CINCO DE PRESBÍTEROS ABUSADORES

Noticias tomadas de distintas fuentes:

   

1.º EL SALVADOR: CONDENADOS DOS PRESBÍTEROS POR ABUSO DE MENORES (UNO DE ELLOS EN AUSENCIA).

      

El presbítero Víctor Manuel de Jesús Campos Alvarenga (derecha) fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate a 12 años de prisión por violar a una menor de 15 años mientras era párroco de La Resurrección en la ciudad de Sonsonate en el año 2012, y a pagarle alrededor de 1.500 dólares como compensación.

Según la Fiscalía General de la República, Campos Alvarenga le escribía al teléfono de la menor para ganarse su confianza a través de “felicitaciones” por su trabajo en la comunidad. Posteriormente la manipuló psicológicamente para que no contara a nadie sobre la violación

   

Por su parte, la defensa de la víctima (cuya identidad se mantuvo en reserva) anunció que apelará la sentencia, ya que a su parecer el crimen merecía una pena mayor.

   

Esta es la tercera condena que se registra en El Salvador a un presbítero por delitos sexuales contra menores, de al menos nueve casos conocidos en los últimos 11 años.

  

En Julio de 2024, el presbítero laicizado Jesús Orlando Erazo Gálvez fuera condenado in abséntia por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque a 14 años de prisión por violar a una menor, en hechos ocurridos en el municipio San Cristóbal (dpto. Cuscatlán) en Diciembre de 2022. El caso fue dado a conocer por el arzobispón de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en Febrero de 2023, después que Erazo Gálvez se presentó ante el tribunal canónico y rindiera su declaración de los hechos. Desde entonces, no se conoce su paradero.

    

La otra condena fue en Marzo de 2019 al presbítero José Adonay Chicas Campos, párroco de Nuestra Señora del Plar de Zaragoza (municipio La Libertad Este). Él fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla (actualmente en La Libertad Sur) a 16 años de prisión por los delitos de remuneración por actos sexuales o eróticos y agresión sexual en menor e incapaz agravada, toda vez que agredió a una menor durante dos años y le daba $5 o hasta $20 para que no dijera nada. Chicas Campos, de 63 años fue laicizado el 7 de Julio de ese año.

   

2.º ESPAÑA: JESUITAS RECONOCEN “COMPORTAMIENTOS NO ADECUADOS” POR UN PRESBÍTERO.

    

La Comunidad de Grupos Católicos Loyola, una comunidad vinculada a los jesuitas en el barrio madrileño de Salamanca, recibieron una carta del superior provincial de España Enrique Puiggròs Llavinés SJ en la cual se reconoce que el presbítero Jaime Moreno Rexach, quien había trabajado en dicha comunidad, fue denunciado por abuso mientras ejercía allí.

   

La Comunidad de Grupos Católicos Loyola nació en Noviembre de 1949 cuando el padre Eduardo Granda y Granda SJ dirigió un retiro de estudiantes del Instituto Ramiro de Maestu de Madrid. Tres años después, inició la rama femenina con las alumnas de San José de Cluny y Nuestra Señora de Loreto, además de las amigas, hermanas y novias de los del grupo fundador. En 1958 fueron erigidos como la Congregación “Nuestra Señora de la Anunciación y San Luis Gonzaga” en la Casa Profesa, y al año siguiente, se mudaron a un nuevo piso al que denominaron “Círculo Castiglione” por la patria de San Luis Gonzaga (y de ahí “El Círculo”, otra denominación para el movimiento). Finalmente, en 1880 se crearon grupos de catequesis, que conformaron la Comunidad de Grupos Loyola, que fue reconocida por el Arzobispado de Madrid en 1996 y por el Ministerio de Justicia al año siguiente. 

   

De entre “El Grupo” nació la vocación presbiteral de Moreno Reixach, que ingresó a la Compañía en 1969. En el año 1987 asumió la dirección espiritual al morir el padre Granda, y por tal rol había tenido contacto regular con niños, jóvenes y adultos, acompañándolos en retiros y actividades espirituales.

  

La carta, conocida por EL DIARIO, dice que, en el año 2015, se recibieron dos denuncias contra Moreno Rexach por «comportamientos inadecuados» no especificados durante su tiempo como guía espiritual del grupo hasta el año 2009, con sede en el barrio de Salamanca. Posteriormente se presentaron otros cuatro testimonios. 

  

La Provincia de España de la Compañía (surgida en 2014 por la fusión de las provincias jesuíticas de Aragón, Bética, Castilla, Loyola y Tarraconense) señaló que el término el término «abusos» abarca conductas muy diversas, y en este caso se trataba de comportamientos inapropiados en el ámbito del acompañamiento espiritual, sin entrar en detalles ni valorar los otros cinco testimonios.

