que estos vínculos de estrecha unión debían ser más
sagrados aún por la fidelidad jurada en un solemne Concordato. El
Concordato firmado por la Sede Apostólica y por la República francesa
era, como todos los pactos del mismo género que los Estados suelen
concertar entre sí, un contrato bilateral que obligaba a ambas partes.
Por lo cual, tanto el Romano Pontífice como el jefe de Estado de la
nación francesa se obligaron solemnemente, en su nombre y en el de sus
propios sucesores, a observar inviolablemente las cláusulas del pacto
que firmaron. La consecuencia, por tanto, era que este Concordato había
de regirse por el mismo derecho que rige todos los tratados
internacionales, es decir, por el derecho de gentes, y que no podía
anularse de ninguna manera unilateralmente por la voluntad exclusiva de
una de las partes contratantes. La Santa Sede ha cumplido siempre con
fidelidad escrupulosa los compromisos que suscribió, y ha pedido siempre
que el Estado mostrase en este punto la misma fidelidad. Es éste un
hecho cierto que no puede negar ningún hombre prudente y de recto
juicio. Pues bien, he aquí que la República francesa deroga por su sola
voluntad el solemne y legitimo pacto que había suscrito; y no tiene en
consideración alguna, con tal de separarse de la Iglesia y librarse de
su amistad, ni la injuria lanzada contra la Sede Apostólica, ni la
violación del derecho de gentes, ni la grave perturbación para el mismo
orden social y político que implica la violación de la fe jurada;
porque, para el desenvolvimiento pacífico y seguro de las mutuas
relaciones entre los pueblos, nada es tan importante a la sociedad
humana como la observancia fiel e inviolable de las obligaciones
contraídas en los tratados internacionales.
Violación del derecho internacional
Crece de un modo muy particular la magnitud de la ofensa inferida a la
Sede Apostólica si se considera la forma con que el Estado ha llevado a
cabo la resolución unilateral del Concordato. Porque es un principio
admitido sin discusión en el derecho de gentes y universalmente
observado en la moral y en el derecho positivo internacional que no es
lícita la resolución de un tratado sin la notificación previa, clara y
regular por parte del Estado que quiere denunciarlo a la otra parte
contratante. Pues bien: no sólo no se ha hecho a la Santa Sede en este
asunto notificación alguna de este género, sino que ni siquiera le ha
sido hecha la menor indicación. De esta manera, el Gobierno francés no
ha vacilado en faltar contra la Sede Apostólica a las más elementales
normas de cortesía que se suelen observar incluso con los Estados más
pequeños y menos importantes ; ni ha tenido reparo, siendo como era
representante de una nación católica, en menospreciar la dignidad y la
autoridad del Romano Pontífice, jefe supremo de la Iglesia católica;
autoridad que debían haber respetado los gobernantes de Francia con una
reverencia superior a la que exige cualquier otra potencia política, por
el simple hecho de estar aquella autoridad ordenada al bien eterno de
las almas sin quedar circunscrita por límites geográficos algunos.
La ley es intrínsecamente injusta
Pero, si examinamos ahora en sí misma la ley que acaba de ser
promulgada, encontramos un nuevo y mucho más grave motivo de queja.
Porque, puesta la premisa de la separación entre la Iglesia y el Estado
con la abrogación del Concordato, la consecuencia natural seria que el
Estado la dejara en su entera independencia y le permitiera el disfrute
pacífico de la, libertad concedida por el derecho común. Sin embargo,
nada de esto se ha hecho, pues, encontramos en esta ley multitud de
disposiciones excepcionales que, odiosamente restrictivas, obligan a la
Iglesia a quedar bajo la dominación del poder civil. Amarguísimo dolor
nos ha causado ver al Estado invadir de este modo un terreno que
pertenece exclusivamente a la esfera del poder eclesiástico; pero
nuestro dolor ha sido mayor todavía, porque, menospreciando la equidad y
la justicia, el Estado coloca a la Iglesia de Francia en una situación
dura, agobiante y totalmente contraria a los más sagrados derechos de la
Iglesia.
