CUANDO LOS OBISPOS FRANCESES CONDENARON LA LAICIDAD COMO «UN DESPRECIO ABSOLUTO A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO»

El 10 de Marzo de 1925, la Asamblea de Cardenales y Arzobispos de Francia (precursora de la Conferencia Episcopal Francesa) publicó una Declaración contra las llamadas leyes de laicidad que habían sido promulgadas e impuestas por la Tercera República francesa (sistema imperante desde la caída de Napoleón III en 1870 hasta la ocupación de 1940), a saber pero no exclusivamente:

• Las leyes Jules Ferry de gratuidad (16 de Junio de 1881) y obligatoriedad de la educación primaria pública (28 de Marzo de 1882), que imponían la laicidad en la educación. A ella se sumaba la ley Goblet (30 de Octubre de 1886), que permitía solamente maestros laicos en las escuelas primarias públicas (que debían ser egresados de escuelas normalistas, creadas por la ley Paul Bert del 9 de Agosto de 1879): los maestros que fueran clérigos debían dejar su puesto en un plazo de cinco años, aunque para las maestras no se fijaba ninguno (incluso, había escuelas dirigidas por monjas en 1914).
• La ley de secularización de los cementerios del 14 de Noviembre de 1881 que creó los cementerios neutros; y seis años después, con la ley del 15 de Noviembre, se levantaron las restricciones a los funerales civiles y permitió la cremación. Años después, la ley del 28 de Diciembre de 1904 establece el monopolio municipal para los entierros.
• La ley del 12 de Julio de 1880, que suprime el descanso dominical excepto para los funcionarios públicos.
• La ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa, que abroga el delito de ofensa a la moral religiosa.
• La laicización de los hospitales, que expulsaba a los capellanes y sustituía a las monjas por enfermeras, además de eliminar los nombres católicos de los hospitales.
• Las medidas de laicización del espacio público, como la eliminación de los crucifijos de las paredes de hospitales, escuelas y tribunales; la restricción de procesiones y manifestaciones religiosas fuera de los templos, y del porte de la sotana en la calle.
• La ley de 1883 que prohíbe rendir los honores militares dentro de un edificio religioso.
• La ley del 14 de Agosto de 1884, que suprime la oración antes de las sesiones parlamentarias consagrada en el artículo primero de la Ley constitucional del 16 de Julio de 1875.
• La ley Naquet del 27 de Julio de 1884, que no reconoce otro matrimonio que el civil y regula el divorcio; o la ley Freycinet de 15 de Julio de 1889, que obligaba a los miembros del clero a cumplir con su deber militar.
• La ley Waldeck-Rousseau de Asociaciones de 1901, la Ley de supresión de congregaciones de enseñanza de 1904 (cuyo antecedente inmediato fueron los decretos Freycinet y Lepère del 29 de Marzo de 1880 que respectivamente disolvían la Compañía de Jesús y daba a las demás el término de tres meses para registrarse ante el Estado so pena de disolución) y la Ley de Separación Iglesia-Estado de 1905 (que abrogaba unilateralmente el Concordato de 1801) de Émile Combes (quien había sido seminarista y llegó a recibir la tonsura antes de hacerse ateo y masón)

que representaron el ápice anticatólico de la Tercera República y que el gobierno de Édouard Herriot (que había alcanzado el poder el año anterior, pero que caería el 10 de Abril en medio del escándalo de las cuentas falsificadas del Banco de Francia) pretendía reforzar e imponer sobre la Alsacia-Mosela recién adquirida del desmantelado Imperio alemán tras ganar (de arrimados y habiendo corrido en su propio patio, huelga decir) la Gran Guerra europea.

La laïcité (traducible como laicidad) es un principio fundamental de la Constitución francesa (incidentalmente, fue consagrado solamente en el preámbulo de la Constitución de 1946 y en su artículo primero —que fue Ctrl+C, Ctrl+V en la ídem de 1958—),  que resume las ideas de laicismo y la separación entre Iglesia y Estado. De hecho, el mismo gobierno francés dice que la Ley del 24 de Agosto de 2021 ratifica la laicidad como fundamento de la República, y erige el 9 de Diciembre como el día conmemorativo de esta.

