EL “ANTIRRACISMO” EMPEORA LA CRIMINALIDAD

Traducción del artículo publicado por Lorenza Formicola en LA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA.

LA PLAGA: NO SOLO EL ATAQUE CON KATANA, SINO TAMBIÉN LOS APUÑALAMIENTOS EN SERIE EN LONDRES

Un muerto y cuatro heridos graves: este es el balance del “ataque con espada” ocurrido ayer en Londres, donde los delitos con arma blanca han crecido exponencialmente en los últimos años. Y el llamado antirracismo empeora las cosas.

   

El joven de 14 años Daniel Anjorin murió, dos policías y dos ciudadanos se encuentran hospitalizados en estado grave, no corren peligro sus vidas, pero serán intervenidos quirúrgicamente. Es la triste evaluación, otra más, del último ataque con cuchillo en Londres.

Son poco más de las 7 de la mañana, y un hombre de treinta y cinco años, ligeramente barbudo, con sudadera amarilla y pantalón negro, deambula por la capital inglesa con «una espada samurái», un machete de al menos 50 centímetros, atacando a cualquiera que se acerque a su alcance.

En el momento de redactar este informe, no se ha dado a conocer la identidad del atacante [posteriormente fue identificado como Marcus Aurelio Arduini Monzo, de nacionalidad hispano-brasileña y residente de Newham, N. del T.] y, al parecer, no existe ningún vínculo directo con el terrorismo islámico. Sin embargo, como informa el Telegraph, los testigos afirman que el hombre amenazó a la policía gritando «¿crees en Dios?». Sadiq Khan, alcalde de Londres, dijo estar «absolutamente devastado» por el ataque. Rishi Sunak, el primer ministro, se hizo eco de esta afirmación y dijo que «esa violencia no tiene cabida en nuestras calles». La prensa inglesa se refiere a ello como el «ataque con espada».

Estamos en Hainault, al este de Londres, en una zona residencial, y de nuevo están una madre y un padre de luto por un hijo apenas un adolescente, un hombre inocente apuñalado en el país del rey Carlos. Sunak dijo que este ataque, junto con el aumento de los delitos con arma blanca en Londres, «destacaría la realidad de los laboristas en el poder». La declaración es en plena campaña electoral, ya que mañana [hoy], 2 de mayo, los londinenses votarán en las elecciones a la alcaldía.

El laborista Sadiq Khan, primer alcalde musulmán de una capital europea, que ya está en su segundo mandato y aspira a un tercero, responde por su parte que ha «heredado los recortes en la policía y en los servicios impuestos por el Gobierno». Khan dice la verdad. Pero todavía no está exento de responsabilidad.

Una investigación del Instituto de Estudios Fiscales (IFS) muestra que el cierre del 70% de las comisarías de policía de Londres, debido a las políticas de austeridad iniciadas en 2010, ha provocado un aumento del 11% de los asesinatos y agresiones en los barrios vecinos. El cierre de las comisarías redujo la «disuasión policial» y aumentó los niveles de violencia, según el informe.

En 2010, el Primer Ministro inglés era el conservador Cameron: desde entonces hasta Sunak, pasando por May, Johnson y Truss (todos gobiernos conservadores), nadie se ha molestado en remediar la crisis de agentes y de seguridad. Desde hace años, continúa la controversia entre Scotland Yard y el gobierno sobre la introducción de medidas más severas contra la policía, impuestas por la entonces Ministra del Interior, Theresa May: desde entonces, la policía ha tenido menos libertad para detener y registrar a los sospechosos.

   

La medida se introdujo en respuesta a solicitudes de movimientos antirracistas. De hecho, tras los famosos disturbios ocurridos en Inglaterra en 2011, se eliminó la práctica que los ingleses llaman StopWatch, es decir, la posibilidad de detener a presuntos autores sin demasiados elementos; y se comienza a trabajar contra la excesiva presencia de blancos entre las fuerzas policiales. Esto resultó en una disminución en las solicitudes para la policía, lo que coincidió con recortes gubernamentales en recursos para la Policía Metropolitana.

