El diputado de la Asamblea Nacional de Québec por el distrito de Chambly y ministro de las carteras de Inmigración, Francización e Integración, Lengua Francesa, y responsable para el Secularismo en la mencionada provincia Jean-François Roberge (abajo) presentó el Proyecto de Ley 9, que busca reforzar la Ley 21 de 2019 sobre la Laicidad del Estado.
El proyecto, presentado por la gobernante Coalición por el Futuro de Québec (CAQ) en reacción a la “provocación” que para ellos representan las escenas de oración islámica frente a la catedral de Montréal (y con la que han concluido distintas manifestaciones pro-Palestina), pretende, entre otras cosas, prohibir a los trabajadores, estudiantes e incluso visitantes en escuelas, guarderías y universidades, aunque sean privadas, llevar símbolos religiosos, sumándose así a la prohibición existente para los empleados públicos como docentes, jueces y agentes de policía.
Asimismo, se prohibirá la oración congregacional en lugares públicos. Se permitirá la oración privada, pero los permisos se darán analizando cada caso, siempre que se respete la Carta de libertades de Québec (que la misma Ley 21 no respeta, como reconoció el Tribunal Supremo de Québec). Las multas a los individuos llegarán a 375 dólares canadienses (273,80 dólares estadounidenses; 232,33 euros), y hasta 1,125 dólares canadienses (821,41 dólares estadounidenses; 698,20 euros) para los grupos.
Semanas antes, Roberge dijo respecto a las escuelas y jardines infantiles en la provincia de Québec cuando presentó el proyecto de ley: «Podemos desearle a alguien “Feliz Navidad”. Podemos cantar canciones navideñas. Esto no es más que tradición. Pero no debemos hacer referencia al nacimiento del Niño Jesús… Cuando le deseamos a alguien una “Feliz Navidad”, podemos pensar en Santa Claus y sus elfos, pero nada católico». Cuando un periodista le preguntó: «Entonces, ¿un árbol de Navidad sí pero un belén no?», él respondió: «Pienso que esa es una buena ilustración».
El proyecto corre paralelo al Proyecto de Ley C-9 del Parlamento canadiense (actualmente estancado porque la oficina del ministro de Justicia y Fiscal general Seán Fraser negoció con el Bloque Quebequés sin la aprobación de la oficina del Primer ministro), que busca eliminar el requisito del consentimiento del fiscal general antes de procesar delitos de propaganda de odio, crear un nuevo delito de “promoción intencional del odio” a través de la exhibición pública de ciertos símbolos e introducir un delito de odio independiente basado en la motivación, eliminando la causal de defensa religiosa de buena fe presente en el artículo 319 numeral 3 literal “b” del Código Penal de 1985.
Aparte de las críticas por grupos de derechos civiles que califican el proyecto de “oportunismo político” para distraer de la escasez de vivienda y los problemas de atención sanitaria, grupos católicos y musulmanes lo acusan de proscribir el discurso religioso como quiera que la referencia a la Biblia y otros libros religiosos podría ser etiquetada como “discurso de odio”, pero respaldado por grupos judíos como el Centro para Israel y Asuntos Judíos.
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Jorge Rondón Santos (Editor colaborador)