Tomado de GUERRAS Y GEOPOLÍTICA.
CRISIS DE CEUTA – MIGRACIÓN, INTELIGENCIA Y LA AMENAZA DE UNA “MARCHA VERDE 2.0”
La crisis migratoria que estalló en la frontera de Ceuta durante la última semana ha dejado tras de sí un reguero de evidencias que apuntan a una operación orquestada por el Estado marroquí, y no a un movimiento espontáneo de migrantes. Se estima que entre 50.000 y 60.000 personas lograron cruzar o intentar cruzar hacia el enclave español, superando con creces la crisis de 2021, que rondó los 8.000 migrantes.
Existen numerosos vídeos verificados por medios como Newtral y geolocalizados en localidades como Ain Mulalzén (provincia de Tetuán) donde se observa a agentes de la Gendarmería Real marroquí abriendo puertas en la valla fronteriza, permaneciendo pasivos mientras camiones descargan a decenas de migrantes y señalándoles la dirección exacta hacia la frontera española. Además, fuentes del Mando General de la Guardia Civil, citadas por El Español, confirman que agentes de inteligencia marroquíes (Dirección general de Estudios y Documentación) se infiltraron entre la masa de migrantes y fueron detectados por las cámaras de vigilancia realizando labores de reconocimiento de las defensas del enclave: evaluando tiempos de respuesta, puntos ciegos de los sensores y vulnerabilidades de la valla.
La crisis actual no es un hecho aislado, sino la segunda fase de una estrategia documentada. En 2021, Marruecos relajó los controles fronterizos después de que España acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico. En 2026, el detonante ha sido las conversaciones energéticas de España con Argelia y su postura sobre el Sáhara Occidental, contraria a los intereses marroquíes. En ambos casos, se ha documentado la infiltración de agentes de inteligencia, lo que confirma un patrón recurrente.
Uno de los aspectos más reveladores del conflicto es la disparidad de reacciones internacionales ante acciones idénticas. Bielorrusia fue objeto de amplias sanciones de la UE y de un aislamiento diplomático total por supuestamente utilizar la migración como arma contra Polonia y Lituania. Marruecos, sin embargo, no enfrenta tales consecuencias por orquestar una oleada migratoria de mucha mayor escala contra un Estado miembro de la UE. La diferencia radica en su estatus geopolítico: Marruecos es socio estratégico de Estados Unidos (que reconoce su soberanía sobre el Sáhara Occidental) y de Israel (tras los Acuerdos de Abraham), lo que le otorga un margen de impunidad del que Bielorrusia, aislada, carece.
Más allá de la presión inmediata, existen indicios sólidos de que esta crisis forma parte de una estrategia de mayor alcance cuyo objetivo final es reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla. El precedente de la Marcha Verde de 1975, que forzó la retirada española del Sáhara Occidental mediante una presión civil masiva, ha sido invocado abiertamente por figuras influyentes como Michael Rubin, exasesor del Pentágono y analista del American Enterprise Institute, quien ha instado a Marruecos a organizar una “Marcha Verde 2.0” y ha pedido a EE.UU. que reconozca ambas ciudades como “territorio marroquí ocupado”. Estas declaraciones han ganado tracción en un contexto de tensiones entre España y la administración estadounidense por la postura crítica de Sánchez con Israel y su negativa a facilitar el uso de bases militares para la guerra contra Irán.
En este escenario, la crisis migratoria y la infiltración de agentes de inteligencia deben leerse como un “ensayo general”. Su misión era cartografiar las defensas de Ceuta: evaluar la capacidad de respuesta de la Guardia Civil, identificar puntos débiles en la valla y los sistemas de vigilancia, medir los tiempos de reacción de los refuerzos y recabar información sobre protocolos de interceptación. No solo sirvió como presión diplomática, sino también como operación de inteligencia táctica para preparar futuras acciones de mayor envergadura.
La reacción de España revela la fragilidad de su posición. La UE ha externalizado el control de sus fronteras a terceros países como Marruecos, pagándoles para que impidan las salidas, lo que crea una dependencia asimétrica: la seguridad de la frontera sur de Europa depende de la voluntad política de un actor externo. Las declaraciones oficiales españolas han evitado cualquier crítica directa a Rabat, optando por agradecer su “colaboración” en la repatriación, una postura criticada internamente como un sometimiento que valida la estrategia de presión marroquí. Si la UE no establece consecuencias claras, se sienta un precedente peligroso para otros actores como Turquía o Libia.
En definitiva, la crisis de Ceuta de 2026 no es un problema migratorio, sino un acto de geopolítica aplicada por parte de Marruecos que opera en tres capas: una presión migratoria visible para forzar a España a renegociar su postura sobre el Sáhara Occidental y su alianza con Argelia; una capa intermedia de pasividad de la Gendarmería que humilla a España al demostrar que Marruecos controla quién entra y quién no; y una capa oculta de infiltración de inteligencia para preparar futuras acciones de presión, incluida la eventualidad de una “Marcha Verde 2.0”. Marruecos, respaldado por EE.UU. e Israel, ha demostrado que puede utilizar la migración como arma de disuasión sin enfrentar consecuencias significativas. La pregunta no es si volverá a usar esta carta, sino cuándo y con qué intensidad.
