El arzobispón de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, se pronunció sobre el proyecto de construcción de una mezquita en la ciudad en una rueda de prensa celebrada el viernes.
Imitando al obispón auxiliar de Toledo García Magán once meses antes, Sáiz Meneses citó el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 16 de la Constitución española y la declaración “Dignitátis Humánæ” del Concilio Vaticano II, haciendo hincapié en que la libertad religiosa es un derecho tanto universal como constitucional. Añadió que estos derechos deben ejercer «de acuerdo con la legislación estatal, autonómica y local, y de acuerdo con la normativa municipal de cada ciudad».
Sus declaraciones se producen después de que el Ayuntamiento de Sevilla haya aplazado la decisión sobre la licencia de obras del proyecto promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla para levantar un complejo islámico en el Polígono Sur, en el número 1 de la calle Victoria Domínguez Cerrato, en la confluencia con las calles Torcuato Luca de Tena, Poeta Manuel Benítez Carrasco y la Ronda Nuestra Señora de la Oliva, junto al parque José Celestino Mutis, a la espera de informes técnicos y jurídicos adicionales tras las objeciones planteadas por el partido político Vox como quiera que el uso principal previsto para el edificio sería el de lugar de culto y no el de centro sociocultural, lo que, a su juicio, podría tener consecuencias sobre su encaje urbanístico. Un día antes, el alcalde de Sevilla, el pepé José Luis Sanz Ruiz, había dicho que el proyecto cumplía las normas urbanísticas.
Es de advertir que en Sevilla hay 63 comunidades y asociaciones religiosas oficialmente registradas, de las cuales 45 son protestantes. Sed contra, no hay ni una sola iglesia en Arabia Saudita; y las que hay en Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos no son distinguibles de cualquier otro edificio.
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En otras historias, aparente y alegadamente, se reportaron ruidos extraños y sacudidas en el suelo de la capilla de San Ildefonso en la Catedral Primada de Toledo mientras Sáiz Meneses hacía esa declaración. Se cree que era el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo y primado de las Españas (que “instaló” presbítero a Sáiz Meneses el 15 de julio de 1984), quien se revolcaba en su tumba protestando por el respaldo que Sáiz Meneses dió a la Constitución a la que él mismo se opuso.


En su calidad de Consejero de Estado, el cardenal González Martín redactó una carta pastoral sobre la futura Constitución del 6 de Diciembre de 1978 en la que aseguraba que esta contenía cinco graves «omisiones, ambigüedades y fórmulas peligrosas» que la conferencia episcopal presidida por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón no mencionó en su carta:
ResponderEliminar1.º Exclusión del nombre de Dios en una nación de bautizados.
2.º Falta de referencia a la ley natural, con lo que las leyes quedan a merced de los poderes públicos.
3.º Falta de garantías para la libertad de enseñanza y de seguridad a los padres para la formación religiosa de sus hijos.
4.º Falta de tutela para los valores de la familia y del matrimonio, abriendo las puertas del divorcio.
5.º Omisión del veto explícito al aborto.
Esta carta pastoral fue apoyada y suscrita por otros ocho obispos, denominados la «gloriosa minoría»: Segundo García de Sierra y Méndez (arzobispo de Burgos); Pablo Barrachina y Estevan (obispo de Orihuela-Alicante); Demetrio Mansilla Reoyo (obispo de Ciudad Rodrigo); José María Guerra Campos (obispo de Cuenca, y coautor de la carta); Ángel Temiño Sáiz (obispo de Orense); Laureano Castán Lacoma (obispo de Sigüenza-Guadalajara); Luis Franco Cascón C. Ss. R. (obispo de San Cristóbal de la Laguna o Tenerife); y Francisco Peralta Ballabriga (administrador apostólico sede vacánte de Vitoria).
http://docentes.educacion.navarra.es/mzubicob/const1978obispos.htm