    

Los disturbios afectaron a varios distritos de Londres como Lambeth, Haringey, Enfield, Waltham Forest y Tottenham, devastándolos. La guerra urbana provocó 215 detenciones. Como en Estados Unidos, también en ese caso todo empezó con el asesinato de un hombre negro de veintinueve años a manos de la policía. Desde los suburbios de Londres, las revueltas se extendieron por todo el país, dirigidas por grupos de «derechos civiles», capaces de influir en las decisiones del gobierno. Puede que sea una coincidencia, pero es desde entonces que los delitos relacionados con los apuñalamientos han empezado a crecer exponencialmente.

    

Una de las primeras cosas que hace un estadístico es ver si un cambio de comportamiento es una coincidencia o si existe un vínculo causal. Desde 2016, el 70% de las comisarías han sufrido recortes debido a las políticas de austeridad. Según datos publicados la semana pasada por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), los delitos con cuchillo han aumentado en Londres un 22% en sólo un año.

   

En 2023 se produjeron 14.626 apuñalamientos, la cifra más alta de los últimos ocho años. Eso significa 40 ataques con cuchillo al día. Y si nos fijamos en los datos de 2016, justo antes de que Sadiq Khan fuera elegido alcalde, los delitos con cuchillo aumentaron un 54%. Casi dos tercios de los londinenses creen que el crimen y la seguridad pública en la capital están empeorando, y la mitad de los adolescentes en Inglaterra dicen haber presenciado o experimentado violencia: el crimen es una realidad cotidiana para los jóvenes. En Londres es común ver a adolescentes armados con cuchillos mientras sus piernas y barrios enteros son vistos como zonas de guerra. Como es igualmente normal caminar por las calles, no sólo en los suburbios, para ver “altares” con flores y fotografías dedicadas a vidas trágicamente truncadas por un apuñalamiento.

    

En 2017, el alcalde Khan pensó en una estrategia: publicar London Knife Crime, un dossier de 80 páginas para denunciar el problema y también dar consejos a las tiendas de cuchillos de Londres para reducir el riesgo de “ventas accidentales” (como lo eran las de terroristas). y se bautizaron compradores criminales). En 2019, el Ministerio del Interior asignó 460.000 libras esterlinas a seis empresas británicas para desarrollar nuevas tecnologías útiles para identificar personas que portan cuchillos en lugares concurridos. También en 2019 se consideró instalar un detector de metales en el West End de Londres. La policía fue enviada al centro de una acera para invitar a los transeúntes a inspeccionar. Sin embargo, ya han pasado cinco años desde que, por iniciativa del gobierno, se introdujeron en las escuelas programas de primeros auxilios para las víctimas de apuñalamiento.

    

Sadiq Khan, por su parte, ha preferido dedicar enormes recursos a la lucha contra el racismo en línea y 34 millones de libras a proyectos medioambientales: un uso del dinero discutido porque, se quejan en la ciudad, podría haberse utilizado para aumentar el número de agentes. El alcalde de la capital también consiguió que se instalen detectores de metales en los colegios para detectar la posesión de cuchillos, pero no se sabe cuántos han sido encontrados e incautados, así como no existe una estadística oficial sobre las víctimas declaradas del terrorismo islámico. El gobierno impone que todos estos datos no se hagan públicos porque son susceptibles de “racismo”.

    

Si Londres ha superado a Nueva York en número de asesinatos mensuales, ciertamente no es sólo culpa del alcalde laborista. En 2012, la Policía Metropolitana lanzó Gangs Matrix, una base de datos útil para perfilar a los miembros de pandillas de Londres con el fin de identificar, evaluar y prevenir incidentes, así como mapear las armas en la ciudad. En octubre de 2022 se cerró porque se consideró un “sistema racista”: las estadísticas anuales revelan periódicamente que el 72% de las personas identificadas en Gangs Matrix como «responsables de la violencia denunciada por las pandillas» son personas de color, inmigrantes y musulmanes: discriminatorios datos para el gobierno y las asociaciones que presionaron para el cierre del sistema de seguimiento. Desde febrero pasado se ha introducido un sistema similar, pero radicalmente modificado: los datos sólo pueden conservarse durante tres meses. De esta manera será menos racista.