El Boulé de los Helenos (Parlamento griego) ha aprobado una reforma legal que introduce penas de cárcel de hasta diez años para quienes faciliten la entrada irregular de inmigrantes en Grecia, una medida que afecta de forma directa a activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, según informó la agencia Euro EFE.
La nueva norma, titulada “Promoción de políticas de migración legal”, fue impulsada por el gobierno del primer ministro Ciriaco Mitsotákis Giannoukou y salió adelante con los votos del partido gobernante, Nueva Democracia, frente al rechazo de los partidos de la oposición.
La nueva legislación establece sanciones agravadas cuando la ayuda a la inmigración ilegal se realice de manera profesional, con ánimo de lucro o en el marco de una ONG (sobre la cual la nueva ley limitó la financiación estatal al 30% de su presupuesto operativo). En estos casos, además de las penas de prisión (que pueden llegar a cadena perpetua), se contemplan multas económicas de más de 50.000 euros y otras medidas administrativas como la pérdida de los contratos con el Estado griego.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que permite excluir del registro oficial a una organización no gubernamental cuando uno de sus miembros sea imputado —aunque no condenado— por facilitar la entrada ilegal de inmigrantes, lo que impediría a dicha entidad operar legalmente en territorio griego.
Desde el Ejecutivo se ha defendido que la ley pretende reforzar el control fronterizo y combatir las redes de tráfico de personas que operan en el Mediterráneo oriental. El ministro de Migración, Atanasio “Thanos” Plevris Lytra (hijo del político y escritor nacionalista Constantino “Costas” Plevris), subrayó en el debate legislativo que quienes participan en programas financiados con fondos públicos tienen una responsabilidad añadida en el cumplimiento estricto de la legalidad. «Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas», dijo.
El Gobierno sostiene que la reforma busca diferenciar la acción humanitaria legítima de aquellas prácticas que, bajo cobertura asociativa, contribuyen a la inmigración ilegal y a la actividad de las mafias.
Los partidos de izquierda como el Movimiento Socialista Panhelénico (PAKOC), la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) y el Partido Comunista Griego, y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Grecia acusaron al gobierno de criminalizar a la sociedad civil y de introducir un marco legal que, a su juicio, puede disuadir la acción de organizaciones dedicadas a la ayuda a migrantes. También han denunciado que la pertenencia a una oenegé se convierta en un elemento agravante en el ámbito penal.
La aprobación de la ley se produce en un contexto de fuerte debate político sobre la inmigración y el papel de las oenegés en un país que ha sido una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea en los últimos años para inmigrantes ilegales procedentes en su mayoría desde países como Pakistán, Bangladés y Egipto y que desembarcan en la isla de Creta y otras áreas del territorio insular.
Apenas el 3 de Enero, una lancha rápida cargada de inmigrantes colisionó con un buque de la Guardia Costera frente a la isla de Quíos, incidente que causó quince muertes y 25 heridos. Y tres semanas antes, el Tribunal de Apelación de Casos Penales del Egeo Septentrional en la isla de Lesbos absolvió a 24 voluntarios de la oenegé griega “Centro Internacional de Respuesta a Emergencias” (ERCI), tras siete años de proceso por trata de personas, pertenencia a organización criminal, facilitación de la entrada de nacionales de terceros países en Grecia, espionaje y blanqueo de capitales en el periodo 2016 a 2021. Entre los exculpados están el alemán de ascendencia vietnamita Seán Binder y su pareja Sarah Mardini, quien había llegado a Grecia en 2015 desde Turquía huyendo de la guerra civil siria, y protagonizó una serie de Netflix en 2018.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo griego, que combina el endurecimiento de las penas contra la inmigración y permanencia ilegales (penada está última desde el año pasado con hasta cinco años de cárcel) con medidas orientadas a facilitar la llegada de trabajadores extranjeros por vías legales, especialmente en sectores con escasez de mano de obra como el turismo, la agricultura y la construcción.
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