Se trata de un concepto agresivo, ya que gira fundamentalmente en torno a la «libertad» de la esfera pública frente a la influencia de la Iglesia Católica, como explica la Declaración que figura a continuación. Hoy en día, estas leyes se invocan con frecuencia para impedir ciertas expresiones públicas de la religión islámica —¡incluida la modestia en la playa o en las piscinas!—, pero siguen constituyendo un obstáculo para la Iglesia y una barrera que impide a la autoridad civil cumplir con sus deberes para con Dios y la verdadera religión.

En su momento, el padre Teótimo de San Justo (en el siglo Joannès Rodéry) OFM Cap., autor de La realeza social de Cristo según el cardenal Pie, dijo respecto de esta declaración de los obispos:

«Desde la Primera Guerra Mundial, la cuestión de la realeza social ha experimentado un progreso inmenso. Ha calado hondo en nuestro pueblo, y cientos de miles de firmas francesas piden al Papa que establezca una fiesta litúrgica que celebre la realeza social del Sagrado Corazón en todo el universo.

  

Desde un punto de vista doctrinal, la cuestión alcanzó su punto culminante en la “Declaración de los Cardenales y Arzobispos de Francia sobre las llamadas Leyes del Secularismo”.

   

Esta espléndida declaración, una verdadera carta de liberación, una luminosa contraparte de la oscura y sacrílega Declaración de los Derechos del Hombre, es, desde el Concilio Vaticano I, el acontecimiento espiritual más importante de nuestro tiempo. En nuestra opinión, es el último paso doctrinal antes de la condena suprema del secularismo y la proclamación solemne del dogma de la realeza social de Jesucristo por un Concilio General» (Prólogo a la segunda edición, pág. 11).

La Declaración (redactada mayormente por Fray Marie-Albert Janvier OP, capellán de la Unión de Bellas Artes Católicas y asistente del arzobispo Jean-Arthur Chollet de Cambray), además de condenar el laicismo como antesala y sinónimo del ateísmo de Estado, afirma que es “muy deseable” que los “publicistas y conferenciantes” católicos sean “formados y preparados seriamente”, y que “en particular estudien los tratados sobre la fe, la Iglesia y el Estado” a fin de combatirlo. Es posible que se trate de una referencia a los comentarios del Cardenal Pie, citados en la obra ya mencionada.

«Si una buena facultad de teología —dijo— reclutara cada año a diez o doce estudiantes laicos de diversas partes de Francia, si estos vinieran a estudiar un buen curso de filosofía según Santo Tomás, un curso de derecho natural, un curso de derecho social cristiano y derecho eclesiástico, el país se transformaría.

En diez años, cien estudiantes habrían recibido esta formación, e incluso si la mitad no la aprovechara —pues debemos prever fracasos—, los demás aportarían a las funciones del Estado y a las profesiones liberales, para gran beneficio del país, este conocimiento que hoy solo poseen los sacerdotes y del que nadie más tiene idea. Veinte o treinta hombres distinguidos, versados ​​en la ciencia del derecho, respaldados por los principios de los que la Iglesia ha sido la única depositaria, tendrían una enorme influencia, ya sea en una asamblea nacional o en la gestión de diversos cargos públicos».

La Declaración también reprocha la idea y tentación (que aún hoy se mantiene en muchos católicos) de que es aceptable votar por un candidato que represente el “mal menor”. En algunos casos, esta costumbre ha convertido la aceptabilidad en obligación.

   

«En la mente de estos hombres serios», afirman los prelados, «la teoría del mal menor, llevada al extremo, nos ha traído derrotas y desgracias cada vez más irreparables, que podríamos haber evitado, al menos en parte, con una actitud más firme». Por el contrario, los cardenales y arzobispos de Francia reconocen abiertamente la legitimidad de que los católicos, como bloque electoral, reciban instrucciones para negarse a votar por candidatos que puedan parecer un mal menor, a menos que sean verdaderamente «adversarios del laicismo».

La Declaración también pone de manifiesto la centralidad de la doctrina de la “Realeza Social” de Cristo, presentada en la encíclica Quas Primas por el Papa Pío XI tan solo unos meses después de este documento, y el deber de los católicos en propagarla y defenderla.