Porque es contraria a la constitución de la Iglesia
Porque, en primer lugar, las disposiciones de la nueva ley son
contrarias a la constitución que Jesucristo dio a su Iglesia. La
Escritura enseña, y la tradición de los Padres lo confirma, que la
Iglesia es el Cuerpo místico de Jesucristo, regido por pastores y
doctores [5], es decir, una sociedad humana, en la cual existen autoridades con pleno y perfecto poder para gobernar, enseñar y juzgar [6].
Esta sociedad es, por tanto, en virtud de su misma naturaleza, una
sociedad jerárquica; es decir, una sociedad compuesta de distintas
categorías de personas: los pastores y el rebaño, esto es, los que
ocupan un puesto en los diferentes grados de la jerarquía y la multitud
de los fieles. Y estas categorías son de tal modo distintas unas detrás,
que sólo en la categoría pastoral residen la autoridad y el derecho de
mover y dirigir a los miembros hacia el fin propio de la sociedad; la
obligación, en cambio, de la multitud no es otra que dejarse gobernar y
obedecer dócilmente las directrices de sus pastores. San Cipriano,
mártir, ha expuesto de modo admirable esta verdad: «Nuestro Señor, cuyos
preceptos debemos reverenciar y cumplir, al establecer la dignidad
episcopal y la manera de ser de su Iglesia, dijo a Pedro: "Ego dico
tibi, quia tu es Petrus," etc. Por lo cual, a través de las vicisitudes
del tiempo y de las sucesiones, la economía del episcopado y la
constitución de la Iglesia se desarrollan de manera que la Iglesia
descansa sobre los obispos, y toda la actividad de la Iglesia está por
ellos gobernada». Y San Cipriano afirma que esto «se halla fundado en la
ley divina» [7]. En contradicción con estos principios, la ley de la
separación atribuye la administración y la tutela del culto público no a
la jerarquía divinamente establecida, sino a una determinada asociación
civil, a la cual da forma y personalidad jurídica, y que es considerada
en todo lo relacionado con el culto religioso como la única entidad
dotada de los derechos civiles y de las correspondientes obligaciones.
Por consiguiente, a esta asociación pertenecerá el uso de los templos y
de los edificios sagrados y la propiedad de los bienes eclesiásticos,
tanto muebles como inmuebles; esta asociación dispondrá, aunque
temporalmente, de los palacios episcopales, de las casas rectorales y de
los seminarios; finalmente, administrará los bienes, señalará las
colectas y recibirá las limosnas y legados que se destinen al culto. De
la jerarquía no se dice una sola palabra. Es cierto que la ley prescribe
que estas asociaciones de culto han de constituirse conforme a las
reglas propias de la organización general del culto, a cuyo ejercicio se
ordenan; pero se advierte que todas las cuestiones que puedan
plantearse acerca de estas asociaciones son de la competencia exclusiva
del Consejo de Estado. Es evidente, por tanto, que dichas asociaciones
de culto estarán sometidas a la autoridad civil, de tal manera que la
autoridad eclesiástica no tendrá sobre ellas competencia alguna. Cuan
contrarias sean todas estas disposiciones a la dignidad de la Iglesia y
cuan opuestas a sus derechos y a su divina constitución, es cosa
evidente para todos, sobre todo si se tiene en cuenta que, en esta
materia, la ley promulgada no emplea fórmulas determinadas y concretas,
sino cláusulas tan vagas y tan indeterminadas, que con razón se pueden
temer peores males de la interpretación de esta ley.
