Un niño de dos años cuya edad de desarrollo los médicos estimaban en seis semanas se ha convertido en el primer menor al que se aplica la eutanasia en los Países Bajos al amparo de la regulación que, desde febrero de 2024, permite poner fin a la vida de niños de entre uno y doce años. Un médico acabó con su vida a petición de los padres, y el órgano encargado de revisar su actuación la ha dado por buena.
La Comisión de Evaluación de la Interrupción Tardía del Embarazo y la Terminación de la Vida en Recién Nacidos y Niños de 1 a 12 años (en neerlandés Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar) publicó el 9 de septiembre la resolución LK-2026-001, en la que concluye que el médico actuó con la diligencia debida. «Todas las facetas del “ser humano” en el ámbito de la motricidad, la conducta y la personalidad estaban gravemente afectadas, y esto no iba a mejorar», recoge el texto.
Según el documento, ni los padres ni el médico apreciaron mejoría alguna pese a todas las intervenciones médicas y no médicas, y estaban convencidos de que el niño sufría de forma insoportable y sin perspectivas.
Un daño cerebral extenso desde el nacimiento
El niño nació con solo 26 semanas de gestación durante unas vacaciones de la familia en el extranjero. Una resonancia magnética reveló después un daño cerebral extenso, y a los ocho meses los médicos le diagnosticaron un síndrome de espasmos epilépticos infantiles, conocido anteriormente como síndrome de West.
Cuando estaba a punto de cumplir dos años, su edad de desarrollo se estimaba en seis semanas. «No había ningún desarrollo verbal, y la discapacidad visual cerebral limitaba todavía más las posibilidades de cualquier contacto», señala la resolución. «A medida que las pruebas aportaban más claridad, y por el deterioro clínico visible del niño, los padres pidieron al médico que pusiera fin a la vida del niño».
Dos segundas opiniones enfrentadas
El médico recabó dos segundas opiniones fuera de su propia región. Los primeros facultativos del Centro de Apoyo a Médicos para Cuidados Paliativos Infantiles consultados concluyeron que «no existía una posibilidad real de mejora de la situación y se trataba de una situación irreversible», aunque discreparon del médico en un punto decisivo. «Estos médicos constataron que en ese momento no existía un sufrimiento insoportable continuo», indica la resolución. «Su conclusión fue que todavía había otras soluciones razonables, como opciones paliativas y alternativas farmacológicas, que posiblemente podían conducir a un mejor control de las crisis epilépticas».
El médico siguió la recomendación farmacológica, pero, según su versión, el niño sufrió más molestias por los efectos secundarios y el medicamento se retiró. La segunda opinión llegó a una conclusión distinta, pues entendió que no había forma razonable de reducir o eliminar el sufrimiento que no fuera poner fin a la vida del niño.
La comisión sostiene que, por la suma de patologías, las muy escasas posibilidades de tener experiencias vitales positivas y la expectativa real de un empeoramiento, el médico pudo llegar a la convicción de que existía un sufrimiento insoportable. Su presidenta, Polly van Dijk, declaró al programa de televisión Nieuwsuur que «hay que imaginarse que, como padre, uno tiene que decidir que para su propio hijo es mejor no seguir viviendo. Y también para el médico es una decisión muy difícil». Calificó el paso de los padres como una «decisión enormemente drástica».
Sedación y muerte
«Por deseo de los padres, el médico eligió el método en el que el niño fue llevado tranquilamente al sueño», prosigue la resolución. El médico inició la sedación con midazolam y morfina y administró después propofol y tiopental.
Poner fin a la vida de otra persona sigue siendo delito en los Países Bajos según los artículos 82a y 289 del Código Penal. El médico queda exento de pena únicamente por la causa de justificación del estado de necesidad prevista en el artículo 40. La resolución se ha remitido a la Fiscalía, que decidirá si ejerce la acción penal, aunque, según la propia autoridad, cuando la comisión considera diligente la actuación no hay «por regla general» motivo para abrir un procedimiento.
Críticas desde el ámbito cristiano
La Asociación de Pacientes de los Países Bajos (NPV), que ya se había pronunciado sobre el caso en junio, rechazó la decisión. «El elemento fundamental de la ley de eutanasia, es decir, la petición voluntaria y meditada, no es aplicable a los niños. Los niños son extremadamente vulnerables», afirmó la entidad. «Que otros decidan poner fin a la vida vulnerable es inaceptable y plantea cuestiones fundamentales sobre la protección y el valor de la vida vulnerable de cada persona».
Ya en octubre de 2020, cuando se anunció la regulación, el cardenal Willem Jacobo “Wim” Eijk, médico de profesión y responsable de ética médica de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, advirtió que «quien lleva a cabo la terminación activa de la vida a causa de una determinada forma de sufrimiento abandona el principio de que la vida es un valor esencial». Y añadía una pregunta. «La historia del debate sobre la eutanasia en los últimos cuarenta años muestra que los criterios para practicarla se han ido ampliando cada vez más. ¿No ocurrirá a la larga lo mismo con la eutanasia en niños?».
La Iglesia católica rechaza la eutanasia y el suicidio asistido como una grave violación del 5.º Mandamiento de la Ley de Dios y en contravía de la recta razón, y admite en cambio aceptar la muerte natural y un alivio adecuado del dolor, aunque este pueda acortar la vida. En el pasado, el cardenal Clemente Augusto von Galen condenó públicamente la “Aktion T-4”, la política de eutanasia de la Alemania Nazi.
