El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió cautelarmente el concurso convocado por la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España para la “resignificación” [= destrucción] del “Memorial de Cuelgamuros” (anterior Valle de los Caídos).
La medida fue tomada a raíz de la demanda interpuesta por los arquitectos José Ismael de la Barba Palacio, de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Benjamín José Cano Domínguez, quienes denuncia irregularidades en los pliegos del concurso toda vez que podría restringir la participación y favorecer ciertos enfoques ideológicos, lo que iría en contra de los principios de un proceso abierto y justo, y por una posible inejecutabilidad porque el solo concurso y la redacción del proyecto, que cuesta casi 4 millones de euros (y su realización otros 26 millones) requiere de intervenciones que «que no están previstas» en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del concurso.
Según la resolución, el Tribunal considera que los perjuicios derivados de continuar con el procedimiento mientras se resuelve el recurso podrían ser de difícil o imposible reparación habida cuenta que el Valle de los Caídos figura en el Plan General de Ordenación Urbana de San Lorenzo del Escorial como un predio “No Urbanizable especialmente protegido por su valor forestal” al ser parte de la Sierra de Guadarrama, por lo que acuerda paralizarlo de manera cautelar.
Si bien la medida cautelar no afecta al plazo para la presentación de ofertas (que concluye el próximo 16 de Junio), impide que continúe el procedimiento hasta que se dicte una resolución firme sobre el recurso, tal como establece el artículo 57.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
El régimen de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en el marco de su “Memoria Democrática”, presentó el 14 de Abril un proyecto para convertir en museo la Basílica de la Santa Cruz en el Valle de los Caídos, luego de lograr un acuerdo con el Secretario de Estado vaticano el cardenal Pietro Parolin Miotti (acuerdo al que se plegó el pleno de la Conferencia Episcopal Española). Y entre tanto, la inacción y mentira «con aplomo episcopal» de la presidenta pepé de la Comunidad autónoma de Madrid Isabel Díaz Ayuso para justificar el no declarar el Valle como Bien de Interés Cultural autonómico (lo cual tiene como facultad según la Constitución nacional, el Estatuto de Autonomía y la Ley Autonómica 3/2013 de Patrimonio Histórico) para luego, cuando Sánchez lo haga vía liquidación administrativa de la Fundación propietaria de la basílica, justificarse como Pilatos el gilipollas.
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