Desconoce la libertad de la Iglesia
En segundo lugar, nada hay más contrario a la libertad de la Iglesia
que esta ley. Porque, si se prohíbe a los pastores de almas el ejercicio
del pleno poder de su cargo con la creación de las referidas
asociaciones de culto; si se atribuye al Consejo de Estado la
jurisdicción suprema sobre las asociaciones y quedan éstas sometidas a
una serie de disposiciones ajenas al derecho común, con las que se hace
difícil su fundación y más difícil aún su conservación; si, después de
proclamar una amplia libertad de culto, se restringe el ejercicio del
mismo con multitud de excepciones; si se despoja a la Iglesia de la
inspección y de la vigilancia de los templos para encomendarlas al
Estado; si se señalan penas severas y excepcionales para el clero; si se
sancionan estas y otras muchas disposiciones parecidas, en las que
fácilmente cabe una interpretación arbitraria, ¿qué es todo esto sino
colocar a la Iglesia en una humillante sujeción y, so pretexto de
proteger el orden público, despojar a los ciudadanos pacíficos, que
forman todavía la inmensa mayoría de Francia, de su derecho sagrado a
practicar libremente su propia religión? El Estado ofende a la Iglesia,
no sólo restringiendo el ejercicio del culto, en el que falsamente pone
la ley de separación toda la fuerza esencial de la religión, sino
también poniendo obstáculos a su influencia siempre bienhechora sobre
los pueblos y debilitando su acción de mil maneras. Por esto, entre
otras medidas, no ha sido suficiente la supresión de las Ordenes
religiosas, en las que la Iglesia encuentra un precioso auxiliar en el
sagrado ministerio, en la enseñanza, en la educación, en las obras de
caridad cristiana, sino que se ha llegado a privarlas hasta de los
recursos humanos, es decir, de los medios necesarios para su existencia y
para el cumplimiento de su misión.
Y niega el derecho de la propiedad de la Iglesia
A
los perjuicios y ofensas que hemos lamentado hay que añadir un tercer
capítulo: la ley de la separación viola y niega el derecho de propiedad
de la Iglesia. Contra toda justicia, despoja a la Iglesia de gran parte
del patrimonio que le pertenece por tantos títulos jurídicamente
eficaces; suprime y anula todas las fundaciones piadosas, legalmente
establecidas, para fomentar el culto divino o para rogar por los fieles
difuntos; los recursos que la generosidad de los católicos ha ido
acumulando para sostenimiento de las escuelas cristianas y de las
diferentes obras de beneficencia religiosa, son transferidos a
establecimientos laicos, en los que normalmente es inútil buscar el
menor vestigio de religión; con lo cual no sólo se desconocen los
derechos de la Iglesia, sino también la voluntad formal y expresa de los
donantes y testadores. Pero lo que nos causa preocupación especial es
una disposición que, pisoteando todo derecho declara propiedad del
Estado, de las provincias o de los ayuntamientos todos los edificios que
la Iglesia utilizaba con anterioridad al Concordato. Porque, si la ley
concede el uso indefinido y gratuito de estos edificios a las
asociaciones de culto, pone a esta concesión tantas y tales condiciones,
que, en realidad, deja al poder público la libertad de disponer
totalmente de dichos edificios. Tememos, además, muy seriamente por la
santidad de los templos, pues existe el peligro de que estas augustas
moradas de la divina majestad, centros tan queridos para la piedad del
pueblo francés, en quienes tantos recuerdos suscitan, caigan en manos
profanas y queden mancilladas con ceremonias también profanas. La ley,
por otra parte, al liberar al Estado de su obligación de atender al
culto con cargo al presupuesto, falta a los compromisos contraídos en un
tratado solemne y, al mismo tiempo, ofende gravemente a la justicia.
En efecto, no es posible dudar en este punto, porque los mismos
documentos históricos lo prueban del modo más terminante: cuando el
Gobierno francés contrajo, en virtud del Concordato, el compromiso de
asignar a los eclesiásticos una subvención que les permitiese atender
decorosamente a su propia subsistencia y al sostenimiento del culto
público, no lo hizo a título gratuito o por pura cortesía, sino que se
obligó a título de indemnización, siquiera parcial, a la Iglesia por los
bienes que el Estado arrebató a ésta durante la primera revolución. Por
otra parte, cuando en este mismo Concordato, y por bien de la paz, el
Romano Pontífice se comprometió, en su nombre y en el de sus sucesores, a
no inquietar a los detentadores de los bienes que fueron arrebatados a
la Iglesia, puso a esta promesa una condición: la de que el Gobierno
francés se obligase a cubrir perpetuamente y de un modo decoroso los
gastos del culto divino y del clero.
