SOROS MANIPULANDO JUECES Y FISCALES

Por Luca Volontè para la NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA. Traducción tomada de INFOVATICANA.

  

LAS MANIOBRAS DE SOROS PARA MONOPOLIZAR A LOS JUECES

El «filántropo» se ha gastado 40 millones de euros para elegir a 75 fiscales progresistas en Estados Unidos: esa es la acusación que le dirige el Law Enforcement Legal Defense Fund. Influencia indebida que va de la mano de la influencia en el Tribunal Europeo. Predican una sociedad inclusiva y abierta, pero solo para ellos y sus amigos.

  

  

George Soros se ha gastado 40 millones de dólares en la última década para elegir a 75 fiscales progresistas: esa es la acusación del último informe del Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF, Fondo de Defensa Legal para las Fuerzas de la Ley) contra el «filántropo» de la «sociedad abierta liberal».

   

Según el estudio publicado el pasado junio, estos llamados «fiscales progresistas» presiden «jurisdicciones en las que viven más de uno de cada cinco estadounidenses (alrededor del 22% de la población, o 72 millones), y 25 de los 50 municipios más poblados de Estados Unidos se encuentran entre sus jurisdicciones de competencia». De 2018 a 2021, Soros se ha gastado 13 millones de dólares solo en la elección de 10 fiscales, y en algunos casos su financiación ascendió al 90% del gasto electoral total. A fecha de junio de 2022, cuando se publicó el informe del LELDF, Soros se había gastado más de 40 millones de dólares en campañas electorales directas para la elección de fiscales en la última década.

    

Entre ellos se encuentran George Gascon, el polémico fiscal de distrito de Los Ángeles; Larry Krasner, el fiscal de distrito de Filadelfia; pero también ese Alvin Bragg de Nueva York que desde hace unas semanas está involucrado, por casualidad, en la acusación del caso de delitos fiscales contra Donald Trump; hace un año la investigación parecía haber terminado en un punto muerto. La influencia de estos fiscales en el sistema judicial y en la seguridad pública es aún mayor si se tiene en cuenta el volumen de delitos; de hecho, en 2021, más del 40% (más de 9.000) de los aproximadamente 22.500 homicidios en Estados Unidos se produjeron en zonas supervisadas por estos fiscales. Estas jurisdicciones representaron más de un tercio de todos los delitos violentos y contra la propiedad que tuvieron lugar en 2021.

    

Tradicionalmente, las elecciones a fiscal de distrito habían sido un «asunto tranquilo», escriben los autores; «los candidatos gastaban muy poco en sus campañas, tratando en cambio de conseguir apoyos locales y mejorar sus cualificaciones jurídicas». Pero con la aparición en escena del «liberal Soros» y su corriente de «justicia social», la situación ha cambiado y han fluido millones de dólares para las campañas electorales en esta competición a las segundas vueltas. El escandaloso y antiliberal «control de Soros» sobre la justicia estadounidense, que ha vuelto a salir a la luz en las últimas semanas, cuando Soros fue uno de los patrocinadores millonarios que llevaron a la victoria electoral de Janet Protasiewicz, la candidata pro-aborto y LGBTI, en el Tribunal Supremo de Wisconsin, ha resurgido en los últimos días.

    

Una organización sin ánimo de lucro de extrema izquierda, acusada de ponerse del lado de los delincuentes y de operar dentro de las fiscalías locales, está financiada casi en su totalidad por organismos del gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia. El «Vera Institute of Justice», organización sin ánimo de lucro vinculada a Soros, ha recibido 290 millones de dólares del gobierno federal en los últimos 12 meses por su trabajo en el ámbito de la inmigración ilegal y el sistema de justicia penal. Si los contratos actuales se prorrogan durante los próximos cuatro años, los desembolsos podrían superar los mil millones de dólares. La organización, según las investigaciones periodísticas que ha realizado FoxNews, quiere, por un lado, reducir los sistemas de control en el sistema «penal y migratorio» y, por el otro, otro apoya el desarme de la policía, trabajando con fiscalías «amigas» o «sensibles a la justicia social» para domesticar artificialmente las «disparidades raciales» en las decisiones de procesar a los delincuentes, con el fin de demoler un sistema judicial «racista». «El sistema de justicia penal ha sido un instrumento de opresión racial y control social… Como actores poderosos del sistema, los fiscales tienen la responsabilidad de trabajar para corregir este impacto», ha afirmado recientemente el Vera Institute.

    

¿Le parece que está leyendo algo parecido a la misión moralizadora de los magistrados tan frecuente en la Europa continental? Sí, el mismo espíritu anima a muchos magistrados del Tribunal Supremo de Derechos Humanos a los que, cualquier ciudadano europeo, debería poder mirar con esperanza y deseo de justicia. Recordarán que hace tres años escribíamos en La Bussola sobre la investigación acerca del conflicto de intereses y la impresionante cantidad de decisiones «falsas» que surgieron de la conmixtión entre al menos 18 jueces y ONG respaldadas por Soros. Pues bien, gracias a una nueva investigación del ECLJ de Gregor Puppinck, publicada recientemente y retomada por varios órganos de la prensa internacional, se ha podido comprobar que las decisiones del Tribunal para evitar conflictos de intereses, como ya se puso de manifiesto en años anteriores, han fracasado y «en los últimos tres años se han producido al menos otras 54 situaciones de conflicto de intereses, 18 de las cuales atañen a sentencias de la Gran Sala (última instancia), así como a casos de nepotismo, serias dudas sobre la veracidad de los currículos de algunos jueces, falta de transparencia de la secretaría… todo ello fruto de la indebida y permanente influencia que la Open Society de Soros y sus organizaciones ejercen sobre el Tribunal Europeo, en particular sobre 12 de los 46 jueces del TEDH».

    

Ante esta evidencia desconcertante hay que preguntarse si los filántropos y los movimientos liberal-progresistas que luchan por una sociedad más inclusiva y abierta no quieren, en realidad, controlar todos los poderes del Estado democrático, empezando por el judicial, con jueces armados para golpear a los opositores y amnistiar a sus amigos.