El padre Teótimo añade, refiriéndose tanto a la Declaración como a su propio libro:

«Los católicos franceses que han admirado y apreciado este documento incomparable [la Declaración] ahora conocen su deber. Las páginas doctrinales que les presentamos les ayudarán a comprenderlo aún mejor y a cumplirlo sin falta» (P. Teótimo, loc. cit.).

Simplemente comparar esta Declaración (que hoy presentamos en su traducción al español) con el elogio a la “laicidad” que hicieron y hacen el Vaticano II y sus falsos papas (ejemplo el más reciente, el elogio del “Gato Bob” a la Revolución durante su viaje a Francia).

El que tenga inteligencia, que razone.

  

Rvdo. P. JORGE RONDÓN SANTOS S. Ch. R.

29 de Septiembre de 2026 (Año Santo de Cristo Rey).

Fiesta de San Miguel Arcángel.

Declaración de la Asamblea de Cardenales y Arzobispos de Francia sobre las llamadas leyes de laicidad y sobre las medidas que deben adoptarse para combatirlas.

I. La injusticia de las leyes de laicidad

1. Las leyes de laicidad son injustas, ante todo, porque son contrarias a los derechos formales de Dios. Proceden del ateísmo y conducen a él en el ámbito individual, familiar, social, político, nacional e internacional. Presupone el desprecio total de Nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio. Tienden a sustituir al verdadero Dios por meros ídolos (libertad, solidaridad, humanidad, ciencia, etc.); a descristianizar todas las vidas y todas las instituciones. Quienes inauguraron su reinado, quienes lo han fortalecido, extendido e impuesto, no han tenido otro propósito. Por ello, son obra de impiedad, expresión de la más culpable de las injusticias, así como la religión católica es expresión de la justicia suprema.

2. Además, son injustas porque atentan contra nuestros intereses temporales y espirituales. Analicémoslas: no hay una sola que no nos afecte de inmediato en nuestros bienes terrenales y sobrenaturales.

• Las leyes de educación privan a los padres de la libertad que les corresponde y los obligan a pagar dos impuestos: uno para la instrucción oficial y otro para la instrucción cristiana; al mismo tiempo, engañan la inteligencia de los niños, pervierten su voluntad y distorsionan su conciencia.
• La ley de separación nos despoja de los bienes que nos eran necesarios y pone mil obstáculos en el camino de nuestro ministerio sacerdotal, sin mencionar que implica la ruptura oficial, pública y escandalosa de la sociedad con la Iglesia, con la religión y con Dios.
• La ley de divorcio separa a los cónyuges, da lugar a procedimientos legales sensacionalistas que humillan y degradan a las familias, divide y entristece al niño, vuelve los matrimonios parcial o totalmente estériles y, además, autoriza jurídicamente el adulterio.
• La secularización de los hospitales priva a los enfermos de ese cuidado devoto y desinteresado que solo la religión inspira, de los consuelos sobrenaturales que aliviarían sus sufrimientos, y los expone a morir sin los sacramentos.

Estas consideraciones podrían desarrollarse indefinidamente, ampliándose a ellas y demostrando que el laicismo , en todos los ámbitos, es fatal para el bien público y privado.

De esto se deduce que las leyes de laicidad no son leyes. Solo tienen el nombre de ley, un nombre usurpado; no son sino corrupciones de la ley, actos de violencia más que leyes, como dice Santo Tomás: «Son actos de violencia más que leyes» (Suma Teológica, parte II-Iæ, cuestión 96, art. 4.º). Aun si nos perjudicaran únicamente en el plano temporal, en sí mismas no nos obligarían en conciencia: «Tales leyes (es decir, leyes contrarias al bien humano) no son vinculantes ante el tribunal de la conciencia» (ibíd.).

Pero puesto que las leyes del laicismo atacan los derechos de Dios; puesto que atentan contra nuestros intereses espirituales; puesto que, habiendo arruinado los principios esenciales sobre los que se asienta la sociedad, son enemigas de la verdadera religión que nos manda reconocer y adorar, en todo ámbito, a Dios y a su Cristo, a adherirnos a sus enseñanzas, a someternos a sus mandamientos y a salvar nuestras almas a toda costa, no nos está permitido obedecerlas; tenemos el derecho y el deber de combatirlas y de exigir su abolición por todos los medios honestos: «Las leyes pueden ser injustas por ser contrarias al bien divino, como las leyes tiránicas que inducen a la idolatría o a cualquier otra cosa que vaya en contra de la ley divina; y tales leyes no están permitidas de ninguna manera, porque, como se dice en Hechos 5, “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres”» (Ibid.).