Es además dañosa para el propio Estado francés
Finalmente, no hemos de callar un cuarto punto: esta ley será
gravemente dañosa no sólo para la Iglesia, sino también para vuestra
nación. Porque es indudable que debilitará poderosamente la unión y la
concordia de los espíritus, sin la cual es imposible que pueda prosperar
o vivir una nación; unión cuya incólume conservación, sobre todo en la
actual situación de Europa, deben buscar todos los buenos franceses que
aman a su patria. Nos, siguiendo el ejemplo de nuestro predecesor, de
cuyo particularísimo afecto a vuestra nación somos herederos, al
esforzarnos por conservar en vuestra nación la integridad de los
derechos de la religión recibida de vuestros mayores, hemos procurado
siempre, y seguiremos procurando, la confirmación de la paz y de la
concordia fraterna, cuyo lazo más fuerte es precisamente el vínculo
religioso. Por esta razón, vemos con suma angustia la ejecución por
parte del Gobierno francés de una determinación que, avivando las
pasiones populares, harto excitadas en materia religiosa, parece muy
propia para perturbar profundamente vuestra nación.
Condenación de la ley
Por todas estas razones, teniendo presente nuestro deber apostólico,
que nos obliga a defender contra todo ataque y conservar en su
integridad los sagrados derechos de la Iglesia, Nos, en virtud de la
suprema autoridad que Dios nos ha conferido, condenamos y reprobamos la
ley promulgada que separa al Estado francés de la Iglesia; y esto en
virtud de las causas que hemos expuesto anteriormente, por ser altamente
injuriosa para Dios, de quien reniega oficialmente, sentando el
principio de que la República no reconoce culto alguno religioso; por
violar el derecho natural, y el derecho de gentes, y la fidelidad debida
a los tratados; por ser contraria a la constitución divina de la
Iglesia, a sus derechos esenciales y a su libertad; por conculcar la
justicia, violando el derecho de propiedad, que la Iglesia tiene
adquirido por multitud de títulos y, además, en virtud del Concordato;
por ser gravemente ofensiva para la dignidad de la Sede Apostólica, para
nuestra persona, para el episcopado, para el clero y para todos los
católicos franceses. En consecuencia, protestamos solemnemente y con
toda energía contra la presentación, votación y promulgación de esta
ley, y declaramos que jamás podrá ser alegada cláusula alguna de esta
ley para invalidar los derechos imprescriptibles e inmutables de la
Iglesia.
IV. LA IGLESIA ANTE LA NUEVA SITUACIÓN
Postura de la Santa Sede
Era obligación nuestra hacer oír estas graves palabras y dirigirlas,
venerables hermanos, a vosotros, al pueblo francés y a todo el orbe
cristiano, para condenar esta ley de separación. Profunda es,
ciertamente, nuestra tristeza, como ya hemos dicho, porque preveemos los
males que esta ley va a traer sobre una para Nos querida nación; y nos
produce una tristeza más honda todavía la perspectiva de los trabajos,
padecimientos y tribulaciones de toda suerte que van a caer sobre
vosotros, venerables hermanos y sobre vuestro clero. Sin embargo, el
pensamiento de la divina bondad y de la divina providencia y la
certísima esperanza de que Jesucristo nunca abandonará a su Iglesia ni
la privará de su indefectible apoyo nos impiden incurrir en una
depresión o tristeza excesivas. Por esta razón, Nos estamos muy lejos de
temer por la Iglesia. La estabilidad y la firmeza de la Iglesia son
cosa de Dios, y la experiencia de tantos siglos lo ha demostrado
suficientemente. Nadie ignora, en efecto, las innumerables y cada vez
más terribles persecuciones que ha padecido en tan largo espacio de
tiempo, y, sin embargo, de esas situaciones, en las que toda institución
puramente humana habría perecido necesariamente, la Iglesia sacó una
energía más vigorosa y una más opulenta fecundidad. Y las leyes
persecutorias que contra la Iglesia promulga el odio -la historia es
testigo de ello- acaban casi siempre derogándose prudentemente, cuando
quedan evidenciados los daños que causan al propio Estado. La misma
historia moderna de Francia prueba este hecho histórico. ¡Ojalá que los
que en este momento ejercen el poder en Francia imiten en esta materia
el ejemplo de sus antecesores! ¡Ojalá que, con el aplauso de todas las
personas honradas, devuelvan pronto a la religión, creadora de la
civilización y fuente de prosperidad pública para los pueblos, el honor y
la libertad que le son debidos!
