Respaldado por 314 votos a 291, el proyecto de ley de “(Fin de la vida de) Adultos con enfermedades terminales” de la diputada laborista Kim Michele Leadbeater irá ahora a la Cámara de los Lores para un mayor escrutinio (aunque ellos son reluctantes a rechazar de plano un proyecto aprobado por la Cámara de los Comunes, a donde deberá regresar toda enmienda al proyecto).
El proyecto (que derogaría la Ley de Suicidio de 1961) prevé que los enfermos terminales con atención primaria en Inglaterra y Gales en pleno uso de facultades cuya esperanza de sobrevida sea de seis meses o menos puedan ponerle fin a su vida con asistencia médica. Para ello, debe ser avalada la solicitud por dos médicos (con una distancia de siete días entre ambos avales), y un comité interdisciplinario conformado por un trabajador social, un asesor legal y un psiquiatra.
Se realizaron cambios al borrador original del proyecto de ley (presentado el pasado Noviembre) para incluir el nombramiento de defensores independientes para apoyar a las personas con discapacidades de aprendizaje, autismo o problemas de salud mental y la creación de una junta asesora sobre discapacidad; al tiempo que se excluyó la aprobación de la solicitud por un juez del Tribunal de Distrito. Y quedan pendientes los aspectos logísticos, como si el procedimiento o los servicios harán parte del Sistema Nacional de Salud o serán provistos por terceros.
La sinvergüenza Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales publicó la habitual débil declaración en contra del proyecto de ley. Se emocionaron diciendo que están “conmocionados” y “decepcionados” por la votación.
El arzobispón John Wilson de Southwark, escogió palabras más apropiadas:
«Esta es una semana terriblemente oscura en la historia británica, pues los parlamentarios votan a favor de una legislación que pone en peligro la vida de los niños no nacidos y promueve una legislación que pondrá en peligro a los adultos vulnerables y a los ancianos».
Añadió que, «independientemente de las creencias religiosas, se trata de una cuestión de justicia básica para cada vida humana».
Jen Craft, una representante laborista, se opuso al proyecto de ley de “suicidio asistido”. Ella habló sobre el impacto que podría tener en las personas con discapacidad. Su propia hija sufre de síndrome de Down. Una partera se ofreció de inmediato a organizar un aborto para ella dentro de las siguientes 48 horas. «Esta es una decisión que toman muchas mujeres porque ignoran el valor de las vidas discapacitadas», dijo.
Durante el debate, el político conservador británico y ex oficial del ejército Tom Tugendhat dijo lo que realmente está pasando: «La verdad es que esto no es una muerte asistida. Esto es asesinato asistido o suicidio asistido (dependiendo de qué término prefiera), pero el lenguaje es importante».
Tanni Grey-Thompson, diputada con discapacidad y medallista paralímpica, afirmó en entrevista a Sky News que nadie necesita morir de forma terrible si tiene acceso a cuidados paliativos especializados.
«Estoy realmente preocupada porque a las personas con discapacidad, debido al coste de la salud y la asistencia social, se les quita esa opción, y la única opción que les queda es terminar con sus vidas», dijo. Opinión similar a la de la diputada laborista Pam Duncan-Glancy, que fue la primera usuaria de silla de ruedas elegida para el Parlamento de Escocia por el distrito de Glasgow.
El médico Gordon Macdonald, director del grupo “Care not kill”, señaló que los diputados no tuvieron tiempo suficiente para analizar el proyecto a detalle:
«Los parlamentarios tuvieron menos de 10 horas para considerar más de 130 enmiendas al proyecto de ley, o menos de cinco minutos por cambio. ¿Alguien cree que este tiempo es suficiente para considerar cambios a un proyecto de ley que, literalmente, es una cuestión de vida o muerte?».
Por ahora, el proyecto solo abarca Inglaterra y Gales. En Escocia, si bien se aprobó en una votación inicial el pasado Mayo, le faltan otras dos sesiones en el Parlamento escocés.
Por su parte, la Isla de Man, una Dependencia de la Corona británica en el Mar de Irlanda, se convirtió en el primer lugar de las Islas Británicas en aprobar un proyecto de ley de muerte asistida, que permite a los adultos con enfermedades terminales con un pronóstico de 12 meses o menos elegir poner fin a sus vidas. La ley, aprobada por el Tinvaal (Asamblea en manés, el idioma local) en Marzo, será implementada en 2027, previo Asentimiento Real por el vicegobernador de la Isla (representante del monarca británico en cuanto Señor de Man). Y en la bailía de Jersey (ídem, pero en el Canal de la Mancha), la Asamblea de los Estados de Jersey respaldó en Mayo de 2024 un plan para asistencia en morir a enfermos con “sufrimiento insoportable”, y se espera que se redacte el proyecto de ley antes de Noviembre. De recibir el Asentimiento Real por el Muy Honorable Consejo Privado de Su Majestad en Londres, se implementará en el verano de 2027.
El “suicidio asistido” está legalizado/despenalizado en Suiza (que fue el primer país del mundo en legalizarlo, en 1942), Colombia (1997), Países Bajos y Bélgica (ambos en 2002), Luxemburgo (2009), Canadá (2016), Nueva Zelanda (2019), España (2021), Austria (2022), Cuba (2023) y Ecuador (2024), como también en los estados estadounidenses de Oregón (1997), Washington, Montana (ambos en 2009), Vermont (2013), California, Colorado (ambas en 2016), Distrito de Columbia (2017), Maine, Nueva Jersey y Hawái (los tres en 2019), y Nuevo México (2021); y los estados australianos de Victoria (2019), Australia Occidental (2021), Queensland (2022), Tasmania, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional (los tres en 2023). Países Bajos y Canadá tienen las leyes más liberales sobre la cuestión, permitiendo incluso la eutanasia en enfermedades no terminales (la famosa “pendiente resbaladiza”), lo que ha generado mayor controversia.