   

La investigación realizada en 2015, acabó con una restricción a Moreno Rexach (a la sazón director del Servicio Jesuita para los Refugiados y representante del Patronato de la Fundación Hogar San José) de cinco años, que incluía la prohibición de ejercer actividades pastorales con menores o participar en actividades de los Grupos Loyola. Nada más, ni se tomaron medidas frente a las denuncias relacionadas con adultos. Tampoco se sabe de su paradero desde entonces.

   

Aun así, Puiggròs Llavinés (quien asumió como provincial en el año 2023), dijo que a pesar de los actos de Moreno Rexach, no se podía negar su entrega y servicio presbiterial:

«Aunque ahora duela esta revelación y la sombra que representa, no anula mucho de lo que en la vida de Jaime también ha sido entrega, servicio y el deseo de acertar al compartir el evangelio. Como provincial actual de Jaime, en nombre de la Compañía de Jesús os pido perdón, como ya en su momento hicimos con las víctimas»,

especialmente porque desde el comienzo de la investigación interna, mostró «una firme voluntad de revisar sus conductas del pasado y sus raíces profundas».

“El Grupo” removió el nombre de Moreno Rexach de su sitio web, remplazándolo con un simple “J. M.”.

3.º ARGENTINA: VATICANO REHABILITA A PRESBÍTERO LAICIZADO EN DOBLE INSTANCIA, DESAUTORIZANDO A OBISPÓN DE RÍO CUARTO.

   

El presbítero Ariel Alberto Príncipi, oriundo de Laboulaye (Argentina) y perteneciente a la diócesis de la Villa de la Concepción del Río Cuarto, había sido sentenciado en segunda instancia el 8 de Abril de 2024 por el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires a la expulsión del estado presbiteral por varias denuncias de abuso de menores cuando era párroco de Nuestra Señora de Itatí en La Carlota en el contexto de unas supuestas “oraciones de sanación”, ratificando una sentencia del ídem de Córdoba con fecha 2 de Junio de 2023.

   

Pero sucedió que Príncipi presentó un recurso extraordinario ante el Vaticano, el cual inició un proceso el 5 de Julio, que concluyó el 20 de Septiembre casando la sentencia, informó Infovaticana.

   

De acuerdo con un comunicado firmado por el Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, Édgar Franklin Peña Parra, Príncipi estará bajo la especial vigilancia de un obispón ordinario, y no podrá tener contacto con menores, ni ejercer ministerio pastoral en la Renovación Carismática ni mucho menos ejercer como párroco o capellán. Solo podrá celebrar o concelebrar en privado.

    

El obispón de Río Cuarto, Adolfo Armando Uriona F.D.P. (el cual en Febrero de 2006, cuando fue obispón de Añatuya, fue acusado por una joven de haberla puesto la mano en su pierna mientras viajaba de San Juan a Mar del Plata, y sobreseído en Mayo de 2009) se limitó a publicar el comunicado del Vaticano el día 23 en el sitio web de la Agencia Informativa Católica Argentina. Ello a pesar que el día anterior dijo; «La expulsión fue dispuesta por dos tribunales. Sólo estamos esperando la notificación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que tiene que venir desde el Vaticano».

    

4.º COLOMBIA: LAICIZADO PRESBÍTERO ACUSADO DE ABUSO (AUNQUE SU DIÓCESIS HA ENCUBIERTO A OTROS MÁS).

   

El presbítero colombiano Jaime Vargas Ruiz, de 53 años de edad, fue reducido al estado seglar por la diócesis de Socorro y San Gil (Santander) tras ser investigado por presuntamente abusar de un menor de 16 años en el año 2007.

    

La decisión se tomó el pasado 16 de Julio por el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Bogotá después de concluir un proceso interno de cuatro años en donde «Se establece como pena la expulsión del estado clerical del sacerdote Jaime Vargas Ruiz al haber sido encontrado culpable de delíctum contra sextum cum minóre». Además, el tribunal ordenó que la diócesis debía pedirle perdón a la víctima y «Ofrecer acogida, escucha y acompañamiento, así como la disponibilidad para atender los requerimientos necesarios para adelantar un proceso de sanación espiritual y/o psicológica».

   

Según contó el denunciante al portal El Frente, los hechos ocurrieron en una finca propiedad de Vargas Ruiz en Chitaraque (Boyacá), mientras él estaba asignado a la parroquia San Judas Tadeo en Bogotá. La víctima rompió su silencio, presentando la denuncia ante la Fiscalía y el obispón de Socorro y San Gil Luis Augusto Campos Flores en el año 2020.

   

De acuerdo a la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos, Vargas Ruiz (instalado presbítero el 28 de Noviembre de 2001), era una persona poderosa en la diócesis: Había sido ecónomo [= tesorero], canciller diocesano [= notario] y presidente del Tribunal eclesiástico en la diócesis de Socorro y San Gil. Llegó en 2019 al santuario de María Auxiliadora en San Gil (Santander), donde se hizo famoso por sus “misas de sanación”.