Acción del episcopado y del clero de Francia
Entretanto, y mientras dure la persecución opresora, los hijos de la Iglesia, revestidos de las armas de la luz [8],
deben trabajar con todas sus fuerzas por la justicia y la verdad: si
éste es siempre su deber, hoy día es más que nunca necesario [9]. En
esta lucha santa, vosotros, venerables hermanos, que debéis ser maestros
y guías de todos los demás, pondréis todo el ardor de aquel vigilante e
infatigable celo que en todo tiempo ha sido gloria universal del
episcopado francés. Sin embargo, Nos queremos que vuestra mayor
preocupación consista -es cosa de capital importancia- en que en todos
los proyectos que tracéis para la defensa de la Iglesia os esforcéis
por realizar la unión más perfecta de corazones y voluntades. Nos
tenemos el firme propósito de dirigiros, a su tiempo, la norma directiva
de vuestra labor en medio de las dificultades de la hora actual; y
tenemos la seguridad de que conformaréis con toda diligencia vuestra
conducta a nuestras normas. Entretanto, proseguid la obra saludable a
que estáis consagrados, de vigorizar todo lo posible la piedad de los
fieles; promoved y vulgarizad más y más las enseñanzas de la doctrina
cristiana; preservad a la grey que os está confiada de los errores
engañosos y de las seducciones corruptoras tan extensamente difundidas
hoy día; instruid, prevenid, estimulad y consolad a vuestro rebaño;
cumplid, en suma, todas las obligaciones propias de vuestro oficio
pastoral. En esta empresa tendréis siempre la colaboración infatigable
de vuestro clero, rico en hombres de valer por su virtud, su ciencia y
su adhesión a la Sede Apostólica, del cual sabemos que se halla siempre
dispuesto, bajo vuestra dirección, a sacrificarse sin reservas por el
triunfo de la Iglesia y la salvación, de las almas. Ciertamente, los
miembros del clero comprenderán que en esta tormentosa situación es
menester que se apropien los afectos que en otro tiempo tuvieron los
apóstoles, y sentirse contentos porque habían sido dignos de padecer
ultrajes por el nombre de Jesús. Por consiguiente, reivindicarán
enérgicamente los derechos y la libertad de la Iglesia, pero sin ofender
a nadie en esta defensa; antes bien, guardando cuidadosamente la
caridad, como conviene sobre todo a los ministros de Jesucristo,
responderán a la injuria con la justicia, a la contumacia con la
dulzura, a los malos tratos con positivos beneficios.
