Luego de un proceso penal canónico delegado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe al superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa Abascal, el presbítero jesuita Francesc “Cesc”/“Chesco” Peris Boixeda, de 84 años, acusado de abusos tanto en España como en Bolivia, fue reducido al estado seglar y expulsado de la Compañía de Jesús, de acuerdo con un comunicado de su provincia española.
Según recoge el diario El País (que reveló en 2023 las acusaciones contra Peris), la decisión fue tomada después que la justicia seglar española declarase la prescripción extintiva de la acción penal en su contra por los delitos cometidos durante su estadía en el colegio Caspe.
Con todo, al ser un proceso de primera instancia, Peris conserva la posibilidad de interponer recursos contra la resolución de expulsión y laicización, que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe delegó en Sosa Abascal.
Las acusaciones contra Peris abarcan hechos abusivos cometidos entre 1974 y 2005 en España y Bolivia, afectando al menos a 22 menores.
Una de las víctimas relató haber sufrido abusos cuando tenía 14 años y era interna en el colegio Juan XXIII de Cochabamba en 1983. Peris regresó posteriormente a Barcelona y continuó vinculado al colegio Caspe de los jesuitas hasta 2004, cuando abusó de una menor de 14 años que participaba en una excursión de Semana Santa a Zuriza, en el valle de Ansó (Huesca). La adolescente contó lo sucedido a sus padres, que trasladaron el caso a la dirección del colegio.
A mediados de 2005, Peris fue apartado por lo que entonces fueron descrito como «conductas inapropiadas» y destinado a actividades con adultos.
En su comunicado, la Compañía reconoce también fallos en la manera en que respondió a las denuncias.
«La Compañía lamenta profundamente el mal causado y asume su responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado», señala, al tiempo que expresa «reconocimiento a las víctimas por haber tenido la valentía y el coraje de denunciar los abusos sufridos, lo que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad».
Aún así, en virtud de un acuerdo con la Provincia de España, Peris seguirá viviendo en la residencia de los jesuitas sometido a «seguimiento y supervisión constante» y sujeto a estrictas normas de conducta como son la prohibición de mantener contacto con menores o adultos vulnerables, abandonar la residencia sin autorización expresa, ponerse en contacto con víctimas o recibir visitas sin permiso.
Queda, sin embargo, el silencio de la provincia jesuita de Bolivia, país donde al menos una docena de jesuitas españoles (la mayoría fallecidos) están acusados de abusar de al menos medio millar, y donde, en Mayo de 2026, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ratificó la condena a un año de prisión contra los exprovinciales catalanes Marcos Recolons Arquer y Ramón Alaix Busquets, condenados por encubrir los crímenes de Alfonso “Pica” Pedrajas Moreno SJ († 2009).
El pasado mes de Mayo, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) acusó al enviado del DDF Jordi Bertomeu Farnós de dividir y silenciar a las asociaciones de víctimas mediante “actividades formativas” que en realidad buscan un “control de daño reputacional” a la Compañía y al Vaticano.
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