II. Medidas que deben adoptarse para combatir las leyes de laicidad

Hay dos enfoques.

El primero consistiría en no enfrentarse directamente a los legisladores seculares, sino en intentar apaciguarlos y obtener de ellos que, tras aplicar sus leyes con moderación, las dejen caer en desuso. Es posible que, con ciertos hombres en el poder y menos hostiles, este método tenga alguna posibilidad de éxito. Existen casos históricos donde ha funcionado. Además, tendría la ventaja de no exasperar a los adversarios ni provocar medidas aún más formidables por estar motivadas por un sentimiento más irritado. Sin embargo, este enfoque presenta varias desventajas graves:

1. Esto deja las leyes vigentes. Suponiendo que uno o varios ministerios las utilicen con benevolencia, o dejen de usarlas contra los católicos, corresponderá a un nuevo gobierno rescatarlas del olvido y restaurar su vigor y eficacia. Este peligro no es imaginario, pues en nuestra época el poder pasa continuamente de un partido relativamente tolerante a uno extremista. Basta con que el primero se haya mostrado algo conciliador para que el segundo, por reacción, no muestre la menor consideración hacia nosotros. Durante años hemos presenciado este vaivén de persecución religiosa que, en el fondo, siempre ha ido a peor. Acostumbra a las mentes, incluso a las de los católicos sinceros, a considerar las leyes del laicismo como justas, como compatibles con la religión; favorece a aquellos hombres que, oscilando perpetuamente entre el laicismo y el catolicismo, están dispuestos a hacer cualquier concesión con tal de ganar votos tanto de la derecha como de la izquierda, de acceder a un ministerio, y que, intentando solo atenuar algunos efectos del laicismo, dejan intacto su principio y, en la práctica, sacrifican casi por completo el catolicismo en su aras de él. Se dirá que una actitud conciliadora nos ha granjeado ciertos favores. ¡Pequeñas ventajas si se considera la inmensa corriente de error que invade las almas y las lleva a la apostasía! ¡Pequeñas ventajas que nos encadenan y nos impiden reaccionar contra nuestros adversarios!
2. Las leyes más perjudiciales siguen vigentes, independientemente de las intenciones de los sucesivos ministerios. Durante los períodos de aparente calma en los que depositamos demasiada confianza, las escuelas ateas funcionaban sin interrupción; se preparaban expedientes contra las Órdenes Religiosas y la apropiación de bienes eclesiásticos se lleva a cabo de forma sigilosa y segura.
3. Esta política alienta a nuestros adversarios, quienes, contando con nuestra resignación y pasividad, cometen cada día nuevas afrentas contra la Iglesia. En resumen, las leyes de laicidad se han multiplicado hasta el punto de reducir cada día más el reconocimiento del dominio divino sobre nosotros y el alcance de nuestros derechos y libertades. Estas reflexiones impactarán profundamente a cualquiera que recuerde la serie de leyes de las que somos víctimas, a cualquiera que invoque el testimonio de la historia del último medio siglo.

Por ello, la mayoría de los católicos verdaderamente comprometidos con su fe piden que se adopte una actitud más combativa y enérgica. Piden que, en todo terreno y en todas las regiones del país, se declare abierta y unánimemente la guerra contra el laicismo y sus principios, hasta la abolición de las leyes inicuas que de él emanan; y que, para lograrlo, se empleen todas las armas legítimas.