Conducta del laicado católico francés
A vosotros nos dirigimos ahora, católicos de Francia. Llegue a vosotros
nuestra palabra como testimonio de la tierna benevolencia con que no
cesamos de amar a vuestra patria y como consuelo en las terribles
calamidades que vais a experimentar. Conocéis muy bien el fin que se han
propuesto las sectas impías que os hacen doblar la cerviz bajo su yugo,
porque ellas mismas lo han declarado con cínica audacia: borrar el
catolicismo en Francia. Quieren arrancar radicalmente de vuestros
corazones la fe que colmó de gloria a vuestros padres; la fe que ha
hecho a vuestra patria próspera y grande entre las naciones; la fe que
os sostiene en las pruebas, conserva la tranquilidad y la paz en
vuestros hogares y os franquea el camino para la eterna felicidad. Bien
comprenderéis que tenéis el deber de consagraros a la defensa de vuestra
fe con todas las energías de vuestra alma; pero tened muy presente esta
advertencia: todos los esfuerzos y todos los trabajos resultarán
inútiles si pretendéis rechazar los asaltos del enemigo manteniendo
desunidas vuestras filas. Rechazad, por tanto, todos los gérmenes de
desunión, si existen entre vosotros, y procurad que la unidad de
pensamiento y la unidad en la acción sean tan grandes como se requiere
en hombres que pelean por una misma causa, máxime cuando esta causa es
de aquellas cuyo triunfo exige de todos el generoso sacrificio, si es
necesario, de cualquier parecer personal. Es totalmente necesario que
deis grandes ejemplos de abnegada virtud, si queréis, en la medida de
vuestras posibilidades, como es vuestra obligación, librar la religión
de vuestros mayores de los peligros en que actualmente se encuentra.
Mostrándoos de esta manera benévolos con los ministros de Dios, moveréis
al Señor a mostrarse cada vez más benigno con vosotros.
Dos condiciones necesarias
Pero, para iniciar dignamente y mantener útil y acertadamente la
defensa de la religión, os son necesarias principalmente dos
condiciones: primera, que ajustéis vuestra vida a los preceptos de la
ley cristiana con tanta fidelidad, que vuestra conducta y vuestra
moralidad sean una patente manifestación de la fe católica; segunda, que
permanezcáis estrechamente unidos con aquellos a quienes pertenece por
derecho propio velar por los intereses religiosos, es decir, con
vuestros sacerdotes, con vuestros obispos y, principalmente, con esta
Sede Apostólica, que es el centro sobre el que se apoya la fe católica y
la actividad adecuada a esta fe. Armados de este modo para la lucha,
salid sin miedo a la defensa de la Iglesia; pero procurad que vuestra
confianza descanse enteramente en Dios, cuya causa sostenéis, y, por
tanto, no ceséis de implorar su eficaz auxilio. Nos, por nuestra parte,
mientras dure este peligroso combate, estaremos con vosotros con el
pensamiento y con el corazón; participaremos de vuestros trabajos, de
vuestras tristezas, de vuestros padecimientos, y elevaremos nuestras
humildes y fervorosas oraciones al Dios que fundó y que conserva a su
Iglesia, para que se digne mirar a Francia con ojos de misericordia,
disipar la tormenta que se cierne sobre ella y devolverle pronto, por la
intercesión de María Inmaculada, el sosiego y lapaz.
Como
prenda de estos celestiales bienes y testimonio de nuestra especial
predilección, Nos impartimos a vosotros, venerables hermanos, a vuestro
clero y al pueblo francés la bendición apostólica.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de febrero de 1906, año tercero de nuestro pontificado. PÍO X.
NOTAS
[1]
Los jalones principales de esta política sectaria anticatólica fueron
los siguientes: Ley declarando obligatoria la instrucción laica en la
enseñanza primaria pública (28 marzo de 1882); Ley restableciendo el
divorcio (27 julio de 1884); Ley suprimiendo las oraciones públicas al
comenzar los periodos parlamentarios (14 agosto de 1884); Ley contra el
patrimonio de las Órdenes y Congregaciones religiosas (29 diciembre de
1884); Ley excluyendo de la enseñanza pública a los institutos
religiosos (30 octubre de 1886); Ley declarando obligatorio el servicio
militar de los clérigos (15 julio de 1889); Ley excluyendo del derecho
común a las Órdenes y Congregaciones religiosas (1 julio de 1901); Ley
de supresión de los Institutos religiosos dedicados a la enseñanza (17
julio de 1904).
