DOS DE PRESBÍTEROS ESPAÑOLES

Noticias tomadas de distintas fuentes.

   

1.º PRESBÍTERO DE CÁDIZ ENJUICIADO POR MALVERSACIÓN DE FONDOS.

   

El pasado Octubre, el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España condenó por los delitos de administración desleal y sustracción de bienes eclesiásticos a Antonio Casado Delgado, un presbítero de la diócesis de Cádiz y Ceuta (“instalado” el 12 de Junio de 1993 por Juan Pablo II Wojtyła).

  

Casado, de 62 años de edad y oriundo de Sevilla, malversó 352.528,61 euros de la parroquia Divino Salvador de Vejer de la Frontera entre los años 2014 y 2018 a través de diferentes movimientos bancarios efectuados a su favor desde las cuentas de la iglesia.

La sentencia dispuso que Casado deberá restituir la cantidad sustraída a la parroquia afectada. Además, fue sentenciado a la prohibición de tres años para ejercer el ministerio ordenado, así como una prohibición indefinida para ocupar cualquier cargo administrativo que implique el manejo de bienes eclesiásticos.

Con la sentencia canónica ya dictada, el juicio civil sigue su curso y el presbítero ha declarado esta semana en la Audiencia de Cádiz.

Según recoge Diario de Cádiz, la Fiscalía pide para él ocho años de cárcel y devolver la cantidad sustraída. Además, pide seis años contra Miguela Domingo Centeno, doctora en Derecho, como “colaboradora necesaria” del desvío por Casado.

   

Mientas tanto, el presbítero asegura haber sido víctima de una extorsión durante el proceso de adopción de un menor de Guinea Ecuatorial, país donde estuvo como misionero “donum Fídei” entre 1996 y 2005 y ejerció como capellán del orfanato Nuestra Señora de la Almudena en Santa Isabel de Malabo, la capital, que gestionaban las Hermanas Misioneras de María Inmaculada.

  

En su declaración, el único hijo de Pedro y Juana que fuera párroco del Divino Salvador de Vejer desde el año 2012 hasta 2018, se defendió excusándose en que el párroco anterior, Balbino Reguera Díaz (fallecido en 2021) le dijo que no tenía que dar explicaciones al obispado sobre lo que hacía con el dinero de esa «parroquia rica». De ahí que efectuase más de un centenar de transferencias a su favor, que alcanzaron un valor superior a los 244.000 euros y a las que después siguieron otras transacciones similares dirigidas a Domingo, a quien conoció cuando esta formaba parte de una delegación de la Universidad de Alcalá de Henares enviada de visita a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.

Casado aseguró que contaba con el aval del obispón Antonio Ceballos Atienza (antecesor de Rafael Zornoza), para usar esos fondos pero no había nada por escrito. La Fiscalía preguntó por otras múltiples transferencias realizadas a su cuenta bancaria personal desde otras cuentas vinculadas a la parroquia hasta alcanzar el medio millón de euros. Antonio Casado insistió en que todo ese dinero fue a gastos de adopción del menor guineano.

  

Ante la pregunta de porqué siguió haciéndose transferencias desde la cuenta de la parroquia a la suya entre los años 2014 y 2018 cuando el proceso de adopción ya había finalizado salió por la tangente al responder que «me paralizó el miedo».

En todo este turbio asunto económico, el presbítero asegura que se gastó medio millón de euros de los feligreses de Vejer porque le amenazaron a través de correos electrónicos diciéndole que si no entregaba el dinero le iban a quitar al niño. Él no puso nada de su parte por percatarse si era real esos correos que le llegaban. Según él, su obligación era «proteger al niño» a costa del cepillo de los feligreses.

Antonio Casado solo respondió a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía y se acogió a su derecho a no declarar ante las preguntas de la acusación particular que ejerce la diócesis de Cádiz.

  

2.º PRESBÍTERO EXDEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, DETENIDO POR PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL.

   

José Chamizo de la Rubia, un presbítero de 76 años de edad  y exdefensor del Pueblo Andaluz, fue detenido en Sevilla ayer 19 de marzo de 2025 por una presunta agresión sexual contra cuatro jóvenes migrantes mayores de edad, según medios locales.

Tras comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, quedó en libertad sin medidas cautelares tras acogerse a no declarar según consejo de sus abogados, José Luis Fernández de Pedro y Javier Gimeno Puche.

  

La denuncia proviene de Samuel Chaves Díaz, un antiguo responsable de la fundación Sevilla Acoge, quien acusa a Chamizo de abusos a jóvenes mayores de 20 años entre 2022 y 2023. Chamizo atribuye la denuncia a una «lucha de poder interna» dentro de la fundación, relacionada con la dirección de la misma bajo criterios que él no compartía, y señala a sus detractores de tener «una actitud casi mafiosa».

  

El proceso aún está en etapa de instrucción, y está la posibilidad de un juicio canónico. Según la Policía Nacional, hay tres detenidos más.

  

Oriundo del municipio gaditano de Los Barrios (donde su padre Emilio Chamizo Vilches, veterinario de profesión y andalucista por ideología, fue alcalde entre 1976 y 1979) y licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, “Pepe” o “Chami”, como le conocen (“instalado” presbítero en 1978 por el obispón Antonio Dorado Soto), fue Defensor del Pueblo andaluz entre 1996 y 2013, año en el que fue destituido después de decir el año anterior en el Parlamento local: «La gente está muy cabreada con ustedes, no sé si lo saben. Está muy enfadada porque los ven todo el día en la peleíta. La gente está hasta el gorro de todos ustedes».

  

Además de su labor en Sevilla Acoge (donde fue presidente en 2018), fundó al poco de salir del cargo de Defensor del Pueblo la Asociación Voluntarios por Otro Mundo, una oenegé dedicada a asistir a menores migrantes e indigentes presos en España. Por su labor en la lucha contra el narcotráfico en su comarca, fue reconocido como Hijo Predilecto de Los Barrios en 1994, y diez años después recibió idéntica distinción por la Provincia de Cádiz; además de sendos doctorados Honóris Causa por la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Cádiz.

En 2015, se lanzó a las primarias para el Senado de Andalucía por el partido Podemos, lo cual generó opiniones divididas en la dirección regional del mismo (encabezada por la entonces diputada y secretaria general regional María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez); y fue asesor de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) en las elecciones autonómicas.

  

No sería la primera acusación contra el “Cura dandy rojo” (nunca aceptó el mote de “cura obrero” por el escritor Antonio Burgos Belinchón): en 2012, fue acusado de haber tenido conocimiento del escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía desde mucho antes de que este estallara en 2010.