La diócesis comunicó que la expulsión es una medida definitiva, en línea con las políticas de «tolerancia cero» ante este tipo de delitos. Pero resulta que hasta ese momento, el obispón Luis Augusto Campos Flórez había ignorado al sobreviviente, quien tuvo que interponer derechos de petición y acciones de tutela [= recurso de amparo] para acceder al expediente.

   

Vargas Ruiz además se enfrenta desde el año 2023 a un juicio seglar ante el Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá (Boyacá) por el delito de acto sexual violento. De ser hallado culpable, recibiría una pena de hasta 9 años de prisión.

Al parecer, Vargas Ruiz no es el único presbítero que duró encubierto en la diócesis, puesto que Casa Macondo supo de otros cinco más:

1. Roberto Asdrúbal Arenas Díaz (instalado el 26 de Noviembre de 1997): había sido denunciado en 2017 por abuso ante la Fiscalía seccional en San Gil. Actualmente es el vicario parroquial de la catedral de San Gil.
2. Sady Ferney Cárdenas Niño: había sido investigado en 2011 por el hoy cardenal Luis José Rueda Aparicio, quien archivó el caso antes de irse como obispón de Montelíbano en el departamento de Córdoba (aunque igual fue expulsado en 2017 supuestamente «por causal distinta al abuso de menores»). 
3. Jaime Bueno Quintero (instalado el 12 de Diciembre de 1988): había sido denunciado por abusar de una niña cuando era párroco del corregimiento de Cite en Barbosa. Actualmente es capellán del batallón Galán del Ejército en Socorro, por tanto está bajo la protección del Obispado Castrense.
4. Carlos Alberto Reyes Alfonso: De la diócesis de Barrancabermeja, fue denunciado en 2020 ante la Fiscalía y la Diócesis de Socorro y San Gil por actos sexuales abusivos. Según su ordinario Ovidio Giraldo Velásquez, está suspendido.
5. Jesús Expedito Suárez Pardo: Fue suspendido en 2019 por la archidiócesis de Galveston-Houston (donde se hallaba incardinado desde 1994) al conocerse una denuncia de abuso a una menor en 1980, que resultó embarazada de una niña. Poco después, emergió otro caso de 1988, en donde además le exigió a la víctima abortar cuando supo que esta esperaba un hijo de él.

5.º BÉLGICA: POR HOMENAJEAR A SACERDOTE-PRESBÍTERO VIOLADOR, OBISPÓN NO PODRÁ CONCELEBRAR CON BERGOGLIO EN BRUSELAS.

   

Patrick Hoogmartens (izquierda), obispón de Hasselt (Bélgica), debía concelebrar con Francisco Bergoglio el servicio de clausura (con la “beatificación” de la Venerable Sor Ana de Jesús –en el siglo Ana de Lobera y Torres– OCD) de su viaje a Bélgica el 29 de Septiembre en el estadio Rey Balduino de Bruselas. O al menos eso hasta que dio a conocer el 24 de Septiembre que no participará en ello.

   

La causa, según la prensa belga, es por dedicarle un mensaje laudatorio al sacerdote-presbítero Paul Schollaert, fallecido en Lovaina el 12 de Septiembre a la edad de 83 años. Schollaert, compositor de renombre en Bélgica y contribuyente a “Zingt Jubilate” (el himnario oficial de la Iglesia Conciliar de Flandes), de textos e himnos para el septenario de la Virgen “Vara de Jesé” en Hasselt, y del canto “Geen dolers, maar pelgrims” (No vagabundos, sino peregrinos) con motivo del cincuentenario de la diócesis de Hasselt en el año 2017.

    

Sucedió que, ante el homenaje hecho por Hoogmartens, un sobreviviente de abuso le recordó que Schollaert había sido mencionado en el informe de la Comisión Halsberghe (precursora de la Comisión  Adriaenssens) como acusado de abuso sexual en los años 70. Presuntamente, los hechos ocurrieron en el año 1972 en el Instituto Lovaina Lemmens (actual Escuela de Artes LUCA, campus de Lemmens), donde Schollaert fue director del coro y profesor. y el caso se cerró en 2002 con acuerdo entre las partes y compromiso de discreción. Su expediente fue hallado en el marco de la Operación Cáliz.

    

«Tras la muerte de un sacerdote, se ha difundido más ampliamente en nuestro sitio web un pasaje de mi carta de condolencia a la familia, en la que expresaba mi aprecio por el difunto. Entiendo que no fui lo suficientemente considerado y que herimos a una víctima de abuso. Lo siento mucho por eso. He pedido disculpas a la víctima y al señor Rik Devillé [presbítero y fundador del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Iglesia], quien me facilitó el número de teléfono de la víctima a tal efecto», dijo Hoogmartens a la Agencia de Noticias Belga.

   

Otra consecuencia imprevista de la revelación de los crímenes de Schollaert es que el coro que cantará en el servicio Novus Ordo no interpretará el “Magníficat” compuesto por él, a pesar de aparecer su nombre y el himno en los 40.000 folletos impresos para la ocasión.