En la alocución consistorial de 14 de
noviembre de 1904, San Pío X rechazó la acusación de que la Iglesia
hubiese violado el concordato con el Estado francés (ASS 37
[1904-1905], 1301-309). La Secretaría de Estado publicó con este motivo
una exposición documentada acerca de la ruptura unilateral de
relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno francés (ASS
37 [1904-1905], 136-43).
En un importante discurso, de 19 de
abril de 1909, a una peregrinación francesa, San Pío X, después de
subrayar la inalterable fidelidad de la Francia católica a la Cátedra de
Pedro y señalar que la Iglesia domina al mundo por ser esposa de
Jesucristo, se expresaba con los siguientes términos:
«El
que se revuelve contra la autoridad de la Iglesia con el injusto
pretexto de que la Iglesia invade los dominios del Estado, pone limites a
la verdad; el que la declara extranjera en una nación, declara al mismo
tiempo que la verdad debe ser extranjera en esa nación; el que teme que
la Iglesia debilite la libertad y la grandeza de un pueblo, está
obligado a defender que un pueblo puede ser grande y libre sin la
verdad. No, no puede pretender el amor un Estado, un Gobierno, sea el
que sea el nombre que se le dé, que, haciendo la guerra a la verdad,
ultraja lo que hay en el hombre de más sagrado. Podrá sostenerse por la
fuerza material, se le temerá bajo la amenaza del látigo, se le
aplaudirá por hipocresía, interés o servilismo, se le obedecerá, porque
la religión predica y ennoblece la sumisión a los poderes humanos,
supuesto que no exijan cosas contrarias a la santa a ley de Dios. Pero,
sí el cumplimiento de este deber respecto de los poderes humanos, en lo
que es compatible con el deber respecto de Dios, hace la obediencia más
meritoria, ésta no será por ello ni más tierna, ni más alegre, ni más
espontánea, y desde luego nunca podrá merecer el nombre de veneración y
de amor» (AAS 1 [1909], 407-410).
Puede establecerse un
cierto paralelismo, por las analogías intrínsecas de los supuestos
nacionales respectivos, entre la carta
Veheménter Nos, de San Pío X, al episcopado francés, y la carta
Dilectíssima Nobis, de Pío XI, al episcopado español con motivo de la legislación republicana persecutoria de la Iglesia.
[2] León XIII, Immortále Dei [6]: ASS 18 (1885) 166; AL 2, 152ss.
[3] Ibid.
[4]
Alocución de 13 de abril de 1888 a una peregrinación francesa. A lo
largo del año 1904, San Pío X reiteró sus avisos a los católicos de
Francia; véanse particularmente las alocuciones a una peregrinación de
obreros franceses católicos, 8 de septiembre de 1904 (ASS 37
[1904-1905], 150-154), y a una peregrinación de la archidiócesis de
París, 23 del mismo mes (ASS 37 [1904-1905], 231-235) y el Discurso de
15 de octubre de 1904 a la Asociación de Juristas Católicos de Francia
(ASS 37 [1904-1905], 359-361).
[5] Ef 4, 11 ss.
[6] Cf. Mt 28,18-20; 16,18-19; 18,17; Tt 2,15; 2 Cor 10,6; 13,10.
[7] San Cipriano, Epist. 33 (al. 18 Ad lapsos) 1: PL 4,298.
[8] Rom 13,12.
[9] En la carta dirigida al director de la
Revue Catholique des Institutions et du Droit
por la Secretaría de Estado con fecha 17 de enero de 1910 se exhortaba a
los juristas franceses a defender el derecho frente a la legislación
sectaria:
«En las
graves circunstancias en que se encuentra la católica Francia, cuando el
poder legislativo no es, por desgracia con demasiada frecuencia, en
manos de los que dominan, más que un instrumento de persecución, es
necesario que hombres que unan los principios religiosos inflexibles con
un conocimiento profundo de las cuestiones jurídicas puedan defender el
derecho con excesiva frecuencia desconocido, y por lo menos iluminar a
los que hacen las leyes, a los que las aplican y a los que las padecen»
(AAS 2 [1910], 191).
