El gobierno chino (o el Partido Comunista, que es lo mismo) impuso la entrega obligatoria por los presbíteros y religiosos conciliares de sus pasaportes, en una medida para hacer más estricto el control sobre ellos, informó Per Maríam.
La medida fue promulgada el pasado Diciembre por la Asociación Patriótica de Católicos Chinos y su rama episcopal la Conferencia de Obispos de la Iglesia Católica en China (ambos organismos controlados por el PCCh).
La normativa establece que los presbíteros y religiosos entreguen sus pasaportes y documentos de viaje (incluidos los relacionados a Hong Kong, Macao y Taiwán), bajo distintos procedimientos según el rango.
- Para viajar al exterior por “asignación oficial en el extranjero”, se deberá presentar una solicitud que incluya como anexo la documentación aprobatoria correspondiente. Si se otorga la autorización. se podrá recuperar temporalmente para gestionar el visado y los desplazamientos.
- Si el viaje es privado, los requisitos son aún mayores. La institución a la que pertenece el interesado (diócesis, institución o lugar de la actividad) debe presentar la solicitud con una antelación mínima de 30 días, detallando itinerario, propósito, duración y lista de participantes.
- Tras la aprobación, se deberá firmar un compromiso escrito para cumplir el plan autorizado para recoger el pasaporte, visado y viáticos, so pena de «asesoría o suspensión de privilegios de viaje tanto para el individuo como para la institución, según la gravedad de la violación de la norma».
En todo caso, deberán devolver el pasaporte en un plazo de siete días y, según el caso, «completar los formularios de reporte referidos y los cuestionarios subsiguientes, y confirmar su regreso a China».
Una declaración independiente, pero relacionada, emitida la semana pasada por la CCPA brindó mayor evidencia del control estatal sobre la religión en China. «Las actividades religiosas realizadas por la comunidad religiosa deben cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes».
El escrutinio sobre el control draconiano de China a las creencias y prácticas religiosas se ha aumentado después del Acuerdo secreto provisional Sino-vaticano de 2018, cuya última renovación se extiende hasta el 2028. Tanto como el silencio del Vaticano frente a las reiteradas violaciones al acuerdo por parte del gobierno de Pekín, y más ahora tras la reciente condena de 20 años de prisión impuesta al magnate y activista Jimmy Lai Chee-ying/Lí Zhìyīng (吉米 黎 智英) acusado de sedición bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.
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Jorge Rondón Santos (Editor colaborador)