La prefecta [= gobernadora, N. del T.] de los Altos Pirineos, Sibylle Samoyault Verlet prohibió so pena de multa la peregrinación del Distrito de Francia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X programada para el 24 y 25 de Octubre so pretexto de “riesgo terrorista”, informó MÉDIAS PRESSE.
En el decreto prefectoral 65-2026-10-20-00005 firmado a 20 de Octubre (y poco después, la página web institucional de la prefectura –y las de otras instituciones francesas– se puso SOSPECHOSAMENTE “bajo mantenimiento”), la hija del conservador de arte Jean-Pierre Samoyault y Colombe Verlet cita «la amenaza terrorista, la gran visibilidad de las procesiones en espacios públicos y las medidas de seguridad necesarias para su gestión» como razones para la prohibición de la peregrinación.
Las dos procesiones (procesión con antorchas el sábado 24; y procesión y bendición con el Santísimo Sacramento el domingo 25) por las calles de Lourdes fueron objeto de una declaración presentada el 27 de Agosto de 2026 en la prefectura por el padre Loïc Duverger, Primer Asistente del Superior del Distrito de Francia de la FSSPX.
En su orden (que hace copia-pega de un decreto similar emitido por su antecesor inmediato Jean Salomon en Diciembre de 2024), la prefecta justifica esta prohibición por diversas consideraciones relacionadas con la seguridad pública por las protestas contra el régimen Macron, y afirma que prefiere las procesiones dentro del santuario, aunque sabe muy bien esa cenutria que el obispón Jean-Marc Micas PSS de Tarbes y Lourdes prohibió que la FSSPX y sus fieles fueran a rezar públicamente en el santuario mariano aduciendo las consagraciones episcopales del 1 de Julio y la “excomunión” del día siguiente (que ha sido recurrida por la Fraternidad).
El semanario local Hautes-Pyrénées señala que «la decisión se produce tras conversaciones entre representantes de la Sociedad de San Pío X y los servicios de la prefectura» y que «se prevén sanciones en caso de incumplimiento», como penas de hasta seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros para los organizadores, y multa de contravención para los participantes.
Hasta el momento, la FSSPX no ha presentado ningún recurso ante el Ministro del Interior ni ante la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos de París, ni tampoco se ha iniciado ningún recurso judicial, que podría haberse interpuesto ante el tribunal administrativo de Pau.
Y en cuanto al obispón Micas, no se ha pronunciado sobre esta restricción a la “libertad religiosa” (pero su institución que él representa como supervisor de circuito tampoco tiene autoridad moral para hacerlo, pues la declaración Dignitátis Humánæ del Vaticano II dice en sus párrafos 2 a 4 que este “derecho” «realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana» está sujeto en su ejercicio a «las justas exigencias del orden público», que son fijadas por los políticos de turno). Y no lo hará: se trata de la Frater.
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