¿“TUCHO” A PARO POR TERCO Y BRUTO?

Su cara lo dice todo…

El columnista Guido Horst del semanario alemán Die Tagepost señaló en una columna el viernes 30 de Octubre que el prefecto de la Doctrina de la Fe Víctor Manuel “Tucho Besucón” Fernández Martinelli se niega reiteradamente a que el Dicasterio para los Textos Legislativos (encabezado actualmente por el arzobispón australiano Anthony Randazzo Di Losa, sucesor del italiano Filippo Iannone O. Carm.) corrija el gazapo canónico en que incurre en su decreto de “excomunión” (actualmente recurrida) contra la Fraternidad Sacerdotal San Pío X al anular con una “Nota explicativa” los dos decretos de Francisco Bergoglio otorgándoles licencia para confesar y presenciar matrimonios, y estaría arriesgándose a que su superior León XIV Riggitano-Prévost intervenga.

  

  

TRADUCCIÓN 

¿EXCOMULGADOS?

Los textos con los que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe respondió a las consagraciones episcopales de la Fraternidad San Pío X son defectuosos. Pero al prefecto parece no importarle.

 

Por Guido Horst

30 de Octubre de 2026.

    

En realidad, es evidente que el decreto por el cual el Dicasterio para la Doctrina de la Fe estableció la pena de excomunión el 2 de julio tras las consagraciones episcopales ilícitas de la Fraternidad San Pío X contiene graves defectos, o, como se dice con mayor claridad en los círculos vaticanos, «está escrito con los pies». La cuestión no reside inicialmente en el decreto en sí, por el cual la autoridad curial encabezada por el cardenal Víctor Manuel Fernández certificó que el obispo ordenante, Alfonso de Galarreta, y los cuatro obispos consagrados, Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Mare Hanappier, se habían excluido “ipso facto” de la comunión con la Iglesia. Esta pena también se impuso al obispo Bernard Fellay, puesto que había participado en la ordenación el día anterior en Écône (Suiza), y por lo tanto «participó públicamente en el acto cismático».

    

Sin embargo, incluso la advertencia del decreto a clérigos y laicos para que no se unan al cisma de la Sociedad de San Pío X, ya que de lo contrario también podrían enfrentar la pena de excomunión, deja margen para diferentes interpretaciones. ¿Acaso la participación de un creyente en una misa en la capilla de la Fraternidad constituye ya una expresión de un acto cismático consciente y declarado públicamente? El decreto deja esta cuestión abierta.

  

Las debilidades de la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe se hacen evidentes en la nota explicativa adjunta al decreto, que aclara las consecuencias de la excomunión. En ella se afirma que los ministros ordenados de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X administran ilegítimamente los sacramentos y que el sacramento de la Penitencia que administran, así como la ceremonia matrimonial que ofician, son inválidos. La mayoría de los canonistas, tanto de los dicasterios romanos como de las universidades pontificias, coinciden en este punto: el Dicasterio para la Doctrina de la Fe distingue, de manera bastante superficial, entre los dos sacramentos. El hecho de que los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X pudieran anteriormente oír confesiones y conceder la absolución, y que también estuvieran autorizados a celebrar bodas en la iglesia, proviene de dos ocasiones completamente diferentes.

   

En el caso de la confesión, fue el Papa Francisco quien, con vistas al Año Santo de la Misericordia, en la Carta Apostólica “Misericórdiæ Vultus” de 2015, abrió la posibilidad a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X de administrar el Sacramento de la Reconciliación, y extendió este permiso indefinidamente en la Carta Apostólica “Misericórdia et Mísera” de noviembre de 2016.

   

Mucho antes, en marzo de 2017, una carta de la comisión entonces encabezada por el cardenal Gerhard Müller, Ecclesia Dei, a los obispos locales autorizó a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, en casos individuales, a asistir en ceremonias matrimoniales y a celebrar la Misa en bodas. Sin embargo, este permiso también contaba con la aprobación papal: Francisco había aprobado la carta en audiencia y ordenado su publicación, como se indicaba explícitamente al final de la misma.

   

Y aquí reside el quid de la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del 2 de julio: una autoridad curial subordinada como la encabezada por el Cardenal Fernández no puede simplemente anular lo que un papa ha ordenado, y ciertamente no en una simple nota que, al igual que el propio decreto, no lleva el sello de aprobación papal, es decir, no ha sido aprobada ni autorizada para su publicación por el papa reinante.

   

El primer canonista en exponer públicamente esta deficiencia fue el arzobispo español Juan Ignacio Arrieta, secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos hasta junio de 2026, queda relevado de la obligación de ejercer la discreción necesaria como jefe interino de la Curia. El 18 de julio, declaró a la publicación católica en línea AdVaticanum: «Estos sacerdotes recibieron la autorización para confesar mediante decreto papal, y se requiere un decreto del mismo tipo para revocarla».

   

Dado que lo mismo se aplica a la dispensa matrimonial concedida por el Papa Francisco, el Dicasterio para los Textos Legislativos ya ha tenido que intervenir y explicar a un nuncio en un país con una fuerte presencia de la Fraternidad San Pío X [¿Francia tal vez?, N. del T.] que la explicación publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no indica que dicha declaración haya sido aprobada por el Papa con la intención de anular o desviarse de las disposiciones contenidas en la carta de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei del 27 de marzo de 2017. Al menos, así lo citó un servicio francés en línea.

   

Han transcurrido casi cuatro meses desde que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió su declaración, y no se ha hecho nada para subsanar las deficiencias de los textos que emanan del despacho del Cardenal Fernández. Este es un tema de conversación en Roma, y ​​en el sitio web de noticias estadounidense “The Pillar”, el cofundador Ed Condon especuló: «Mientras el Papa León XIV continúa su reforma gradual de la Curia Romana, se esperaba que el actual Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, permaneciera en el cargo al menos hasta el final de su mandato de cinco años, previsto para concluir en 2028. El hecho de que su Dicasterio, más de tres meses después de las consagraciones de la Fraternidad San Pío X, aún no haya aclarado las consecuencias fundamentales del cisma de la Fraternidad, probablemente contribuirá a intensificar los llamamientos para un cambio más rápido».

   

Según ha podido saber Die Tagespost, el Dicasterio para los Textos Legislativos ha intentado en varias ocasiones resolver las ambigüedades con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, el cardenal Fernández parece reacio a hacerlo, lo que podría llevar al papa León XIV a intervenir.

Si le sumamos a que él mismo admite en una entrevista concedida nueve días antes de esta columna a Javier Arias Lucas en el portal español Religión Confidencial que su mamotreto “Veníte ad Me” (que contradice incluso a la exhortación wojtiliana “Catechési Tradéndæ”; y tiene el grosero error –sobre todo para alguien como él que ha presidido muchas vigilias pascuales– de decir que el Cirio pascual se pone “sobre” el altar en vez de “al lado” dél) no despierta el más mínimo interés y que pidió ayuda a la Secretaría de Estado para darle mayor difusión, podría concluirse que Riggitano-Prévost lo eyecte de su cargo antes del 2028 (cuando nominalmente terminaría su prefectura). A esperar cómo transcurren los acontecimientos…