COBO HACIENDO LO MISMO POR LO QUE SACÓ A OSORO

Noticia tomada de INFOVATICANA.

  

COBO, RESPONSABLE DIRECTO DEL ESCÁNDALO DE FUSARA

   

Según reveló El País en un extenso reportaje publicado el 1 de septiembre de 2025, la Archidiócesis de Madrid ha dado luz verde a la venta de 13 edificios propiedad de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara). Se trata de inmuebles donados bajo la condición de destinarse a fines benéficos, y cuyo valor real, estimado por los vecinos, asciende a unos 250 millones de euros. Sin embargo, la operación se ha cerrado por apenas 99 millones de euros, en beneficio de sociedades vinculadas a personas imputadas por estafa y corrupción.

   

Una venta bajo sospecha

La historia no es nueva. Ya en 2019, la fundación intentó vender las 14 fincas —incluyendo la sede de la propia entidad en la calle Barquillo— por solo 65 millones a la sociedad Tapiamar, compuesta por 14 mercantiles creadas de forma exprés (entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019) con un capital mínimo (3.010 euros cada una) y controladas por el empresario Roberto de Juan González. La operación quedó entonces paralizada por irregularidades denunciadas en los tribunales, después de que los vecinos comenzaran a recibir cartas de desahucio.

Seis años después, la archidiócesis presidida por el cardenal José Cobo ha retomado la venta en términos apenas distintos: un precio ligeramente superior, un edificio menos, pero los mismos compradores imputados. Peor aún, el nuevo acuerdo incluye la renuncia “libre y expresa” de la Iglesia a cualquier acción penal o civil contra ellos, trasladando la decisión final al Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.

Un patronato desequilibrado

Otro aspecto denunciado por los vecinos es la composición del patronato. La propia fundadora (doña Carlota de Santamarca y Donato, condesa de Santamarca y duquesa consorte de Nájera) estableció que debía mantenerse un equilibrio entre representantes eclesiásticos y laicos. Sin embargo, tras la renuncia de los miembros designados por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en medio de la primera polémica, la decisión ha quedado en manos exclusivas de tres clérigos: el arzobispo Cobo, el sacerdote Pedro Pablo Dones Sabrido, párroco de Asunción de Nuestra Señora y José Andrés Silva Martín, párroco de San Juan de Ribera.

Para la abogada y vecina afectada Mónica Sevil, se trata de un patronato inválido que ha actuado sin legitimidad, poniendo en riesgo a unas 200 familias que temen ser expulsadas de sus casas para convertir los edificios en viviendas de lujo o turísticas.

De Osoro a Cobo: la misma trama con menos escrúpulos

Los afectados recuerdan que el cardenal Carlos Osoro ya había avalado la operación inicial en 2019, antes de que quedara frustrada en los tribunales. Fue entonces cuando su sucesor, José Cobo, utilizó precisamente este caso para “apuñalar” a Osoro: se presentó en Roma, trasladó el escándalo directamente al Papa y lo convirtió en un argumento clave para acelerar su relevo en la sede madrileña.

   

Hoy, ironía amarga del destino, Cobo no solo continúa con la misma operación que sirvió de excusa para apartar a su antecesor, sino que lo hace con menos reparos: mantiene al mismo comprador imputado, renuncia a cualquier acción legal contra él y coloca a la Iglesia en el centro de un negocio que los propios vecinos califican de “fraudulento”.

Silencio oficial

Preguntado por El País, el Arzobispado ha rehusado hacer declaraciones y ha remitido a la propia fundación —dirigida por ellos mismos—, en un ejercicio de opacidad que solo alimenta la indignación vecinal. Los afectados anuncian que no se rendirán: acudirán a los ministerios competentes y, además, enviarán una carta al nuevo Papa solicitando una reunión.