III. Medios a emplear

Estos medios se pueden reducir a tres:

1. Actuar en función de la opinión
2. Medidas contra los legisladores
3. Medidas contra el gobierno.

1. Medidas basadas en la opinión

La acción basada en la opinión se ejercerá mediante la propagación de la verdad; mediante la denuncia de los prejuicios que desvían al pueblo al cegarlo; y mediante manifestaciones externas.

a. La propaganda será fructífera si es perseverante; si, todos de acuerdo, los católicos de todas partes hacen sonar la misma nota de reprobación contra las injusticias de la legislación, es decir, la neutralidad (mendaz además e imposible) y la laicidad de la educación, el sistema escolar unificado (école unique), el divorcio, el despojo del clero, el ostracismo de las Congregaciones, el ateísmo del Estado y de las instituciones domésticas, sociales, caritativas y políticas; si las cartas episcopales, los boletines diocesanos, los boletines parroquiales, las revistas, la prensa, los carteles, las conferencias y los catecismos transmiten el mismo mensaje.

Tras haber demostrado que los individuos, las familias y las naciones deben a Dios y a Nuestro Señor un culto oficial, interior y exterior; una sumisión de la inteligencia, de la voluntad y de la actividad, será necesario exponer las ventajas temporales que la religión católica aporta en todos los ámbitos, y los innumerables males que las leyes del laicismo provocan en este sentido. Por ejemplo, los enemigos del flagelo de la despoblación son la fe en otra vida y en un Juez Supremo, la educación y la moral cristianas, la doctrina evangélica del matrimonio y de su indisolubilidad; la incredulidad, la escuela secular y el divorcio son sus cómplices. Ninguna ley es tan favorable a la educación de las mentes y los corazones jóvenes como la ley cristiana, mientras que la ciencia y la moral han sufrido gravemente al romper con la Iglesia.

La aplicación de las leyes de laicidad le ha costado a Francia miles de millones de francos que podrían haberse ahorrado, que podrían haber servido para socorrer a los desfavorecidos, aumentar la riqueza y las reservas del país y asegurarle un creciente prestigio en el extranjero. A pesar de estos gastos ruinosos, los enfermos, los huérfanos, los pobres y los ancianos han sido aún peor atendidos. ¿Qué ha sido, bajo el régimen del laicismo, de la imparcialidad de los tribunales, de la libertad de los individuos, de las familias, de los funcionarios, de los magistrados, de los maestros, de los empleados públicos, de los moribundos; de la participación de los mejores ciudadanos en los cargos públicos, de la justicia conmutativa o distributiva, de las relaciones entre clases, de la unidad, de la paz interna, de la conciencia profesional, etc.? León XIII volvió a menudo a estas consideraciones que conmueven a la multitud.

b. También sería necesario desbaratar los prejuicios que desvían a la gente, cegándola. He aquí algunos de ellos:

• La ley, justa o injusta, es la ley; uno está obligado a obedecerla. Las leyes de laicidad son intocables (mientras que otras pueden cambiarse, y los Parlamentos dedican su vida a modificarlas).
• Atacar las leyes seculares es atacar la República (como si la legislación y la Constitución no fueran entidades distintas; como si los republicanos menos sospechosos no atacaran las mismas leyes que ellos mismos han votado, e incluso la Constitución de la que son autores). Lo cierto es que los católicos siempre deben combatir el laicismo, sea cual sea el régimen —monárquico o republicano— que lo haya instaurado.
• La religión y la política deben separarse (cuando en realidad no deben separarse; deben distinguirse y reconciliarse).
• La religión es un asunto privado (pero también un asunto doméstico y público. La sociedad, al igual que el individuo, le debe adoración y culto al verdadero Dios).
• La religión no tiene nada que ver con la política (si bien la religión deja a cada persona la libertad de ser republicana, monárquica o imperialista, porque estas diversas formas de gobierno son compatibles con ella, no le deja la libertad de ser socialista, comunista o anarquista, pues estas tres sectas son condenadas por la razón y por la Iglesia. Salvo circunstancias particulares, los católicos están obligados a servir lealmente a los gobiernos de facto mientras estos trabajen por el bien temporal y espiritual de sus súbditos, mas no les está permitido apoyar medidas injustas o impías adoptadas por los gobiernos; están obligados a recordar que la política, al ser parte de la moral, está sujeta, como la moral, a la razón, a la religión y a Dios).

De manera análoga, deben refutarse los demás prejuicios difundidos entre la población.

