Hoy 29 de Octubre, el tribunal de distrito de Tarnów/Tarnau (Polonia) declaró culpable de omisión de denuncia al obispón local Andrzej Jeż Wojtas, de 63 años, por no informar rápidamente las acusaciones de abuso sexual infantil que involucraban a dos presbíteros de su diócesis. Es la primera condena de un obispo católico en activo en Polonia por tal delito.
Luego de ocho meses de juicio, el tribunal condenó en primera instancia al obispón Jeż a diez meses de prisión suspendida durante tres años, junto con las accesorias de dos años de libertad restringida, requiriéndole entregar el 25% de su salario mensual a la Fundación Empoderamiento Infantil, que apoya a niños maltratados. También debe pagar 20.000 eslotis al Fondo de Asistencia a las Víctimas y Asistencia Postpenitenciaria.
El caso se refiere a las acusaciones contra dos presbíteros, Stanisław Piszczek y Tomasz Kordela. El primero estuvo implicado en el abuso de al menos 95 niños en Polonia y Ucrania entre 1987 y 2008. Las autoridades eclesiásticas habían investigado las acusaciones contra Piszczek en la década de 2000 y lo laicizaron en 2013.
En Julio de 2017, Polonia introdujo la obligación legal de denunciar con prontitud a la policía o a los fiscales información fidedigna sobre determinados delitos sexuales cometidos contra menores de 15 años, so pena de hasta tres años de prisión.
Sin embargo, la diócesis no informó a los fiscales sobre las acusaciones que involucran a Piszczek hasta Agosto de 2020, más de tres años después de que la ley de denuncia entrara en vigor y después de una entrevista al fallecido presbítero Tadeusz Bohdan Isakowicz-Zaleski en el semanario Niedziela (que fue bajada de internet pocas horas después de su publicación).
Las acusaciones que involucran a Kordela fueron reportadas en Diciembre de 2021. Y aunque había sido declarado culpable en el proceso canónico por la archidiócesis de Częstochowa, el presbítero (que ya venía con polémica por violar una prohibición de conducir producto de un accidente de tráfico ocurrido en 2023 y presentarse borracho a un funeral en la parroquia de Todos los Santos de Rzejowice) apeló la decisión en 2024 ante el Vaticano, que desestimó el recurso en 2025 y ratificó su destitución como párroco.
El fiscal Marcin Stępień argumentó que Jeż había poseído información creíble mucho antes. Los procedimientos penales relativos a los presuntos delitos cometidos contra 23 niños no pudieron proseguir porque había vencido el plazo de prescripción.
El obispón Jeż negó haber hecho algo malo, argumentando que informó de los casos una vez que se dispuso de información suficiente, particularmente con respecto a las edades de las víctimas. Su defensa sostuvo que la Iglesia había llevado a cabo sus propias investigaciones y que las acusaciones fueron eventualmente remitidas a las autoridades civiles.
El tribunal rechazó su defensa, enfatizando que determinar si las acusaciones justificaban una investigación penal era responsabilidad de las fuerzas del orden, no de las autoridades de la Iglesia.
La diócesis ha expresado su pesar por el sufrimiento de las víctimas de abusos, pero disputa las conclusiones de la corte. El veredicto aún no es definitivo. Según sus abogados, Jeż tiene la intención de apelar una vez conozcan la totalidad del fallo.
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