Noticia tomada de MÉDIAS PRESSE.
NUEVE DE LOS PRINCIPALES BANCOS ESTADOUNIDENSES CERRARON CUENTAS PERTENECIENTES A GRUPOS PROVIDA Y CRISTIANOS
La Oficina del Contralor de la Moneda [equivalente en sus funciones a la Superintendencia Financiera, la Autoridad de Supervisión Financiera, el Mecanismo Único de Supervisión europeo o el Banco Central en otros países, N. del T.] revisó cerca de 100.000 quejas y decenas de miles de documentos internos de JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo y otras cinco entidades. Varios de los bancos más grandes de Estados Unidos cerraron cuentas y restringieron servicios a organizaciones provida y grupos cristianos después de que circularan entre las instituciones financieras documentos de la administración Biden que los calificaban de “grupos de odio”.
En 2024, la administración Biden intentó suspender los servicios bancarios a grupos provida, conservadores y cristianos, incluyéndolos en una lista de “grupo de odio”. Esta lista incluía a destacadas organizaciones cristianas conservadoras como la Alianza de Defensa de la Libertad y el Consejo de Investigación sobre la Familia. Una nueva investigación sobre este asunto ha revelado hallazgos impactantes.
Se examinaron cerca de 100.000 quejas.
El informe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), titulado “Garantizar servicios bancarios justos para todos los estadounidenses”, examinó cerca de 100.000 quejas y decenas de miles de documentos internos, con fecha entre 2020 y septiembre de 2025, de JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, US Bank, Capital One, PNC, TD Bank y BMO Bank.
La investigación reveló políticas que negaban o restringían el acceso a los servicios bancarios por motivos políticos, religiosos o sociales. Para justificar estas políticas, los bancos alegaron un “riesgo de daño reputacional” relacionado con la administración Biden, la cobertura mediática negativa, las protestas, grupos de presión de izquierda como el Centro para la Ley de la Pobreza Sureña (SPLC) y posibles presiones regulatorias. Los bancos atacaron a organizaciones cristianas por sus posturas sobre el aborto, los derechos LGBTQ+ y los valores familiares tradicionales.
Revelando casos especiales
WePay, filial de JPMorgan Chase, cerró la cuenta de una organización religiosa después de que el SPLC la calificara de “grupo de odio extremista”. Memorandos internos la describían como una «organización religiosa conservadora, sin fines de lucro y de derecha con posturas fuertemente anti-LGBTQ». WePay también cerró la cuenta de un cristiano practicante que financiaba una demanda contra las leyes antidiscriminación.
PNC se negó a otorgar una línea de crédito a una empresa de telecomunicaciones, en parte porque uno de sus propietarios financiaba a grupos cristianos conservadores que el SPLC había calificado de grupos de odio. Mientras tanto, Wells Fargo presionó a un proveedor de servicios de pago para que dejara de trabajar con una organización religiosa sin fines de lucro debido a su postura sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Financiamiento del sectarismo”
Todas estas acciones tuvieron lugar tras la publicación de un informe titulado “Financiamiento de la intolerancia: una visión general de las estrategias de financiación en línea de los grupos de odio estadounidenses”. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro lo envió por correo electrónico a ejecutivos de los principales bancos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank.
Según las designaciones del SPLC, este informe señaló a organizaciones provida y cristianas, como la Alianza de Defensa de la Libertad, Consejo de la Libertad, el Consejo de Investigación sobre la Familia, el Instituto Ruth y el Colegio Estadounidense de Pediatras, junto con grupos nacionalistas blancos, supremacistas blancos y negacionistas del Holocausto. Instó a las plataformas a restringir el acceso y recomendó que el Congreso considerara revocar sus exenciones fiscales.
“Prueba irrefutable” de discriminación contra los provida y los cristianos.
El Contralor de la Moneda, Jonathan V. Gould, afirmó que los hallazgos proporcionan «pruebas irrefutables de que los bancos más grandes del país han negado servicios, cerrado cuentas y discriminado a clientes y empresas legítimas».
Mark Paoletta, director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), declaró: «Es indignante que estos bancos hayan atacado a consumidores estadounidenses por sus creencias políticas, sociales o religiosas, que no coincidían con las de la administración Biden ni con las de sus aliados de izquierda. Muchas de las víctimas eran simpatizantes del presidente Trump. Estos métodos brutales son inaceptables en Estados Unidos». La CFPB ha abierto una investigación sobre posibles violaciones de las leyes federales de protección financiera del consumidor.
Esta revisión surge a raíz de un decreto presidencial firmado por Donald Trump el 7 de agosto de 2025, que establece: «Ningún estadounidense podrá ser privado del acceso a servicios financieros por sus creencias, afiliaciones u opiniones políticas protegidas por la Constitución o por la ley». Los bancos se basaron en las designaciones del SPLC para tomar sus decisiones. Posteriormente, el SPLC fue acusado por las autoridades federales de fraude y lavado de dinero, y el director del FBI, Kash Patel, lo calificó de “campaña de desprestigio partidista”.
La respuesta de JPMorgan fue insuficiente
Un portavoz de JPMorgan Chase declaró en relación con el caso de WePay: «Un proceso utilizado por WePay, una pequeña empresa tecnológica que adquirimos hace varios años y de la que ya no operamos, no cumplía con nuestros estándares. Lo detectamos, lo corregimos y dicha empresa ya no está en funcionamiento». El portavoz añadió: «Nuestras políticas prohíben la discriminación contra los clientes por motivos de creencias políticas o religiosas».
La OCC consideró insuficientes las reformas exigidas por los bancos y señaló que ninguno de ellos había reconocido plenamente «el uso de las finanzas como arma contra los trabajadores estadounidenses».
Las conclusiones del informe también muestran cómo las organizaciones que defendieron con éxito la libertad de expresión y la libertad religiosa en los tribunales, al tiempo que abogaban por los niños no nacidos, fueron tratadas como si fueran organizaciones extremistas violentas, lo que provocó el cierre de las cuentas que utilizaban para financiar su labor legal.
Por lo tanto, parece que estos métodos tiránicos que privan a organizaciones e individuos de sus cuentas bancarias por razones ideológicas no solo existen en Europa.
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