Vinculada a esta acción de influencia en la opinión pública mediante la propaganda, se encuentra la cuestión de los publicistas y conferenciantes. Es muy deseable que estos se formen y preparen con rigor; que no se conformen con fórmulas universales (generália non movent, las generalidades no mueven) ni con frases vagas y vacías, sino que demuestren precisión, competencia, contundencia y claridad; y que, en particular, estudien los tratados sobre la fe, la Iglesia y el Estado.

c. Acción basada en la opinión pública mediante manifestaciones externas. — En este asunto, la prudencia nos aconseja seguir sus preceptos, evitar la imprudencia y tomar todas las precauciones necesarias. Pero es indudable que las manifestaciones externas, bien preparadas, impresionarán a la multitud, dándole una idea —que desconoce— de nuestro número, nuestra unidad, nuestro poder y la firme determinación con la que reclamaremos nuestros derechos hasta la victoria. «La opinión pública», dijo recientemente uno de nuestros cardenales, «apoya a quienes luchan con valentía». Ella abandona a quienes se abandonan a sí mismos.

2. Medidas contra los legisladores

Esta acción puede dar lugar a resultados positivos.

a. Mediante peticiones enviadas a los diputados y senadores de cada distrito. Sería conveniente que estas peticiones provinieran de todo tipo de grupos: grupos de padres de familia, de excombatientes, de jóvenes católicos, de trabajadores ferroviarios, de viudas de guerra; de ligas de mujeres católicas, de las personalidades más destacadas de la banca, la industria, el comercio, etc. Estas peticiones se dirigirían a todos los parlamentarios, sin excepción, y si un ministro pertenecía al distrito, se procuraría enviarle estas protestas y demandas.

b. Ciertas personalidades influyentes quisieran ir más allá y exhortar a todos los católicos a no votar por candidatos que no sean, ni en teoría ni en la práctica, adversarios del laicismo ni de las instituciones neutrales. En opinión de estos hombres serios, la teoría del mal menor, llevada al extremo, nos ha traído derrotas y desgracias cada vez más irreparables, que podríamos haber evitado, al menos en parte, con una actitud más firme.

3. Medidas contra el Gobierno

Lo que conmueve a la opinión pública y a las cámaras legislativas llega, precisamente por eso, al gobierno, pero también es necesario abordarlo directamente. Socialistas, comunistas, funcionarios, obreros y comerciantes nos dan el ejemplo. Cuando una ley o un decreto les disgusta o les perjudica, no consideran suficientes las interpelaciones de sus representantes en la Cámara o el Senado: se dirigen directamente al poder. Acuden en masa a las puertas de los ayuntamientos, las prefecturas y los ministerios; envían protestas, delegaciones y ultimátos a los detentadores del poder; multiplican sus gestiones, e incluso sus huelgas; asedian y hostigan al gobierno, que casi siempre termina cediendo a sus demandas. ¿Por qué, en la medida en que nos lo permiten nuestra moral, nuestra dignidad y nuestro amor por la paz —fundados en la justicia y la caridad—, no deberíamos imitarlos para borrar de nuestro código las leyes que, según las contundentes palabras de uno de nuestros obispos, nos están llevando “del laicismo al paganismo”?

Sin duda, la tarea es inmensa y difícil, pero la virtud de la fortaleza consiste en afrontar obstáculos y desafiar el peligro. Además, contamos con tropas cuyo número y valentía igualan al menos al de otros grupos, pues multitud de cristianos —contando solo a los fervientes y activos— anhelan unirse a la batalla. Nuestros cuadros —parroquias, diócesis, provincias eclesiásticas— están preparados. Lo que ha faltado hasta ahora entre los católicos es unidad, concentración, armonía y organización de esfuerzos. ¿Acaso no tendrán la suficiente abnegación para formar un cuerpo compacto que trabaje en conjunto bajo la dirección de sus superiores jerárquicos? Se dirá que esta actitud nos expone a despiadadas contraofensivas de nuestros adversarios. Esto no es seguro; y, en cualquier caso, ¿a qué calamidades no nos expone la actitud opuesta? ¿Qué futuro nos espera si, satisfechos con una leve y artificial relajación de la tensión, nos dormimos? Quizás nunca en cincuenta años la hora haya parecido tan propicia; Dejar pasar la oportunidad sin aprovecharla sería una traición a la Providencia.

París, 10 de Marzo de 1925.